Por los licenciados Arturo Pérez Arredondo y Arturo González de Araujo.
Becerril, Coca & Becerril, S.C.
Integrantes de la Comisión de Propiedad Intelectual ICC México

¿Que es la piratería? En principio podríamos pensar que es correcto mencionar que de manera “equivocada” se utiliza el vocablo “piratería” en el Derecho Autoral Internacional para indicar el uso no autorizado por su titular, de ciertas obras protegidas por el derecho de autor; situación que también se presenta en el ámbito del Derecho de Propiedad Industrial, cada día en forma mas preocupante cuando vemos productos e incluso servicios elaborados y prestados por personas o grupos que no son sus legítimos titulares.

En época de Cicerón se afirmaba que el pirata era un communis hostis ominium, es decir, enemigo común de todos, por lo que parece acertado aseverar que en el siglo XXI se le denomine así a la producción, compra y venta de productos apócrifos, donde los productos que se comercializan provienen del contrabando, son robados o imitados, pues este tipo de actividades son precisamente las causantes de una gran perdida de empleos, desaceleración económica y problemas de salud que afectan incluso vidas humanas.

Aparentemente, todos conocemos la gran problemática que representa el crecimiento sin control de la piratería. Sin embargo, no debemos pensar que sólo hablamos de discos compactos (CD’S y DVD’S), sino también de productos farmacéuticos, juguetes, software, artículos de lujo, refacciones para aviones y automóviles y productos de consumo humano, lo cual no solo trae consigo la violación a los derechos de Propiedad Industrial, sino que también pone en riesgo a la población al permitir que ésta tenga acceso cotidianamente a productos pirata a un “mejor precio”, pero de dudosa calidad y sin ninguna garantía de servicio.

Todo esto hace que la problemática se extienda no solo al ámbito puramente jurídico, sino que afecte otras esferas de la sociedad, haciendo más compleja la búsqueda de una estrategia que ataque en forma efectiva al problema, por lo que es necesario promover en forma coordinada entre todos los niveles de gobierno y la iniciativa privada, un esquema que busque soluciones eficaces.

Dicha problemática no debe ser tomada como un reto menor, sobre todo cuando de acuerdo con Hernando de Soto, economista destacado de América Latina, quien participó recientemente con el Gobierno Federal en un diagnostico sobre la informalidad en México, concluye que más del 80% de la población mexicana opera bajo alguna circunstancia extralegal, lo que nos deja claro que la Piratería es un serio problema y con un enorme campo de acción.[1]

Tan es así que Vicente Yáñez, Presidente Ejecutivo de la ANTAD, indicó que “la economía ilegal es un fenómeno en el que cada vez participa más gente y, en un futuro próximo, será insustentable tener un país funcional si el comercio sigue siendo el sector donde entran artículos robados y de contrabando, y en el que se descarga la economía gris, es decir, lo que se fabrica en México y no paga impuestos”[2].

Mucho se ha hablado sobre las medidas que se deben adoptar y que se han adoptado para combatir este problema; sin embargo, la piratería se ha venido desarrollando en un contexto muy sofisticado en el que no solamente debemos hablar de la copia en forma ilegal, sino de la creación de una “estructura corporativa” en la que se cuenta con un organigrama armado por diversas “entidades encubiertas” que participan en la búsqueda de productos susceptibles de “ser pirateados”, los mercados en los que se pueden colocar, así como las mejores opciones para la elaboración de los mismos; pasando por un sistema logístico que llega a un excelente sistema de distribución que mantiene surtido al mercado “just in time”, bajo un esquema sin riesgo, sin pago de impuestos, sin cargas laborales y con beneficios que se estiman en alrededor de $ 500 billones de euros por año en artículos falsificados alrededor del mundo[3].

Como resulta evidente, las perdidas derivadas de dichas actividades ilícitas repercuten en problemas tan serios como la creación de empleos; la recaudación de impuestos; la falta de control sobre la calidad y la seguridad de bienes y servicios; la falta de respeto a las instituciones; la pérdida de valores y la violación de los derechos humanos, así como medios de financiamiento del crimen organizado, entre otros, por lo que además de los planes y programas encaminados al ataque frontal contra la piratería es prioritario el desarrollar y fomentar una cultura de la Propiedad Intelectual, esto es, trabajar para incluir en nuestra sociedad un adecuado conocimiento y respeto sobre los derechos de intangibles, los cuales hoy en día resultan ser los activos mas importantes de los agentes comerciales.

Para obtener dicha cultura en nuestra sociedad es importante incluir en todas las etapas de la educación, ya sea básica, intermedia o superior, elementos que informen y motiven a las nuevas generaciones a tener información y respeto sobre la mercancía que adquieren y los beneficios que genera el comprar productos y/o servicios legítimos.

Esta idea tiene como característica atacar a la piratería también desde el punto de vista del consumidor, ya que basta señalar que como resultado de una encuesta realizada en el Estado de Querétaro, el 94% de las personas encuestadas han adquirido productos piratas al menos en una ocasión.

Dicho ejemplo demuestra que el principal problema es la tolerancia social a un mal que “en principio no es tan malo” pues en dicha encuesta también se demostró que el 59% de los entrevistados consideró a la piratería como una opción de fuente de trabajo en caso de desempleo y aunque el 70% reconoce que la piratería es un delito, ese mismo porcentaje desconoce que exista alguna ley relacionada con el tema.[4]

Con estos resultados y considerando la fuerte estructura que tienen las mafias sobre el trafico de mercancía pirata, uno de los principales retos es concienciar, a través de los diversos medios de comunicación, al publico consumidor sobre la compra de mercancía apócrifa, de los resultados contraproducentes que tienen en el propio comprador, además de las distorsiones que se ocasionan en las variables micro y macro económicas.

A mayor abundamiento, es evidente que la iniciativa privada en conjunto con las diferentes esferas gubernamentales son quienes deben actuar coordinadamente para que en la medida en la que el publico consumidor tenga conocimiento de la regulación de Propiedad Intelectual y de sus sanciones, así como el perjuicio que nos depara a todos el adquirir productos pirata, nos encontraremos en posibilidades de disminuir la demanda de este tipo de productos y, por tanto, disuadir ese comercio informal que tanto daño hace a nuestro país.

Si bien existen al día de hoy iniciativas coordinadas que buscan resultados palpables en estos menesteres y si bien exterminar la piratería es un reto difícil de alcanzar en el corto plazo, a través de la promoción de la cultura de la Propiedad Intelectual y la educación de las nuevas generaciones, esperamos que en el mediano plazo las medidas correctivas y sanciones sobre este particular decrezcan por virtud de una conciencia obtenida en materia de Propiedad Intelectual.