Ministerio de Economía de
la República de Argentina

I El Diagnóstico

En 1991, la economía argentina comenzó una etapa de reformas estructurales profundas que inició un período de gran crecimiento y muy baja inflación. Los principales pilares de estas reformas fueron la Ley de Convertibilidad, que garantizó la estabilidad de los precios, un proceso generalizado de privatización y desregulación, y una importante apertura de la economía. Al mismo tiempo, se logró un considerable progreso con respecto a la solvencia fiscal, y el régimen de jubilaciones y pensiones se transformó en un sistema financiado con recursos propios, fortaleciendo el desempeño fiscal futuro.

Sin embargo, desde mediados de 1998, la economía quedó atrapada en una prolongada recesión. Esta recesión fue el resultado de un deterioro del escenario externo, junto con un escenario fiscal complicado que ha mantenido el riesgo país y las tasas de interés a niveles muy altos.

A pesar de un ajuste en todos los gastos públicos en 1995 y 1996, los últimos tres años de la administración anterior se caracterizaron por una expansión en el total de los gastos públicos (a nivel federal y provincial) como resultado de un aumento en el gasto primario y en el pago de intereses. El fuerte incremento en el costo promedio de financiamiento de la deuda pública se debió a la sustitución gradual de la deuda compulsiva anterior colocada a muy bajo costo, por nueva deuda voluntaria, que en general pagó tasas de interés más altas.

El crecimiento del gasto público se financió en parte con nuevos impuestos y en parte con más endeudamiento. Como consecuencia lógica, el aumento de la carga impositiva y el desplazamiento del crédito privado provocó una fuerte contracción de la inversión privada. El aumento de la carga impositiva también deterioró la efectividad de la recaudación de impuestos. Al mismo tiempo, la velocidad de las reformas estructurales se redujo drásticamente. Mientras que durante 1990-1997 el crecimiento de la productividad global alcanzó una tasa anual del 4%, a partir de 1998 la combinación de tasas de inversión menores y la disminución de las reformas estructurales provocó que el crecimiento de la productividad fuera negativo.

Además, los factores externos contribuyeron a acelerar el ciclo recesivo. La solidez del dólar generó importantes presiones deflacionarias que, contrariamente a lo que había sucedido en los primeros años de la Convertibilidad, no se vieron compensadas con el crecimiento de la productividad.

Asimismo, las sucesivas crisis financieras internacionales (Asia, Rusia y Brasil) incrementaron el costo de financiamiento del gobierno argentino, al mismo tiempo que la fuerte caída de los términos de intercambio y la devaluación de la moneda brasileña continuaron debilitando la competitividad.

A su vez, el impacto deflacionario de los colapsos externos comenzaron finalmente a debilitar el desempeño fiscal. A pesar del aumento de las alícuotas impositivas, la recaudación fiscal continuó debilitándose, aumentando el desequilibrio del Sector Público que, a su vez, aumentó el riesgo país y los costos de financiamiento, creando un círculo vicioso que profundizó la recesión y su duración.

Es así que, desde el inicio de la administración del Presidente De la Rúa, los esfuerzos de la política económica se concentraron en el fortalecimiento de la solvencia fiscal. En el año 2000, el gasto público consolidado devengado disminuyó aproximadamente un 1.3% como porcentaje del PBI (US$ 3.300 millones) y el déficit provincial se contrajo un 0.5% también como porcentaje del PBI.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos fiscales, el persistente estancamiento hizo que el déficit del Sector Público Nacional sólo mostrara una mejora muy leve del 0.2% como porcentaje del PBI.

Durante todo este período, a pesar del deterioro fiscal y la persistente recesión, la Inversión Extranjera Directa (IDE) permaneció alta y las exportaciones continuaron superando el crecimiento del resto de la economía. En particular, las Manufacturas de Origen Industrial crecieron un 20% anual, como consecuencia de la apertura de nuevos mercados fuera del Mercosur.

La solidez de las exportaciones y los ingresos de IED muestran que la Argentina tiene una estructura económica saludable. En consecuencia, la política económica debería focalizarse en los cuatro temas que pueden ser los responsables de la persistencia de la recesión en un ambiente económico sólido: establecer un gobierno de coalición efectivo, estimular el crecimiento de la economía, asegurar la solvencia fiscal, y garantizar un adecuado financiamiento y el total cumplimiento de las obligaciones de la deuda del gobierno.

II Respuesta Política

El gobierno reconoce que ninguna medida para reactivar la actividad Política puede tener éxito sin fortalecer previamente los fundamentos macroeconómicos. Todos los esfuerzos se han focalizado en ese objetivo creando un ambiente macroeconómico estable a través de (i) la consolidación de un gobierno de coalición efectivo, (ii) solvencia fiscal, (iii) reducción de la vulnerabilidad financiera, y (iv) implementación de una estrategia de crecimiento por el lado de la oferta y por el lado de la demanda.

1. Un gobierno de coalición efectivo

Desde marzo de 2001, por primera vez en 18 años de democracia, Argentina tiene un Gobierno de Unidad Nacional con un amplio apoyo político, que incluye otros partidos políticos además de los de la Alianza. Como señal de un importante apoyo político, el Presidente Fernando De la Rúa obtuvo una excepcional delegación de poderes legislativos por una Ley que fue promulgada en 6 días y apoyada en la Cámara Baja por la casi totalidad del espectro político.

La delegación de poderes mejoró enormemente la gobernabilidad y posibilitó que el Ejecutivo modificara leyes. En los primeros días, el equipo económico mejoró la Ley Antimonopolio, eliminó exenciones al Impuesto a las Ganancias, generalizó el IVA, redujo el IVA a los bienes de capital e implementó otras iniciativas importantes. Sin la delegación de poderes, se hubieran necesitado dos años para promulgar esta legislación.

Con respecto al frente fiscal, los esfuerzos iniciales se focalizaron en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y de los compromisos con el FMI. De hecho, para alcanzar estos objetivos, inicialmente el gobierno implementó un ajuste fiscal de aproximadamente $3,800 millones, sobre la base no sólo del aumento de impuestos sino también de una reducción importante del gasto: $2,700 millones del nuevo Impuesto a las Transacciones Financieras; $200 millones de otros impuestos; y $860 millones por reducción del gasto público. La baja del gasto público es parte de un objetivo más amplio de combatir el excesivo gasto público burocrático y la corrupción, uno de los principales objetivos del gobierno.

El plan fiscal implementado depende sólo marginalmente del desempeño macroeconómico. En realidad, asumiendo que el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) recaudara US$ 2,700 millones, se podría cumplir el programa fiscal aún con una reducción del 0.6% anual en la recaudación de otros impuestos.

No obstante, la convergencia hacia un nuevo sistema impositivo exige que la reducción gradual de impuestos distorsivos sea acompañada por mecanismos que reducirán sustancialmente los niveles de evasión fiscal. La posibilidad de computar algunos impuestos como pagos para el IVA es el mecanismo por el cual el gobierno se beneficia de los buenos mecanismos de recaudación y control actualmente implementados, e incorpora un gran número de contribuyentes al sistema.

Dentro de este marco, el gobierno ha avanzado en el uso de impuestos fáciles de recaudar como un mecanismo de pago adelantado. Además del ITF, estableció un 16% uniforme como contribución patronal. En los casos en que la nueva tasa implicara un aumento relativo de las obligaciones anteriores, el incremento se considerará un adelanto del pago del IVA (aumentando de este modo la carga fiscal sólo a aquellos que previamente evadían el IVA). En segundo término, el gobierno aumentó el impuesto al gasoil. Nuevamente, el incremento se tomará parcialmente como pago del IVA, una medida que evita un impacto en los costos de las empresas mientras se combate la evasión fiscal.

La recientemente anunciada privatización del cobro de impuestos vencidos incorpora otra herramienta a los esfuerzos actuales para reducir la evasión. Se crea un Fondo Fiduciario con activos y pasivos fiscales, con el doble propósito de mejorar la recaudación fiscal y disminuir las restricciones financieras de muchas empresas. Como un primer paso en esta dirección, los créditos del IVA estarán documentados. Estos créditos constituirán los pasivos de un Fondo Fiduciario que incorporará como activos el monto total de impuestos vencidos pendientes a la DGI local (aproximadamente $15,000 millones). Por otro lado, los pasivos del Fondo tienen un valor aproximado de $5,000. El fondo emitirá certificados a las empresas que hayan documentado créditos contra la DGI. Estos certificados serán utilizados para garantizar créditos, obtener capital de trabajo y saldar deudas.

El nuevo Fondo Fiduciario será administrado por entidades bancarias para minimizar asimetrías de información, reduciendo en consecuencia el descuento aplicado a los certificados. La privatización de la gestión de cobro mejora substancialmente los incentivos para maximizar el cobro de impuestos vencidos, permitiendo al mismo tiempo una mejora de la situación financiera de las empresas al aumentar la liquidez de activos que antes estaban inmovilizados. Además, el mejoramiento de la gestión de cobro desanimará la evasión fiscal.

Por último, la reciente aprobación por el Poder Legislativo permite que los pagos del IVA sean cobrados en función de lo percibido, y no en base de lo devengado (sistema ahora vigente). La medida facilitará la administración financiera de los contribuyentes y el control del cumplimiento de las obligaciones impositivas, a partir de las operaciones bancarias. Como se señaló, el impuesto a las transacciones financieras y el estímulo del uso de cuentas corrientes será la esencia del nuevo mecanismo de control.

2. Regla de Déficit Cero

No obstante, a principios de julio 2001, quedó en claro que todos estos mecanismos no eran suficientes para eliminar las preocupaciones del mercado con respecto a la sustentabilidad de la Política fiscal. En consecuencia, con la intención de que los mercados mejoraran la percepción de riesgo de Argentina y para evitar la dinámica del círculo vicioso de la deuda que impediría toda posibilidad de crecimiento a largo plazo, el gobierno decidió implementar de inmediato una nueva reforma estructural clave: la "Regla del Déficit Cero".

Asimismo, la falta de flexibilidad del tipo de cambio, que descarta todo intento de diluir los salarios a través de la devaluación o inflación, exige una flexibilidad adicional con respecto al gasto. A través de la Ley de Déficit Cero, Argentina ha tomado el camino de construir esta flexibilidad en forma explícita, haciendo que el régimen cambiario sea más sostenible.

Finalmente, vale la pena mencionar que al igual que el rol desempeñado por el Presidente del Banco Central en la aplicación de la Ley de Convertibilidad, el cumplimiento de la "Política de Déficit Cero" es responsabilidad primaria del Secretario de Hacienda.

Para suavizar la carga del ajuste fiscal de los empleados públicos y jubilados de bajos ingresos, el Congreso Nacional propuso una serie de medidas complementarias: (i) aumentar las contribuciones patronales para las compañías de servicio; (ii) aplazar la implementación de las reducciones del impuesto a las ganancias y del impuesto a los combustibles (nafta); y (iii) aumentar la tasa del IVA a la televisión por cable (al 21% del nivel actual del 10.5%). Con respecto a los gastos, el coeficiente de ajuste (actualmente 13%) se aplicará a todos los ítems del presupuesto, excepto salarios y jubilaciones menores de $500 y transferencias a las provincias. El ajuste incluye la reducción de salarios en el Poder Judicial y Legislativo.

3. Ley de Déficit Cero: el siguiente paso después de la Convertibilidad

A fines de los 80, la renuencia crónica con respecto a un equilibrio del presupuesto provocó la hiperinflación y el caos social. Esto sólo se superó con la Ley de Convertibilidad, que ató la moneda al dólar y terminó con la Política monetaria independiente. Sin embargo, la Convertibilidad descartó la posibilidad de imprimir moneda pero no descartó la emisión de deuda.

Es decir que, aunque la Convertibilidad no prohibió el déficit fiscal per-se, implícitamente limitó su alcance al deseo del mercado de aumentar el nivel de la deuda argentina. La turbulencia del mercado financiero que comenzó a fines de 1997 en Asia extendiéndose al resto de los mercados emergentes (con particular énfasis a Rusia en 1998 y a Brasil en 98/99), junto con la disminución del crecimiento económico global, afectó el grado de exposición al riesgo de los inversores hasta el punto de que la Argentina debió enfrentar (a pesar de los moderados coeficientes fiscales y de la deuda) enormes dificultades para convencer a los titulares de bonos de que aumentaran sus posiciones en títulos de deuda del Estado. El resultado es que, 10 años después del inicio de la Convertibilidad, la Argentina ha puesto tanta presión en el mercado de bonos que redujo su valor a niveles sin precedentes. La solución, una vez más, son las reglas simples y transparentes: la regla es para lograr de inmediato la meta del déficit cero.

Además, la Regla de Déficit Cero implicará un profundo cambio cultural en el comportamiento del sector público. La nueva regla debería producir una rápida reestructuración del Estado ya que los empleados se transformarían en virtuales "accionistas" y por lo tanto se comprometerían a utilizar en forma eficiente los recursos públicos.

4. Política financiera: el rol del canje de la deuda

Para refrendar el problema financiero, el gobierno llevó a cabo un canje voluntario de la deuda que en el corto plazo sería beneficioso para reducir el riesgo de refinanciación que enfrenta la Argentina. La operación permitió una descompresión importante de las necesidades de financiamiento para los próximos cinco años. El canje de la deuda permitió que la Argentina redujera sus compromisos financieros en US$ 16,000 millones para los próximos cinco años, con una reducción de US$ 7,800 millones en los próximos 18 meses.

El canje de la deuda perseguía tres objetivos. Primero, reducir el riesgo de refinanciación al aumentar la flexibilidad para manejar la deuda pública. Segundo, suavizar el perfil de vencimientos de la deuda. Y por último, ajustar las necesidades financieras para que sean más compatibles con las necesidades impuestas por la transición del sistema de jubilaciones y pensiones (del régimen de reparto al sistema finan ciado con fondos propios).

¿Cuál fue el costo del canje de la deuda? Se ha llegado a la errónea conclusión de que al haberse llevado a cabo el canje de la deuda en circunstancias sumamente adversas el costo de la deuda se ha elevado tanto que surgen cuestionamientos con respecto a la solvencia fiscal a largo plazo. Aunque la nueva deuda tiene un rendimiento del 15.29%, también es cierto que la vieja deuda fue rescatada por debajo de su valor nominal, generando sustanciales rendimientos para el gobierno. La recompra de bonos tuvo un rendimiento del 14,94%. De este modo, el gobierno argentino pagó solamente 35 centésimos de punto porcentual, mientras que a la vez mejoró sustancialmente el panorama de las necesidades de financiamiento de los próximos años.

El canje de la deuda suavizó el perfil de los vencimientos de la deuda pública, reduciendo las necesidades de financiamiento para el año 2001. Como consecuencia del exitoso canje de la deuda, la mayor parte de las necesidades financieras están cubiertas hasta fines del próximo año. En efecto, las necesidades financieras de Argentina para el 2002 son bajas después de tener en cuenta el paquete de ayuda liderado por el FMI, el Canje de la Deuda de mayo de 2001, y la reciente "Regla de la Política de Déficit Cero". Cada uno de estos programas redujo en forma progresiva las necesidades de financiamiento a corto plazo de la Argentina para el año 2002.

El "Total de Necesidades Financieras para el 2002" ascendía, antes de los programas mencionados, a U$S 27,900 millones. Este monto estaba principalmente compuesto por amortizaciones de la deuda (incluyendo Letes) y US$ 5,000 millones de déficit fiscal (según la meta original del FMI de conformidad con la Ley de Responsabilidad Fiscal).

Mientras que el Canje de la Deuda de mayo representó ahorro de necesidades financieras (reducción tanto en los intereses como en la amortización del capital para 2002) de US$ 4,350 millones, la "Política Déficit Cero" se proyecta para reducir los restantes US$ 3,470 millones de déficit fiscal a cero (es decir la meta de US$ 5,000 millones neta de la reducción de los US$ 1,530 millones en pagos de intereses). Por lo tanto, ambas medidas reducen las actuales necesidades financieras para el 2002 a US$ 20,000 millones.

Incorporando fuentes financieras ya comprometidas para el 2002, tales como el programa del FMI y los flujos de fondos de pensión privados, junto con una probable refinanciación del Bono del BCRA (Bono de Requisito Mínimo de Liquidez), se obtienen "fuentes financieras casi garantizadas" de US$ 9,500 millones. Asumiendo (razonablemente) que en condiciones normales del mercado el stock de Letes (deuda a corto plazo) puede ser refinanciado por participantes del mercado local (con una fuerte participación de fondos de inversión), las Necesidades Financieras previstas son de US$ 9,000 millones.

Este monto es considerablemente menor que el monto que obtuvo la Argentina a través de los últimos años en los mercados de capitales y por lo tanto parece una meta muy razonable. Además, si persiste un panorama negativo con respecto a la refinanciación de la deuda Argentina, es posible una extensión del programa de Facilidades de Reservas Suplementarias del FMI, reduciendo de este modo las necesidades financieras a menos de US$ 6,600 millones. Merece mencionarse que estos montos presuponen mantener constante el nivel de operaciones de prefinanciamiento para el 2002 y el 2003.

5. Políticas de Crecimiento: el rol de los "planes de competitividad"

La implementación de los llamados "planes de competitividad" (que fomentan la inversión, el empleo y el crecimiento a través‚ del alivio de la carga impositiva), aunque estén destinados principalmente a estimular la inversión, también juegan un rol especial para racionalizar el sistema impositivo. Es decir, la gradual generalización de estos programas sectoriales, que se centran en la eliminación de impuestos distorsivos, trabajarán en el tiempo como un mecanismo para racionalizar toda la estructura impositiva.

Sin embargo, es casi imposible reducir total e inmediatamente los impuestos distorsivos dada la ajustada restricción fiscal que enfrenta el sector público. De este modo, el gobierno ha decidido hacerlo en forma gradual eligiendo sectores o zonas geográficas y eximiéndolas del pago de esos impuestos distorsivos que de un modo u otro serán eliminados a mediano plazo. Como consecuencia, los planes de competitividad no producen ninguna distorsión a largo plazo en la asignación de recursos.

El enfoque sectorial tiene ventajas adicionales: permite al gobierno federal negociar con los sindicatos y las provincias la eliminación de determinadas reglamentaciones y la reducción de impuestos provinciales distorsivos como así también la flexibilización de los contratos laborales, exigiendo al mismo tiempo a los gerentes de las sociedades el claro compromiso de reducir los precios e incorporar tra bajadores a la economía formal. Este "beneficio político-económico" no es posible con reducciones impositivas horizontales.

6.Convertibilidad Ampliada y Factor de Convergencia: mejorar la competitividad y suavizar el cambio de precios para alentar el crecimiento económico.

Un marco adecuado para alcanzar el crecimiento y la inversión exige reducir la vulnerabilidad ante los shocks monetarios internacionales. En este sentido, hemos llevado a cabo importantes progresos en nuestro régimen de Convertibilidad, proponiendo un esquema ampliado.

Al estar sujeto al dólar EE.UU., la fuerza de esta moneda genera presiones deflacionarias importantes. Para moderar los efectos macroeconómicos contractivos y expansivos y las modificaciones de precios debido a las permanentes oscilaciones en la tasa de cambio del dólar, el gobierno argentino propuso ampliar la Convertibilidad incorporando el Euro como respaldo de la base monetaria y fijando la tasa de cambio del Peso Argentino como un promedio simple entre el Dólar y el Euro. Esta mejora será operativa cuando la tasa de cambio del Euro/Dólar sea igual a uno, para evitar un salto del tipo de cambio del Peso Argentino. La "Ley de Convertibilidad Ampliada" fue aprobada recientemente por el Congreso.

La Convertibilidad Ampliada conserva las características fundamentales del régimen actual (i) pleno respaldo de la base monetaria con reservas internacionales; (ii) límites estrictos a la Política Monetaria; y (iii) libertad de elección de la moneda para llevar a cabo transacciones económicas. Pero reduce la volatilidad del tipo de cambio real y la necesidad de ajustes deflacionarios o inflacionarios en respuesta a los shocks monetarios internacionales.

Para anticipar los beneficios de la Convertibilidad Ampliada, se creó un mecanismo de compensación comercial llamado "factor de convergencia". Las exportaciones serán compensadas con un reembolso ajustable (actualmente llamados reintegros) que son el resultado de computar la diferencia de la actual tasa de cambio (1$ = 1US$) y la correspondiente canasta Dólar/Euro (en el momento actual la diferencia es de aproximadamente 6 centavos) establecida en la Ley de Convertibilidad Ampliada. Este reembolso no es fijo sino fluctuante según la cotización diaria de la tasa de cambio del Dólar/Euro. Asimismo, las importaciones pagarán un arancel, también ajustable y de la misma magnitud.

Estas medidas comerciales se pagarán del mismo modo que se pagan hoy los aranceles y los reintegros. Para compensar inicialmente los efectos del factor de convergencia, los aranceles de importación máximos sobre los bienes de consumo y los reembolsos a las exportaciones se redujeron en 7 puntos porcentuales.

Este mecanismo mantiene la convertibilidad en su forma actual para los poseedores de pesos, respetando plenamente el derecho de propiedad. La referencia a la nueva Convertibilidad (que establece la tasa de cambio del peso como un promedio simple entre el Dólar y el Euro) hace posible implementar la mejora en la competitividad que se habría obtenido si hubiera estado vigente la convertibilidad ampliada, sin incurrir en los costos asociados a una devaluación del peso.

¿Cómo evolucionará el sistema? Como se señaló, el factor de convergencia anticipa a nivel comercial los beneficios de una nueva Convertibilidad ampliada. De este modo, el factor de convergencia fluctuará sobre la base de la tasa de cambio del Dólar-Euro, y en la medida que estas monedas se acerquen más a la paridad, converger a cero.

Cuando se alcance la paridad Dólar-Euro, la nueva Convertibilidad será efectiva (con el valor del Peso determinado sobre la base de una canasta de monedas con el 50% en Dólares y el 50% en Euros), y en consecuencia desaparecer la necesidad del factor.

Los únicos bienes que no recibirán ni pagarán el factor de convergencia serán los combustibles. Estos bienes gozan de altos precios en los mercados internacionales, y dado que nuestro comercio tiene un importante superávit en esta área, su exclusión implica que el resultado fiscal del esquema es positivo. La eliminación de reembolsos aumenta los ahorros fiscales de la medida.

Los mecanismos a través de los cuales se harán estos pagos son totalmente fiscales sin participación del Banco Central ni de autoridades monetarias que continuarán cambiando un peso por un dólar según lo exige la Ley de Convertibilidad. El hecho de que el Banco Central no participa de este mecanismo implica que las reservas internacionales que respaldan la Convertibilidad de ningún modo pueden ser alteradas ni se puede poner en peligro dicho respaldo. De este modo, la incorporación del factor de convergencia de ningún modo debilita el compromiso de la Convertibilidad ni la firmeza con que puede ser defendida.

En términos de política comercial, el factor de convergencia tiene varios beneficios: (i) protege la economía de futuras apreciaciones del Dólar; (ii) racionaliza la política comercial homogeneizando subsidios y derechos de exportación en todas las actividades; (iii) en la medida que el euro y el real tienden a moverse juntos (un modelo que ha estado firmemente presente en los últimos años) protege la economía de futuras depreciaciones de la moneda brasileña.

7. Políticas comerciales para estimular el crecimiento

Se han utilizado activamente políticas comerciales para mejorar la rentabilidad del sector privado y estimular la inversión. A tal fin, se aplicaron tres medidas: (i) reducción de los aranceles a los bienes de capital; (ii) intensificación de la integración comercial con el resto del mundo; y (iii) cambios en la estructura general de aranceles y reembolsos de exportación.

Los planes de competitividad han privilegiado a los sectores que fueron más golpeados por la recesión, por medio de reducciones impositivas (en todos los niveles gubernamentales) y flexibilizando los contratos laborales. Al mismo tiempo los sectores más dinámicos y exitosos también se han beneficiado con planes pro-inversión. Para esto (i) se bajaron los aranceles para bienes de capital y se implementó un plan de competitividad para el sector de bienes de capital; y (ii) se bajó el IVA un 50% para los bienes de capital. Se estima que ha habido una reducción en el costo del uso del capital del orden del 21% para bienes de capital nacionales y del 11% para los del exterior.

Para compensar el impacto fiscal de la medida, la reducción de los aranceles para bienes de capital inicialmente fue acompañada por un aumento de los aranceles para bienes de consumo. Sin embargo, la política comercial argentina continúa focalizada en una apertura al mundo más agresiva. A tal efecto, el gobierno está buscando la integración comercial a la economía global con el Mercosur como plataforma de lanzamiento a través de la delegación de poderes a un negociador central que deberá minimizar las fricciones de coordinación.

El negociador central deberá activar en forma considerable las negociaciones de los acuerdos comerciales bilaterales con el resto del mundo. La Argentina tiene un acceso muy limitado a mercados con fuertes barreras no arancelarias. Estas barreras generalmente están destinadas a proteger los productos agrícolas, los cuales son producidos en forma eficiente por la Argentina. De este modo, la participación argentina en este mercado es de un modesto 0.5% en el mercado estadounidense y de un 2.1% en el mercado de la Unión Europea. Por consiguiente, existe un enorme potencial de aumento en las exportaciones como resultado de nuevos acuerdos comerciales que podrían abrir el acceso a mercados para estos productos.

El factor de convergencia implica importantes cambios en la estructura de aranceles y reembolso por exportaciones. Como se señaló, los aranceles para la importación de bienes de consumo y el reembolso máximo por las exportaciones se redujeron en 7 puntos porcentuales. Esta medida redujo considerablemente la dispersión de aranceles y reembolsos, reduciendo muchísimo las distorsiones de precios causadas por la política comercial.

Asimismo, por ser temporaria (ya que desaparecer en caso de que la tasa de cambio Euro/Dólar llegue a ser igual a 1) resuelve el problema de economía política que surge cuando el gobierno considera necesario reducir aranceles y subsidios a la exportación.

Finalmente, cuando el Euro y el Dólar lleguen a la paridad, el mecanismo desaparece, dejando a la economía con barreras comerciales menos distorsivas y más bajas.

III Observaciones Finales y Desafíos Futuros

La macroeconomía argentina ha estado dominada por importantes rumores durante el 2001. Sin embargo, las medidas implementadas para fortalecer el comportamiento fiscal y financiero han sido firmes y eficaces. En particular, el gobierno argentino decidió rebajar salarios y jubilaciones, con una medida sin precedentes, como forma de reducir el déficit fiscal. Esperamos que estas fuertes medidas sean valoradas cuando el mercado se de cuenta de que la Argentina no devaluará ni reestructurará su deuda.

¿Qué sigue en la agenda? En el corto plazo, la agenda económica del gobierno se centrará en las reformas estructurales pendientes que le garantizarán a la Argentina un crecimiento económico sostenido. En el frente fiscal, estas reformas se centrarán en reducir aún más el gasto improductivo del gobierno (principalmente el burocrático) y en seguir avanzando en la lucha contra la evasión fiscal para reducir gradualmente la rebaja general de salarios y jubilaciones, como así también establecer un acuerdo de participación fiscal con las provincias, que proporcionaría mejores incentivos para la planificación de la política fiscal y el control del gasto público. Otras reformas estructurales esenciales para mejorar las perspectivas del crecimiento de la Argentina se centrarán en la futura desregularización de los sistemas de salud y jubilaciones.