No.159
Noviembre
2001
 
Arturo Damm Arnal
La deuda debe ser una forma extraordinaria de financiamiento del gasto gubernamental. Sin embargo, en contra de lo que la prudencia aconseja, y de lo que la verdadera estabilidad económica exige, el endeudamiento se ha convertido en un medio ordinario para financiar el gasto del gobierno, y ello se muestra en la constante colocación de bonos gubernamentales en los mercados, tanto nacionales (por ejemplo: la subasta primaria de Cetes de los martes), como extranjeros (por ejemplo: la reciente emisión de un Bono Global, por mil 500 millones de dólares, a 30 años). Ante estos hechos hay que insistir: la deuda gubernamental, ante la incapacidad de los gobiernos para pagar lo que deben, es una irresponsabilidad.
 

I Introducción

La deuda del gobierno, independientemente de sus montos o sus destinos, no deja de ser una gran irresponsabilidad, que en el caso de México equivale (sumando deuda interna y externa), al 22.7% del PIB. La causa principal de esa irresponsabilidad es la incapacidad de los gobiernos para pagar lo que deben, a no ser que para ello echen mano de parte de los impuestos que pagamos los contribuyentes. ¿El resultado final? Pagan justos por pecadores. Sin embargo, una y otra vez los gobiernos se endeudan y no hay quien, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Legislativo, esté dispuesto a dar la batalla para impedir esa irresponsabilidad. Esta batalla, que debería ser uno de los puntos centrales de la reforma fiscal, brilla por su ausencia. Lástima, porque se está perdiendo la oportunidad de enderezar uno de los renglones torcidos de la economía mexicana. ¿Cómo enderezarlo? Prohibiendo constitucionalmente el déficit en las finanzas gubernamentales, causa del endeudamiento del gobierno. ¿Mucho pedir? Así parece.

II Opciones

Una vez que el gobierno se ha endeudado le quedan cuatro opciones. Primera: no pagar lo que debe, es decir, declarar la moratoria. Segunda: renegociar la deuda en búsqueda de mayores plazos, menores tasas de interés, o la quita de parte del principal. Tercera: contratar deuda nueva para pagar deuda vieja, lo que implica destapar un hoyo para tapar otro. Cuarta: usar parte de los impuestos de los contribuyentes para pagar lo que debe. Por lo general se recurre a una combinación de la segunda y tercera opción: una vez renegociada la deuda vieja los gobiernos tienen acceso a deuda nueva, que utilizan para pagar parte de la deuda vieja. Sin embargo, ésta combinación de opciones no es la solución al problema del endeudamiento gubernamental.

III ¿Problema?

¿Por qué califico de problema a la deuda del gobierno? En primer lugar por su origen: el déficit presupuestal. En segundo término por sus consecuencias: de manera inmediata presiones alcistas sobre las tasas de interés y, mediatamente, presiones inflacionarias, con todo lo que ello implica. Además hay que considerar el efecto "desplazamiento" (crowding out), que la deuda gubernamental genera: los recursos que los particulares le prestan al gobierno los dejan de gastar esos mismos particulares quienes, seguramente, los hubieran gastado mejor que los gobernantes. Considerando lo anterior, ¿es o no es la deuda gubernamental un problema?

 

IV Fuentes de financiamiento

Tres son las fuentes de financiamiento del gasto gubernamental: los impuestos (que deben ser la forma ordinaria de financiarlo); la deuda (que debe ser una forma extraordinaria de financiamiento); la inflación, es decir, la emisión primaria de dinero no respaldada por una mayor producción o comercialización de bienes y servicios (inflación que debe ser una forma prohibida de financiamiento del gasto gubernamental). Hoy, dada la autonomía del Banco de México, la inflación no es una opción de financiamiento del gasto gubernamental, restando solamente los impuestos o la deuda.


V ¿Medio extraordinario?

La deuda debe ser una forma extraordinaria de financiamiento del gasto gubernamental. Sin embargo, en contra de lo que la prudencia aconseja, y de lo que la verdadera estabilidad económica exige, el endeudamiento se ha convertido en un medio ordinario para financiar el gasto del gobierno, y ello se muestra en la constante colocación de bonos gubernamentales en los mercados, tanto nacionales (por ejemplo: la subasta primaria de Cetes de los martes), como extranjeros (por ejemplo: la reciente emisión de un Bono Global, por mil 500 millones de dólares, a 30 años).

Ante estos hechos hay que insistir: la deuda gubernamental, ante la incapacidad de los gobiernos para pagar lo que deben, es una irresponsabilidad. Pese a ello, los gobiernos han hecho del endeudamiento una forma ordinaria de financiamiento de su gasto, sin que alguien, ya sea desde el Poder Ejecutivo, o desde el Legislativo, esté dispuesto a dar la batalla para impedir esa irresponsabilidad.


VI Dos pasos

Ni la moratoria, ni la renegociación de lo debido, ni la contracción de deuda nueva para pagar deuda vieja son la solución al problema de la deuda gubernamental. Son remedios que atacan los efectos del mal, pero que no eliminan su causa. La solución al problema de la deuda gubernamental implica dos pasos. Primero: que el gobierno pague lo que debe, para lo cual no le queda otra salida más que echar mano de parte de los impuestos de los contribuyentes, siendo estos quienes terminan pagando lo que no deben, para lo cual se requiere que, durante los años que sean necesarios, las finanzas públicas resulten superavitarias, y que ese superávit se utilice para liquidar los pasivos del gobierno. Segundo: que se establezca un candado constitucional que prohiba el déficit en las finanzas públicas y, por lo tanto, el endeudamiento gubernamental.

VII Impuestos, ¿para pagar deuda?

Si el gobierno ha de pagar lo que debe, y solamente pagando lo que debe se comenzará a resolver el problema del endeudamiento gubernamental, tiene que utilizar parte de los impuestos de los contribuyentes, impuestos que deberían utilizarse para que el gobierno garantice la seguridad e imparta justicia. Dado que el gobierno no produce y no comercializa bienes y servicios, no cuenta con recursos propios para enfrentar sus obligaciones, razón por la cual debe recurrir a los impuestos (que surgen de los ingresos y el patrimonio de los contribuyentes), para hacerlo. Por ello, cada vez que nos enteremos que el gobierno ha contraído un nuevo endeudamiento, preguntémonos lo siguiente: al final de cuentas, ¿quién pagará esa deuda?

 

VIII Botón de muestra

Una vez que el gobierno se ha endeudado le restan cuatro posibilidades: declarar la moratoria, renegociar la deuda, contraer deuda nueva para pagar deuda vieja, o usar parte de los impuestos para pagar lo que debe. Por lo general lo que resulta es una combinación de la renegociación con la contracción de deuda nueva, tal y como lo acabamos de ver. El 6 de agosto la Secretaría de Hacienda nos informó (por última vez hasta el momento), que "el Gobierno Federal emitió un Bono Global por un monto de 1,500 millones de dólares americanos", y que "tiene un plazo de 30 años y paga una tasa de interés anual en dólares de 8.3%".

También nos enteramos que "el monto en efectivo recabado será utilizado para el retiro de deuda externa contratada en condiciones menos favorables en años anteriores, o en su defecto, será destinado a financiar de manera anticipada las amortizaciones de deuda externa del próximo año". ¿Qué tenemos? Una buena muestra de lo dicho: el gobierno echando mano de la combinación renegociación de deuda contracción de deuda nueva para pagar deuda vieja.


IX ¿Quién pagará?

La deuda nueva le permitirá al gobierno pagar deuda vieja y mejorará el perfil de la deuda que se tendrá que pagar en el futuro, momento en el cual una de dos: o el gobierno en turno recurrirá de nueva cuenta a la combinación renegociación de deuda contracción de deuda nueva para pagar deuda vieja, o echará mano de parte de los impuestos de los contribuyentes para pagar la deuda que contrajo un gobierno anterior. Al final de cuentas, ¿quién pagará lo que el gobierno debe?

X Conclusión

No hay quien, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Legislativo, esté dispuesto a dar la batalla a favor del candado constitucional que prohiba el déficit en las finanzas públicas y, por lo tanto, su consecuencia: la deuda gubernamental. Ello muestra el poco interés (¿por ignorancia?, ¿por negligencia?, ¿por qué?), que existe para dotar a la economía mexicana de una de las condiciones necesarias de la estabilidad: finanzas públicas verdaderamente sanas, resultado de una verdadera disciplina fiscal, incompatible con el déficit presupuestal y la deuda gubernamental. Por lo pronto no hay quien esté dispuesto a luchar por ello, y es una lástima porque se está perdiendo la oportunidad de enderezar uno de los renglones más torcidos de la economía mexicana.