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México, D.F. a 25 de abril del 2002. LXXX
ASAMBLEA NACINAL ORDINARIA DE LA COPARMEX
En primer lugar y resulta hasta cierto punto curioso, se ha operado una inversión teórica de los conceptos democracia y desarrollo. Durante muchos años e incluso décadas; los años cincuenta, sesenta y hasta en los setentas, la academia formuló una hipótesis que sostenía que el desarrollo económico mas desarrollo social generarían casi de manera mecánica el desarrollo político, es decir, la democracia. Y esta tesis no solamente se quedó en las aulas universitarias, sino que tuvo efectos prácticos concretos; los organismos internacionales se encargaron de promover políticas desde Estados Unidos y en América Latina para referirnos a este contexto la CEPAL, por ejemplo, adoptaron esta concepción. De tal manera que muchos países de la región asumieron que generando desarrollo económico, industrialización, políticas económicas y nuevos acuerdos sociales acompañados de mejores condiciones de desarrollo social se avanzaría invariablemente al desarrollo político. La segunda parte de este argumento sostenía que solamente donde había desarrollo político, es decir, democracia, se podían mantener niveles adecuados de desarrollo económico y desarrollo social. La realidad demostró que esta fórmula que se planteó desde la academia, que se conoció como desarrollismo, fracasó en los hechos. En los países de América Latina donde se implementó el desarrollo económico y el desarrollo social con las estrategias definidas como recetas, se generaron en los años setenta y ochenta, golpes de estado. Es decir no hubo desarrollo político sino dictaduras, trajo inestabilidad, generó una suerte de incapacidad de las instituciones de responder a las demandas crecientes, producto del propio desarrollo económico. Ese periodo autoritario pasó y fue secundado por procesos de transición en la región que dieron paso a las jóvenes democracias con muchas aspiraciones, pero, sobre todo, que en la mayoría de los casos marcaron un parteaguas con su pasado autoritario; muy importante en el terreno simbólico para avanzar pese a los muchos desafíos que el desarrollo económico imponía en términos de gobernabilidad, de estabilidad, de equilibrios, de acuerdos entre los distintos actores políticos, económico y sociales. Ahora, después de las transiciones a la democracia en América Latina y una vez instaurado en la región este ordenamiento político, otras son las dudas y las inquietudes. Una evidencia, una constatación parece inobjetable: las democracias en América Latina no han podido consolidarse. Vistas evidentemente con respecto a las transiciones europeas como la española, los déficits de la transición en nuestras democracias, en nuestros ordenamientos constitucionales y jurídicos, en el conjunto de prácticas que aseguren precisamente un funcionamiento adecuado y que satisfagan a la mayoría de los actores, se han visto sensiblemente mermados con serios riesgos, como lo hemos visto recientemente, a la estabilidad política y como lo hemos visto en casos como Argentina y Venezuela. Hoy entonces se ha introducido en este contexto para América Latina una expresión, un concepto que puede de alguna manera expresar las inquietudes que esta inestabilidad sugiere para la región. Es el concepto de democracia sustentada y la fórmula que antes señalé se ha invertido. Hoy se dice que desarrollo económico y desarrollo social no aseguran una democracia sustentable pero también se afirma que ninguna democracia puede ser sustentable si no asegura condiciones mínimas de desarrollo económico y desarrollo social. De ahí que el tema "De la democracia al desarrollo" planteado en estos términos es crucial. Algunas democracias recientemente instauradas supieron enfrentar esta situación y aquí es donde comenzaría planteando, precisamente, los enormes desafíos y algunas primeras tesis sobre este tema, que marcaría una diferencia respecto de lo que ocurrió en España y que con más realismo que optimismo nos revela que el proceso de consolidación de la democracia todavía esta distante en el tiempo porque habría que empezar a definir claramente el momento en que nos encontramos para de ahí vislumbrar una democracia sustentable. Empezaré con dos argumentos que me parecen fundamentales y que marcan una diferencia respecto de un modelo de transición exitoso, como fue el de España, y que muchos de estos elementos explican por qué en nuestro país podemos afirmar con toda seguridad que la transición ha terminado y que estamos en un régimen democrático y que sin embargo, una enorme incertidumbre se ha apoderado de los actores políticos, una sensación de inestabilidad, de ingobernabilidad y que pueden aparecer en cualquier momento signos de riesgo que pongan en peligro las instituciones políticas. Lo primero que hay que decir es que la transición en México ya terminó pese a que en el discurso de muchos analistas políticos y de muchos observadores pareciera que la transición no ha terminado porque hay muchas cosas incompletas. Pero por la vía de los hechos y apelando exclusivamente a los procesos y a su valor tendríamos que reconocer que la transición terminó. Estamos en una etapa distinta, la alternancia marcó el fin de la transición. Esto es importante porque si no somos capaces de hacer este deslinde tampoco podremos reconocer los desafíos que hoy se presentan, que ya no son los de la etapa de la transición. Son retos que los actores políticos tienen que empezar a entender para entender a su vez el nuevo rol que les toca desempeñar en esta etapa post-transicionaria que vive nuestro país. Tampoco es una etapa de consolidar la democracia, esto es todavía una etapa ulterior que depende precisamente de satisfacer en buena medida las expectativas que esta etapa, que ahora mencionaré, involucra. Estamos pues, a partir del 2 de Julio del 2000, en una etapa distinta que tiene su propia lógica, su propio desafío, es una etapa de instauración democrática y no de transición. La alternancia política marcó el fin de la transición, cambió de raíz las estructuras fundamentales con las cuales prevaleció un ordenamiento político institucional pero ahora se trata instaurar la democracia. Nuestra transición, respecto de otras transiciones como la española, tiene una especificidad que marca en buena medida la magnitud de los desafíos. En México, por la propia lógica de apertura de nuestro régimen político, de 25 años reformando la ley electoral a cuentagotas con avances y retrocesos, la alternancia llegó y se generó una lógica de competencia en la arena electoral que termino vulnerando lo que se trataba de preservar, que era el viejo régimen. Y precisamente llegó la alternancia sin el pacto político. El pacto político en México está todavía por hacerse. Aquí hay una distinción muy clara respecto de la mayoría, sino es que de todas las transiciones importantes tanto de Europa, como de Europa del Este, como de América Latina y de otras latitudes. En México se llegó a la alternancia política sin el pacto. ¿Cuáles son las exigencias que impone la etapa que he definido como instauración democrática? Básicamente podríamos reconocer dos grandes momentos interrelacionados. Primero, que en el caso de México, a diferencia de otras transiciones, no ha sido tan clara. La teoría le llama a esta primera exigencia, la destitución autoritaria. Es decir un parteaguas con el pasado autoritario. En otras transiciones, desde dictaduras militares, evidentemente este paso era mucho más claro y nítido, mucho más evidente. En el caso de México lo viejo y lo nuevo se confunden. Los viejos actores siguen siendo actores presentes que ocupan enormes prerrogativas y espacios políticos. La transición finalmente se logró con la estructura normativa en materia electoral con que contábamos y en ese sentido marca una continuidad. Este proceso de deslegitimación de lo viejo no ha ocurrido como tal y por eso suele confundirse lo viejo y lo nuevo y muchos de los actores tampoco han terminado por deslindarse de la manera de hacer política en el pasado, que ya no corresponde ni por asomo a la nueva lógica que imponen las prácticas democráticas. El segundo tema es mucho más complejo porque representa un desafío y tiene que ver con el gran acuerdo político. El pacto político al que me refiero es el que dé lugar al rediseño institucional y normativo de nuestro país. No ha habido transición a la democracia exitosa en el mundo y aquí el modelo español es ejemplar, que no haya pasado por una revisión integral y profunda de su normatividad y en la mayoría de los casos, que no haya pasado por una Reforma Constitucional profunda y definitiva. En México ustedes saben que este es un tema polémico, que todavía se piensa en algunos sectores que no es necesario profundizar en este aspecto pero también hay muchos otros sectores que sostienen que mientras no exista la certidumbre institucional que ofrezca una reforma profunda a la Constitución, que se adecue el conjunto de leyes y ordenamientos y que se defina un Estado de Derecho, no se podrán consolidar e institucionalizar prácticas y formas de relación claramente democráticas.
Los desafíos en este terreno son muy fuertes. En España, para citar este caso y contrastarlo con México, el tema de la Reforma Constitucional y normativa se logró en un tiempo más bien breve e involucró a todos los sectores políticos con buena voluntad política para anteponer intereses particulares a la gran tarea de la construcción del entramado institucional y normativo. Evidentemente hubo factores muy interesantes como la integración a la Comunidad Económica Europea, entre otros muchos factores, que propiciaron y alentaron este acuerdo, que fue antes de las primeras elecciones libres y correctas en España y que definieron el rumbo definitivo de la democracia española. En el caso de México habría que subrayar que lamentablemente esta voluntad de negociación, de anteponer intereses particulares a los intereses de la construcción de un ordenamiento político y un Estado de Derecho no ha prosperado. Tenemos una liberalización sin democratización en el sentido de que ha habido una apertura que consolido la alternancia pero sin el pacto político y me temo que el pacto político no es el acuerdo que recientemente ha firmado el sector empresarial en México y que ha promovido el gobierno. No es el pacto que dé lugar a una reforma institucional y normativa profunda a nuestro país. Y en este aspecto tenemos que subrayar que muchos de nuestros actores económicos, políticos y sociales no han estado a la altura de los cambios políticos que ha experimentado nuestro país. No han terminado de entender el nuevo rol que supone la convivencia democrática y la corresponsabilidad que implica la instauración de la democracia en nuestro país como condición para avanzar hacia una democracia sustentable. Las referencias aquí podrían ser muchas, tendré que ser sintético casi telegráfico. Si miramos hacia los partidos políticos, inmediatamente nos damos cuenta que han adoptado una actitud de mirar hacia el pasado en lugar de mirar hacia el futuro, es una actitud de incapacidad de reconocerse en una lógica distinta; han antepuesto intereses particulares y mezquinos; han afirmado su identidad en el pasado y no en un horizonte democrático. Es el caso del PRI en su reciente elección, es el caso del PRD, que aun no ha podido superar sus propias inercias. Si bien el gobierno federal ha intentado de muchas maneras definir un cambio y crear un modelo político que asegure un avance decisivo a la democracia para el país, evidentemente ha tenido una serie de deficiencias que podrían ser imputables a la ausencia de entendimiento acerca de su papel en una nueva lógica democrática. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de abrirse a la negociación, a la operatividad política con los distintos actores. Muchas veces parece que el gobierno ha adoptado una actitud autista, que solamente se escucha a sí mismo y que es incapaz de tender puentes de interlocución con todos los actores, que es lo que finalmente supone la democracia. Tendríamos que mencionar obviamente al Congreso, y aquí aunque es alentador que ayer se haya aprobado por primera vez y por consenso, una reforma muy importante sobre la transparencia de la información que genera el gobierno, me parece sin embargo que la actividad del Congreso con respecto a la enorme tarea que significa rediseñar el entramado institucional y normativo de nuestro país ha sido francamente deficitaria. Tendríamos que mencionar también, aunque sea someramente a otros actores. El sector empresarial ciertamente no es homogéneo, habría que reconocer diferencias entre los distintos componentes del empresariado en México, así como reconocer que en muchos de estos actores económicos, que tienen un evidente impacto en las decisiones políticas, no han terminado de entender la nueva lógica que supone la democracia. Muchos actores empresariales siguen actuando como grupos de presión para obtener respuesta a una serie de demandas inmediatas, cuando hoy las nuevas condiciones políticas del país suponen permanentemente un ejercicio de cabildeo y de corresponsabilidad con el Ejecutivo y de búsqueda de acuerdos con los sectores y con los partidos en el Congreso. Estrategias de Lobby vienen a sustituir en buena medida las estrategias cupulares y corporativas que antes no pasaban por el Congreso, ni por los partidos políticos porque no había necesidad de ello. Ahora el sector empresarial tiene que mirar hacia el Congreso como una instancia decisiva para negociar y acordar. Hoy hay un conjunto de iniciativas que atañen directamente al desarrollo, a las expectativas y a los requerimientos del sector empresarial y es ahí donde quizá la estrategia deberá ser distinta, para promoverlas en las instancias respectivas. Así las cosas, me parece que la magnitud de los desafíos es enorme pero uno de ellos muy importante es que los distintos actores empiecen a entender y asumir, en este momento en específico que es el momento de llegar a los acuerdos para acercarnos a una democracia sustentable, que la democracia, si bien es cierto que reconoce las diferencias de pensamiento y de acción, supone una corresponsabilidad de los distintos actores. Muchas gracias. |