No.165
Junio
2002
 

SINTESIS
Parece paradójico que si las reformas estructurales y la globalización han conducido a cambios importantes y a un mayor potencial de crecimiento y creación de empleos, el proceso sea tan impugnado en algunos círculos. Esto puede deberse a dos causas. Primera, a que dicha evolución ha incrementando la vulnerabilidad de las economías y la volatilidad en los mercados financieros internacionales. La segunda razón es que el desarrollo logrado ha sido insuficiente y no ha conseguido incorporar a sus beneficios a la totalidad de los grupos sociales. Así, la marginación, la pobreza, el desempleo y el subempleo, la baja escolaridad y la marcada inequitatividad en la distribución del ingreso y de la riqueza siguen subsistiendo, en distintos grados, en los países de Latinoamérica.


Fue en el decenio de los ochenta, en respuesta a la llamada crisis de la deuda, cuando se sentaron las bases para la transformación política, social y económica de Latinoamérica que ha tenido lugar en los últimos 20 años. Los efectos de una intervención gubernamental excesiva, del proteccionismo y de los desequilibrios macroeconómicos hicieron indispensable la aplicación de reformas económicas de gran envergadura. Entre éstas destacan las siguientes:

o Ajuste fiscal. El esfuerzo se enfocó al adelgazamiento del gobierno y a lograr un mejor deslinde entre los campos de acción del sector público y del privado.

o Combate a la inflación. En varios países de la región se otorgó autonomía a sus bancos centrales y se les asignó como objetivo único la procuración de la estabilidad de precios.
o Apertura comercial. La liberalización comprendió tanto reducciones unilaterales de tarifas, aranceles y permisos como el establecimiento de zonas de comercio libre.

o Fortalecimiento del sector financiero. Las reformas han implicado nuevos esquemas de supervisión y regulación, la privatización de instituciones y una mayor participación de la inversión extranjera en la capitalización del sector.

Las reformas han redundado en una mayor solidez macroeconómica. En Latinoamérica, el déficit fiscal promedio como porcentaje del producto se redujo de 9.6 por ciento anual durante la década de los ochenta a 3.3 por ciento en 2001. Por su parte, la tasa promedio de crecimiento de los precios disminuyó de 153 por ciento anual en los ochenta a 6.8 por ciento en 2001.
En el ámbito de la apertura comercial se han llevado a cabo acciones muy trascendentes. En el caso de México se han firmado 5 acuerdos multilaterales de comercio, entre los que destacan los Tratados de Libre Comercio con América del Norte y con la Unión Europea, así como 7 acuerdos bilaterales de comercio e inversión. Por su parte, en 1991, varias economías importantes de Sudamérica constituyeron el MERCOSUR.

En respuesta a este proceso, hasta el momento de la devaluación del real en 1999, el crecimiento del comercio entre los países miembros del MERCOSUR fue importante. Por su parte, en México el dinamismo exportador ha sido notable. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte las exportaciones de México crecieron a una tasa anual promedio superior a 14 por ciento. Como resultado, actualmente el país exporta más del 30 por ciento de su producto, mientras que en 1982 exportaba tan sólo el 10 por ciento. Por otro lado, la composición de las exportaciones se ha modificado sustancialmente. Mientras que en 1982 el 69 por ciento de las exportaciones totales eran de petróleo y sus derivados, actualmente esta proporción es de sólo 8 por ciento.

El resultado ha sido una mayor capacidad de crecimiento, de creación de empleos y de recuperación de los salarios reales gracias a las ganancias en productividad. En la región el crecimiento real del producto aumentó de un promedio anual de 1.7 por ciento en la década de los ochenta a una tasa más elevada, aunque aún insuficiente, de 2.9 por ciento en los noventa. El bajo crecimiento en la zona se hace patente al comparar nuestras cifras con el crecimiento en el Sudeste Asiático, que fue de 5.6 por ciento en promedio durante la década pasada, aún tomando en cuenta las crisis que aquejaron a esa región hace pocos años.

Parece paradójico que si las reformas estructurales y la globalización han conducido a cambios importantes y propicios y a un mayor potencial de crecimiento y creación de empleos, el proceso sea tan impugnado en algunos círculos. Esto puede deberse a dos causas. Primera, a que dicha evolución ha incrementando la vulnerabilidad de las economías y la volatilidad en los mercados financieros internacionales. La segunda razón es que el desarrollo logrado ha sido insuficiente y no ha conseguido incorporar a sus beneficios a la totalidad de los grupos sociales. Así, la marginación, la pobreza, el desempleo y el subempleo, la baja escolaridad y la marcada inequitatividad en la distribución del ingreso y de la riqueza siguen subsistiendo, en distintos grados, en los países de Latinoamérica.

Respecto al primer punto, a lo largo de los noventa se hizo patente que la interconexión de los mercados financieros nacionales ha amplificado la volatilidad interna y se ha convertido en una causa adicional de esa volatilidad a través del contagio. Para atenuar estos efectos, en los últimos años las principales economías de la región han realizado esfuerzos adicionales en el ámbito financiero y macroeconómico que han limitado la posibilidad del contagio financiero. El resultado de estos esfuerzos se ha hecho patente en los últimos 18 meses, ya que las crisis en Argentina, Turquía y Venezuela no han contagiado a los demás mercados emergentes.

La segunda causa de insatisfacción respecto al proceso de reforma estructural y de globalización proviene del considerable número de personas que no han sido partícipes de sus beneficios. De acuerdo con los organismos internacionales, en Latinoamérica viven actualmente en pobreza, alrededor de 200 millones de personas, lo que representa el 39 por ciento de la población de la región. Asimismo, la distribución del ingreso se encuentra entre las más inequitativas del mundo. En América Latina el 20 por ciento de la población más rica tiene ingresos 12 veces mayores que el 20 por ciento más pobre. En contraste, en los países del Sudeste Asiático esta proporción es de sólo 4 veces.

La educación y el nivel de salud en la región son también bajos. Actualmente, los latinoamericanos y los mexicanos tienen en promedio, respectivamente, 5 y 7.6 años de formación educativa, mientras que el promedio en los países del Sudeste Asiático es de 9 años. Las diferencias entre los niveles de salud en América Latina y en los países de la OCDE también son significativas. En Latinoamérica, México y la OCDE, la tasa de mortalidad infantil es respectivamente de 31, 30 y 6.2 niños por cada mil, y la esperanza de vida al nacer de 70, 72 y 77.5 años.

La llamada primera generación de reformas económicas, iniciada en Latinoamérica en la década de los ochenta, mejoró sensiblemente el entorno macroeconómico y la asignación de los recursos productivos. Sin embargo, el crecimiento en la región sigue siendo bajo y variable. Por ejemplo, de mantenerse la tasa de crecimiento promedio observada durante los noventa, el ingreso percápita se duplicaría hasta dentro de 63 años. En contraste, en China el ingreso percápita se duplicó en los últimos 8 años.

Una condición necesaria para un combate exitoso a la pobreza es el crecimiento económico rápido y sostenido. Está demostrado que la disciplina fiscal, la estabilidad de precios y la reforma estructural fomentan el desarrollo económico. Por tanto, políticas macroeconómicas acertadas pueden acelerar la reducción de la pobreza.

Al respecto, cabe enfatizar que el abatimiento de la inflación no es un fin en sí mismo sino un prerrequisito indispensable para aumentar el bienestar general de la población. Por ejemplo, en México durante el periodo 1950-1972, lapso en el que se observó una inflación de tan sólo un dígito, el crecimiento promedio del producto fue 6.5 por ciento, el salario real aumentó a una tasa promedio anual de 5 por ciento y la distribución del ingreso mejoró significativamente. En contraste, desde 1973, año a partir del cual la economía mexicana experimentó inflaciones elevadas, el producto sólo ha crecido a una tasa anual promedio de 3.9 por ciento, los salarios reales se han mantenido prácticamente sin cambio y la distribución del ingreso se ha deteriorado.

La pobreza también tiene entre sus principales causas una salud precaria de la población, bajos índices de escolaridad y una nutrición deficiente.

De ahí que se requiera una intervención decidida, inteligente y eficaz del Estado para elevar esos indicadores. Las políticas de protección social requerirán claramente de recursos adicionales. Por tanto, es indispensable que los gobiernos incrementen su capacidad recaudatoria y mejoren la eficiencia de su gasto.

Es importante enfatizar que la consolidación de la solvencia fiscal es el reto principal que enfrentan las economías de América Latina. Ello, debido a que el incremento de la capacidad recaudatoria permitiría simultáneamente garantizar la estabilidad macroeconómica y aumentar de manera importante el gasto social.

En un enfoque como el descrito, necesariamente debe haber armonía entre las políticas macroeconómicas y las estrategias orientadas al combate de la pobreza. Así, la solidez de las políticas macroeconómicas reforzará la lucha contra la pobreza. Es decir, no se trata de una relación lineal sino circular. Para mantener la disciplina de una política económica y financiera firme durante un periodo prolongado a fin de erradicar la inflación y fomentar un crecimiento sostenido, es necesaria una estrategia global en la que se conjuguen la lucha contra la pobreza, la creación de redes de protección social y un esfuerzo decidido para mejorar la distribución del ingreso. Al dar legitimidad a las reformas y fomentar un amplio respaldo para su aplicación, las políticas sociales también contribuirán a crear el entorno propicio para que las medidas de ajuste económico sean exitosas y permanentes.

La crisis por la que actualmente atraviesa la economía argentina ha sido citada por algunos observadores como un ejemplo de los problemas que originan los procesos de reforma estructural y de globalización. Sin embargo, otros analistas han derivado lecciones totalmente opuestas de dicha crisis. Según este segundo grupo, los problemas de ese país se asocian más con el hecho de que la reforma estructural y la apertura comercial fueron insuficientes y que con base en la credibilidad ganada en los primeros años de la convertibilidad y con la respuesta oportuna de política durante el llamado efecto Tequila, en los últimos 5 años se descuidaron considerablemente las finanzas públicas.
En este contexto, era muy factible que la rigidez cambiaria, las perturbaciones externas negativas de los últimos años y el abultado endeudamiento llevarían a la crisis financiera que sufre hoy en día dicho país.

Si bien en mi opinión esta segunda visión es la que mejor explica los acontecimientos observados en aquella nación de Sudamérica, las tres principales lecciones que los países con mercados emergentes debemos derivar de esa experiencia son las siguientes:
a)En su origen la crisis de Argentina se derivó de que no se concretaron los acuerdos fundamentales con los principales actores políticos para asegurar una situación fiscal de solvencia. En particular, vale la pena destacar la falta de consensos entre la federación y las provincias respecto a las transferencias de recursos y a los ajustes del gasto a nivel provincial. De ahí la acumulación de una deuda externa voluminosa que en un momento ya no se pudo financiar. Ello revela otra faceta relevante de la problemática: que dada la debilidad de sus instituciones, las economías emergentes tienen un margen de maniobra escaso por lo cual deben reducir sus vulnerabilidades al mínimo.

b)La crisis argentina demuestra claramente que un elemento fundamental para limitar los efectos de las múltiples perturbaciones a que están expuestas nuestras economías, es contar con un grado de flexibilidad elevado en los ámbitos fiscal, monetario y cambiario, laboral y financiero.

c)En tercer lugar, la crisis argentina ilustra la importancia de contar con instituciones políticas, económicas y sociales sólidas. Sorprende, cómo a raíz de dicha crisis se violaron los derechos de propiedad, se alteraron las reglas del juego y se abusó de la discrecionalidad. Asimismo, la falta de consensos políticos suficientes para manejar la crisis en sus inicios, derivó en la profundización de los problemas y en el desprestigio de la clase política ocasionando la falta de gobernabilidad que se ha hecho evidente en los últimos 6 meses.

En México el cambio estructural y la globalización han transformado a la economía haciéndola más sólida y competitiva. Destaca a este respecto, el fortalecimiento institucional en tres ámbitos:

a)La apertura comercial;
b)La consolidación de la estabilidad macroeconómica; y
c)El fortalecimiento del régimen democrático;

Del proceso de apertura comercial que comenzó de manera unilateral en la década de los ochenta, surgió un nuevo esquema de incentivos para la industria de nuestro país. Este esquema se consolidó con la entrada de México al GATT y con la firma de varios tratados de libre comercio, entre los que destaca el TLCAN. De esta manera, la apertura comercial se institucionalizó, generando un entorno de certidumbre que promueve la inversión de largo plazo.

Respecto a la estabilidad macroeconómica, si bien hay que reconocer que ésta no se ha alcanzado plenamente, en los últimos años, aún con un poder legislativo plural, se ha mantenido la disciplina fiscal. Asimismo, en 1994 se otorgó autonomía al Banco de México y se le asignó como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

Sin embargo, en el ámbito macroeconómico México enfrenta todavía retos importantes. Uno de ellos es continuar el saneamiento de las finanzas públicas para elevar la capacidad recaudatoria del gobierno. Sólo así será posible aplicar una política social más agresiva a la vez de mantener la solidez de las finanzas públicas.

También en el frente de la estabilidad de precios se ha avanzado de forma considerable. Actualmente, la tasa anual de inflación ya es menor a 5 por ciento. Sin embargo, ésta es todavía elevada. Por ello, la meta de mediano plazo de la política monetaria es que al cierre del 2003 la inflación en México se ubique en alrededor de 3 por ciento.
Finalmente, es importante destacar que en México las reformas económicas se han adoptado en paralelo con el proceso de democratización. La democracia se ha arraigado en nuestro país y ha permitido que las medidas económicas se sustenten en un mayor consenso y soporte social. Muestra de ello es que por 5 años consecutivos se ha conservado la disciplina fiscal aún con Congresos plurales y que la alternancia en la presidencia no vino acompañada de una crisis financiera como en el pasado. En suma, el proceso de democratización ha sido congruente con la apertura y con la reestructuración económica.

La transformación le permitió al país una recuperación rápida y sostenida a partir de la crisis que estalló a finales de 1994. También sortear los efectos negativos de las crisis que aquejaron a los mercados emergentes en 1998 y la desaceleración de la economía mundial en 2001. Así, en los últimos seis años la economía de México creció a una tasa promedio de 4.5 por ciento.

Durante 2001, por primera vez en 30 años la economía de México se insertó de forma ordenada en un ciclo de desaceleración económica, con estabilidad en las principales variables financieras. En consecuencia, la economía mexicana se encuentra hoy en una posición más sólida para retomar el crecimiento económico en sincronía con la recuperación que ya se vislumbra de la economía mundial.
A este respecto, en las últimas semanas se ha recabado información que apunta a una recuperación más vigorosa de la actividad económica en los Estados Unidos. Esto se ha reflejado en una revisión al alza de los pronósticos relativos al crecimiento de la economía de dicho país.

En cuanto a México, los indicadores de la actividad económica ya muestran señales de recuperación aunque menos claras que en los Estados Unidos. Como comenté recientemente en la Convención Nacional Bancaria, las señales que sugieren el fin de la recesión y apuntan hacia un mayor dinamismo de la planta productiva son cada vez más evidentes.

Con base en esta información, el Banco de México anticipa que el crecimiento del producto entre el primer trimestre de 2002 y el mismo trimestre de 2001 todavía será negativo. Sin embargo, se espera que el crecimiento entre el primer trimestre de 2002 y el último de 2001 en sus series desestacionalizadas ya sea positivo.
Asimismo, en los meses transcurridos de 2002 la evolución de la inflación ha sido congruente con la meta de alcanzar al cierre del año una tasa menor a 4.5 por ciento. Ello puede constatarse en el hecho de que la inflación subyacente, aquélla que no está contaminada por fenómenos volátiles y transitorios, se situó el pasado marzo en 4.54 por ciento.

A manera de conclusión, cabe recalcar que si bien el crecimiento económico mundial parece estar recuperándose, la expectativa es que las economías de los principales socios comerciales de México crezcan en el futuro cercano a tasas menores que las registradas en el periodo 1995-2000. Por ello, para alcanzar en México el ritmo de crecimiento económico necesario para generar los empleos que el aumento poblacional requiere y simultáneamente elevar el nivel de vida de la población, es imprescindible avanzar en la agenda de reformas estructurales. Sólo la conclusión de las reformas permitirá alcanzar un mayor incremento de la productividad, una creación de empleos vigorosa, incrementos sostenibles en el salario real y mayor crecimiento económico.
Hay que cobrar conciencia de que demorar esas reformas implicará perder tiempo irrecuperable. Dichas reformas son indispensables para darle a la economía nacional la flexibilidad que necesita para que la planta productiva sea más competitiva y eficiente.
En la lista de reformas pendientes ocupan lugar principal la del sector eléctrico, la del marco normativo laboral, profundizar las reformas fiscal y financiera, y consolidar el Estado de derecho.
En un sistema político plural, el diálogo, e incluso el contrapunto, entre los poderes es una experiencia cotidiana. Lo relevante es el fondo, y a ese respecto es mucho lo que tenemos por avanzar en México. Del debate deben surgir los consensos necesarios para avanzar en la agenda pendiente.