POR UNA VERDADERA

REFORMA FISCAL INTEGRAL

Joaquín Díaz Pérez

sintesis

Para el inversionista o para el empresario no hay una definición clara y precisa en el ámbito tributario que le permita planificar a largo plazo; siempre estará supeditado a estos movimientos anuales que lo obligan a un reacomodo de sus operaciones, a replantear sus proyectos, a modificar sus negocios en general, todo lo cual se traduce en retraso o anulación de inversiones, pérdida de tiempo valiosísimo destinado a los negocios, costos adicionales para poder implementar o combatir las reformas impositivas. Son algunas de las consecuencias que se producen con este tipo de modificaciones hechas al vapor.

Es por estas razones que ya resulta apremiante y conveniente una verdadera reforma integral del sistema tributario mexicano, que permita verdaderamente lograr una mayor recaudación; fomentar la inversión, el ahorro y la creación de nuevos empleos; establecer un sistema ágil y sencillo  para el manejo y pago de las contribuciones; instituir un nuevo federalismo fiscal que permita mayores recursos a las Entidades Federativas; combatir eficaz y  frontalmente la evasión fiscal.

Es indudable que nuestro país está atravesando por una etapa de cambios político-sociales donde ya  empiezan  a ejercerse con tintes democráticos los asuntos que atañen a la sociedad mexicana, incipiente aún, pero democracia al fin. Esta vivencia democrática cabe entenderla, según lo han externado los tratadistas de la materia, como aquel sistema de gobierno caracterizado por la participación de la sociedad en la organización del poder público y en su ejercicio; esto es, la democracia se funda en la consideración de sentido común, según la cual las cosas que interesan o afectan a todos, deben tratarse y resolverse con el concurso de todos.

A la luz de lo anterior, notamos que desafortunadamente estos vientos democráticos no han llegado como debiera al ámbito tributario, toda vez que como se deja dicho, la práctica democrática exige la concurrencia de todos los afectados o interesados en las cuestiones impositivas, llámeseles contribuyentes, inversionistas, trabajadores, recaudadores, juzgadores, etc., a efecto de lograr una solución adecuada al asunto y por lo mismo totalmente al margen de decisiones unilaterales, de cuestiones partidistas o de presiones mas bien de carácter político que de tipo económico.

1. Necesidad de una Reforma Fiscal Integral

Es cierto también que el grueso de los sectores productivos y sociales del país, junto con el sector gubernamental, coinciden en la imperiosa  necesidad, en los momentos actuales, de llevar a cabo un verdadero cambio estructural y a fondo de todo el sistema impositivo mexicano, debido entre otros factores: a la baja recaudación fiscal existente en nuestro país, máxime si se compara con la de otros países de condiciones económicas similares; a la necesidad de mayores recursos para satisfacer las necesidades de la población y sufragar los gastos públicos; a la conveniencia de una mayor productividad en las empresas; al urgente y necesario acomodamiento de nuestro país en el mundo globalizado en que se encuentra inmerso; a la urgente generación de empleos; a las constantes y cada día crecientes prácticas de evasión fiscal. Esto es un problema nacional que esta a la vista y que no podemos ni debemos soslayar, sino por el contrario amerita enfrentarlo en forma decidida, abierta y a la brevedad posible.

b) Al momento de definir sobre algunas potestades tributarias a favor de las Entidades Federativas, revisar bien las fuentes objeto del gravamen evitando aquellas que provoquen la causación simultanea en dos o más Estados, originando conflictos entre éstos y además serios problemas para el contribuyente. Tal es el caso de los impuestos a las ventas o al consumo, los cuales se prestan a que un Estado grave por el lugar donde se facture, pero a su vez otro(s) Estado(s) grave(n) por el lugar de producción o de entrega de los bienes, por ejemplo, sobreviviendo los conflictos y problemas de referencia. Por lo mismo deben buscarse fuentes de gravamen que no originen concurrencia múltiple de Entidades Federativas, tal y como ya se hizo con el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, los cuales no ofrecen ninguna duda sobre la Entidad que debe gravarlos.

c) En función de esto último, amerita sea revisada la operatividad y administración del impuesto predial en todos los Estados, ya que bien instrumentado y con un catastro eficaz bien puede significar una excelente fuente de ingresos para aquellos y no como sucede actualmente en muchos Estados donde grandes y lujosas residencias cubren ínfimas cantidades por concepto de este impuesto, precisamente por un deficiente control del impuesto o por la ausencia de un catastro o por no contar con uno que sea verdaderamente eficaz.

d) Definir si acorde con la corriente mundial, en el sistema mexicano debe darse preponderancia a los llamados impuestos indirectos o al consumo (IVA, Impuesto sobre Producción y Servicios) sobre los denominados impuestos directos (Impuesto sobre la Renta por ejemplo).

e) Conviene evaluar también si en los momentos actuales debe prevalecer el llamado Impuesto al Activo o por el contrario ya cumplió su papel de instrumento de control hacia las empresas. Cabe recordar que este gravamen constituye un lastre para las nuevas empresas, porque en los primeros años de operación no generan suficientes ingresos y por ello no pagan el impuesto sobre la renta, pero sí llegan a pagar el impuesto al activo, con lo cual empiezan a descapitalizarse y ello además inhibe las nuevas inversiones.

f) Deben dejarse al margen los intereses partidistas o de grupos políticos y abocarse estrictamente a la parte técnica, poniendo por encima las necesidades e intereses legítimos de  la Nación.

g) Deben revisarse y analizarse a conciencia todas las exenciones o regímenes de privilegio en materia fiscal a efecto de definir los que sean estrictamente necesarios, tomando en consideración la experiencia mundial a este respecto y el espíritu plasmado en la Constitución Federal en sus artículos 28 y 31, fracción IV, en cuanto a la prohibición de exención de impuestos que contempla por un lado y por otro la obligación de todo mexicano de contribuir para los gastos públicos, sean de la Federación, Estados o Municipios donde residan. Una medida saludable sería que todo individuo contribuya a los gastos públicos aún cuando en determinados casos estas aportaciones sean en cantidad mínima.

h) Hay que revisar toda la estructura administrativa del fisco federal para determinar si la misma viene funcionando con la eficiencia requerida en todo lo relativo a la administración y control de las contribuciones. Por ello mismo conviene repasar si ha funcionado o no la administración impositiva a través de un órgano desconcentrado del poder público, el Servicio de Administración Tributaria, o en su defecto hacer un viraje total  al respecto o bien introducir los ajustes que sean necesarios, para así eficientar en grado óptimo dicha administración. Por lo mismo debe modernizarse esta estructura administrativa que permita una tramitología muy simplificada que incentive el pago oportuno de las contribuciones, que conduzca a efectivas políticas de fiscalización y  que cuente con un padrón idóneo y actualizado de contribuyentes. No se justifica por ejemplo que por deficiencias en el actual padrón fiscal, se den tantos requerimientos improcedentes a los contribuyentes en perjuicio y para molestia de éstos.

i) Dentro de lo posible visualizar un marco normativo fiscal sencillo y fácil de comprender para todos los interesados y que otorgue seguridad jurídica a los contribuyentes, respetando siempre los principios tributarios previstos en la Constitución General de la República. Dentro de ésta parte habría que definir si en los momentos actuales conviene el establecimiento de una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que proteja a los particulares de los abusos de las autoridades fiscales. De igual forma, mediante cambios a la legislación habría que fortalecer al aparato judicial para efectos de optimizar y agilizar las controversias entre el fisco y los contribuyentes.