La inseguridad pública en México

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado

Sintesis
En México se han iniciado los cierres de empresas o la cancelación de inversiones por la inseguridad, generándose importantes costos sociales implícitos para nuestro país. De ahora en adelante es necesario que la autoridad redoble esfuerzos para proteger la integridad física de las personas y la propiedad de sus bienes, no sólo porque son derechos inalienables de los ciudadanos, sino también para alcanzar los beneficios sociales de un ambiente de seguridad que permita la realización de un mayor desarrollo económico y social.

I. La inseguridad pública: consecuencias económicas y pérdida de competitividad

Introducción
La seguridad pública, por su naturaleza, debe ser provista por el Estado para proteger a todos los ciudadanos por igual y garantizar un estado de derecho. La existencia de éste permite desarrollar las actividades productivas de los ciudadanos y las empresas, fomentar un adecuado funcionamiento de la sociedad y asegurar un mayor bienestar social.

Uno de los problemas sociales de México que más están afectando actualmente a la ciudadanía es el de la delincuencia. Este fenómeno, que no sólo lesiona el patrimonio y la integridad física de las personas, sino también conlleva un deterioro en el estado de derecho, desalienta la inversión -principalmente la de largo plazo-, debilita la base competitiva del sector productivo nacional y, por ende, disminuye el potencial de crecimiento económico del país.

Dado que entre las características inherentes a la existencia de un estado de derecho está el adecuado control de las actividades delictivas, es fundamental que las autoridades combatan eficazmente la delincuencia con el fin de poder mantener un ambiente institucional que propicie la competitividad y el progreso de México.

El continúo crecimiento de la criminalidad es preocupante porque, al impedir el desarrollo económico, genera como consecuencia una mayor desigualdad y pobreza. En virtud de la importancia del problema de la delincuencia, el CEESP presenta este trabajo sobre la inseguridad en México. El objetivo de este análisis es exponer el papel fundamental del Estado como proveedor de seguridad pública, describir la evolución del problema de la delincuencia en México de acuerdo con las cifras oficiales y ponderar los costos económicos que impone la criminalidad, destacando sus efectos en la competitividad y en el desarrollo económico del país.

II. Seguridad pública, responsabilidad del Estado

Por sus características, la seguridad pública es un bien público que debe ser provisto por el Estado, tanto para cumplir con su función esencial de proteger los bienes y la integridad física de las personas, como para que se alcance un nivel de seguridad socialmente eficiente que promueva el desarrollo del país.

Un bien público presenta dos propiedades esenciales: la primera se refiere al principio de no-rivalidad en el consumo -el consumo de un bien público por un individuo no limita el consumo del mismo bien por otro individuo-; y la segunda, al principio de no-exclusividad -no se puede excluir a otros consumidores del consumo o "disfrute" del bien. La seguridad pública satisface ambos atributos ya que no es posible racionar su provisión a la sociedad, ni discriminar a ciertos segmentos de la población de su uso. De dejársele al sector privado la provisión del servicio de seguridad, su producción no sería suficiente para proteger a la totalidad de los ciudadanos equitativamente, pues no todos estarían dispuestos a pagar su costo una vez provisto el servicio por otros individuos.

En virtud de las dos propiedades de bien público, el sistema de seguridad pública será socialmente eficiente sólo si protege colectivamente a todos los ciudadanos. Este propósito se reconoce plenamente en la Constitución, la cual establece como obligación del Estado, en su artículo 21, la protección efectiva para la generalidad de los ciudadanos.
La eficiencia social deriva de que los beneficios de una adecuada seguridad pública multiplican los beneficios privados que obtienen los ciudadanos. Es decir, un sistema de seguridad eficiente no sólo genera beneficios privados a las personas y a las empresas, como sería una adecuada protección a la integridad física y a los bienes e inversiones, sino también genera la prevalencia de un estado de derecho cuyos beneficios, en la esfera social, se traducen en un ambiente propicio para que los individuos y las empresas desarrollen, sin la incertidumbre de la inseguridad, sus actividades productivas.

En contrapartida, cuando existe un ambiente de inseguridad, se generan importantes costos sociales adicionales a los costos privados. Estos últimos son manifiestos para las personas o empresas, ya que deben protegerse de ser víctimas de un delito. La protección de la integridad física y la propiedad de los bienes requiere, entre otras cosas, que se suspendan ciertas actividades -lo que limita la libertad-, se instalen alarmas u otros mecanismos de defensa, e incluso, en casos extremos, las personas adquieran armas de fuego para defenderse por su propia mano o decidan, sencillamente, mudarse de ciudad o país. Por lo que respecta a los costos sociales, la delincuencia y la inseguridad pública conllevan a la falta de un estado de derecho cuyas consecuencias económicas son, entre otras, el cierre de empresas y la cancelación de inversiones, lo cual conduce a una pérdida de fuentes de empleo y de generación de riqueza.

Con base en lo anterior, es fundamental que el Estado provea un sistema de seguridad pública que dé a todos los miembros de la sociedad protección y acceso adecuado a la justicia. La efectiva protección de la ciudadanía y de sus bienes favorece la creación de empresas, la inversión y la generación de empleos, elementos indispensables para el progreso del país.

En México se han iniciado los cierres de empresas o la cancelación de inversiones por la inseguridad, generándose importantes costos sociales implícitos para nuestro país. De ahora en adelante es necesario que la autoridad redoble esfuerzos para proteger la integridad física de las personas y la propiedad de sus bienes, no sólo porque son derechos inalienables de los ciudadanos, sino también para alcanzar los beneficios sociales de un ambiente de seguridad que permita la realización de un mayor desarrollo económico y social.

III. La seguridad pública en México

La criminalidad en México ha presentado un crecimiento importante durante los últimos años. El aumento de la delincuencia en el país ha sido de tal magnitud, que ha ocasionado un fuerte sentimiento de inseguridad entre la población, particularmente en la del Distrito Federal y en la de ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana.

Antes de presentar las cifras de la delincuencia, se debe mencionar que en México existen dos órdenes en la persecución de los delitos: los del fuero común y los del fuero federal. Los primeros son responsabilidad de las autoridades locales, mientras que los segundos, de las federales. Dado que la mayoría de los delitos que afectan a los ciudadanos son del fuero común, éstos son los de mayor relevancia para el análisis. Para puntualizar su importancia, en el año 2000 se identificaron cinco presuntos delincuentes del fuero común por cada uno del federal.

En cuanto a la tasa de presuntos delincuentes por habitantes, en la siguiente gráfica se aprecia su cambio tanto para el delito de robo como para homicidio intencional en el país. Mientras que para el primero se registra un crecimiento de 144 por ciento en el número de presuntos delincuentes por cada 100 mil habitantes de 1980 a 2000, el segundo registra una ligera tendencia decreciente desde principios de 1990, disminuyendo en casi 30 por ciento el número de presuntos homicidas por cada 100 mil habitantes.

El comportamiento contracíclico de la criminalidad respecto al crecimiento económico es evidente en la gráfica. Destacan los aumentos considerables en la tasa de robos de 72 y 45 por ciento en los años posteriores a las crisis de 1982 y de 1994, respectivamente. Se podría argumentar que el impacto de las crisis económicas en la tasa de robo explican mucho el incremento de la criminalidad en las últimas décadas.

Lo interesante de la tendencia de la delincuencia es, sin embargo, que ésta no se reduce proporcionalmente conforme al mejoramiento gradual en las condiciones económicas después de las crisis. Esto revela una inercia criminal: la inversión en dinero y tiempo realizada por los criminales (costos de entrada o inversión inicial) como armas, tecnología criminal, aprendizaje, contactos, etc., hace muy complicado que abandonen su "profesión".
En virtud de que esta inercia hace muy difícil reducir los aumentos en el crimen, existe el peligro de que choques transitorios en las condiciones que influyen en la criminalidad -como crisis económicas recurrentes- puedan tener efectos más permanentes en la delincuencia. Esto refleja otro aspecto relevante de los costos sociales de las crisis económicas.

Localización de la delincuencia

Por lo que respecta a la localización geográfica de la delincuencia, existe una marcada diferencia en su distribución dentro del territorio nacional. Con datos del año 2000, diez estados concentraron 58 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero común, los cuales cuentan con 46 por ciento de la población del país. El que concentra la mayor proporción de presuntos delincuentes en el país es el Distrito Federal con 11.3 por ciento. Le siguen los estados de Veracruz y del Estado de México con 7.7 y 7.3, respectivamente.
No obstante, para tener una mejor idea del riesgo que implica el problema de la delincuencia en los estados, a continuación se presenta el número de delincuentes del orden común por cada 100 mil habitantes en las entidades federativas.

Las entidades con mayor número de presuntos delincuentes por cada 100 mil habitantes son Sonora (302), Baja California Sur (301), Colima (298), Baja California (291) y Tamaulipas (275), en tanto que las de menor número fueron Hidalgo (83), Edo. de México (87), Puebla (90), Guanajuato (95) y Durango (115). El Distrito Federal se encuentra en la posición 22 de menor a mayor número de delincuentes con 205 por cada 100 mil habitantes.

Perfil delictivo

De los presuntos delincuentes registrados, destacan las siguientes condiciones sociodemográficas:
- Ocho de cada diez presuntos delincuentes tenían edades entre 16 y 44 años.
- Por género, se identificaron 817 hombres por cada mujer en el país.
- Ocho de cada diez presuntos delincuentes fueron consignados por un delito, uno por dos delitos y frecuencias más bajas para tres o más delitos.
- El 86 por ciento de los presuntos delincuentes eran personas ocupadas económicamente, donde de estos, nueve de cada diez realizaron estudios escolares. Por cada caso en el que se manifestó haber realizado estudios de preparatoria se observaron dos de secundaria, mientras que por cada uno que hizo estudios profesionales se reconocieron cinco de primaria.
- Destaca que a la mayor parte de los presuntos delincuentes (82 por ciento) se les dictó auto de formal prisión: ocho de cada diez casos tanto en el fuero común como en el federal.

IV. Implicaciónes de la delincuencia: menor crecimiento económico y deterioro de la competitividad

Un aspecto esencial del crimen es el relacionado con las pérdidas económicas y materiales que genera la delincuencia. Aunque económicamente hablando, el robo o asalto equivale a una redistribución de bienes de individuos u organizaciones a criminales -la pérdida de la víctima u organización es la ganancia del delincuente- la obtención por medios ilícitos es un costo, porque además de imponerle una pérdida al afectado, actúa como un impuesto expropiatorio que afecta la asignación de recursos y que genera un deterioro en el estado de derecho.

Aquí se describen los efectos potenciales del elevado nivel de delincuencia en México en la esfera social, es decir, más allá de los beneficios o costos que experimentan los ciudadanos en lo individual, al deteriorarse el estado de derecho. En particular, la falta de éste, que proteja la integridad física de las personas y de los bienes genera un ambiente poco propicio para la inversión y el comercio, lo que afecta de forma negativa la formación de capital, la competitividad de las empresas y la generación de empleos productivos. En suma, la delincuencia obstaculiza el crecimiento económico y contribuye a aumentar la pobreza.

De los principales costos de la falta de un estado de derecho, resultado del crimen y la violencia, destacan:

- el deterioro del acervo de capital físico de muchas formas, dentro de las cuales está la destrucción de infraestructura como carreteras, puentes, instalaciones públicas y plantas de generación de electricidad, usualmente a través de actos vandálicos;

- el impacto negativo en el ambiente de negocios que, al generar incertidumbre, desalienta la inversión y la generación de empleos. Un sector particularmente expuesto es la industria turística. Además, en la medida en que los actores privados tengan que orientar recursos para la protección de sus personas, inversiones y patrimonio, se pierden recursos productivos para la inversión y se generan costos adicionales de operación que restan competitividad a la planta productiva del país;

- la pérdida de capital humano, ya que la delincuencia induce a las personas a involucrarse en actos criminales en lugar de actividades socialmente productivas, aparte de la pérdida de vidas humanas por el delito de homicidio;

- la destrucción del capital social conformado por las leyes, normas e instituciones que hacen posible la organización social, factor necesario para mejorar la eficiencia a través de acciones coordinadas que contribuyen al crecimiento económico. De hecho, en un ambiente violento se sustituye el régimen de la ley por el de la fuerza y agresión;

- la desviación de recursos (sobre todo en países con poca capacidad fiscal) necesarios para actividades prioritarias como educación y salud hacia el combate a la delincuencia. El crimen contribuye, además, a la corrupción dentro de las dependencias públicas en la medida que pierden legitimidad cuando el público busca protección de servicios privados; y

- la generación de un círculo vicioso en el cual una alta tasa de criminalidad desalienta la inversión, frena el crecimiento económico, se profundiza el desempleo y se incrementa la pobreza y desigualdad económica, lo que a su vez genera más crimen y violencia.
No hace falta resaltar la importancia de los costos económicos y sociales que se derivan de las recién mencionadas consecuencias que generan el crimen y la violencia. Una consideración adicional que debe tomarse en cuenta es el costo intangible pero real que representa el número de empresas que se hubieran creado si los niveles de criminalidad fueran menores.

Estimar los costos arriba señalados, además de su dificultad, está fuera del alcance del presente análisis. Mas para dar una idea de su posible magnitud, algunas instituciones tanto nacionales como internacionales, consideran que el costo de la inseguridad pública en Latinoamérica en su conjunto representó el 12 por ciento del PIB regional en 19992. Esta cifra corrobora que las actividades delictivas son un gran obstáculo para el desarrollo económico del país.

2 La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), México Unido contra la Delincuencia y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Competitividad e inversión

La competencia -nacional e internacional- es uno de los temas más importantes que enfrentan las empresas y los gobiernos hoy en día. Políticas públicas encaminadas a incrementar la competitividad de las empresas están en la agenda de la mayoría de los gobiernos del mundo con el fin de incrementar el potencial de crecimiento económico de sus países.

En virtud de la decreciente importancia de las ventajas comparativas tradicionales -como mano de obra barata o la abundancia de recursos naturales-, es vital para las empresas contar con un ambiente de negocios propicio para la inversión, producción y comercialización de sus productos que eleve su competitividad.

Dado que las empresas responden racionalmente a las fuerzas económicas, la delincuencia influye en el proceso de toma de decisiones empresariales. Al hacer sus decisiones de gasto e inversión, los empresarios deben destinar recursos a la protección de sus bienes e inversiones. En México, la mayor incidencia de actos criminales y las pérdidas económicas que los acompañan -principalmente robo de mercancía y equipo- obligan a las empresas a gastar cada vez más en servicios de seguridad.

La relevancia del impacto que la inseguridad tiene en los costos de operación de las empresas es corroborado por los resultados de una encuesta del Banco Mundial sobre los factores que limitan el desarrollo empresarial en las distintas regiones del mundo. La encuesta revela que los costos de hacer negocios se han incrementado considerablemente por el robo y el crimen alrededor del mundo.

Los resultados muestran que Latinoamérica (LA) destaca como la región en la cual este problema es más pronunciado, donde el 90 por ciento de los encuestados consideraron que la delincuencia es un problema muy serio que eleva los costos de las empresas. En un nivel similar, la encuesta también revela que en los países del Commonwealth (EI), Europa del Este (EE), África del Sur (AFR) y el Sudeste Asiático (AS), el robo y el crimen constituyen factores que dificultan la operación de los negocios.

En contraste, los países desarrollados (PD) y los del Norte de África (AN) son los que reportan que el crimen y robo tienen el menor impacto en los costos de operación de sus actividades productivas. En la gráfica siguiente se puede apreciar que para las economías emergentes o en desarrollo (PE), el incremento del impacto de la criminalidad en los costos ha sido sustancial, explicando gran parte de la escalada en el ámbito mundial.