Del ciudadano peticionario y
del estado otorgante

Arturo Damm Arnal

Sintesis
Cada privilegio (apoyo, protección, subsidio, concesión monopólica) que otorga a favor de alguien es una coerción que impone en contra de alguien más, por lo general consumidores o contribuyentes. Un buen principio de gobierno es que las acciones del Estado deben ser neutras, siendo que en México sucede exactamente lo contrario: en el frente económico el Estado se ha dedicado a discriminar a favor de algunos y, necesariamente, en contra de otros.

I. Introducción

En México hemos recorrido ya un buen trecho en materia de cambio estructural: apertura comercial y tratados de libre comercio; privatización de empresas gubernamentales y desburocratización de la actividad económica; saneamiento de las finanzas públicas y autonomía del Banco de México, por mencionar lo más importante. En cada uno de estos renglones falta mucho por hacer, existiendo otros frentes de la economía (fiscal, energético, laboral, por citar los más urgentes) en los cuales falta todo por hacer, pendientes cuya solución fortalecería y multiplicaría los cimientos de nuestra economía.

Uno de los pendientes es la reforma del Estado, esa que, hasta el momento, se ha limitado, al nivel de propuesta, a modificar algunos artículos de la Constitución para adecuarlos a los nuevos tiempos (¿llegarán también a ser mejores?) sin plantear la pregunta de fondo: Estado, ¿para qué? Y mientras no la planteemos, y no la respondamos correctamente, seguiremos padeciendo un Estado excesivo y defectuoso, solicitado por unos (los beneficiarios de los privilegios obtenidos) y acusado por otros (los perjudicados de las coerciones impuestas).

II. Cambios
Mucho ha cambiado en los últimos años. Comparemos lo que es hoy la economía con lo que era hace diez años, antes de los cambios estructurales del salinismo. Recordemos lo que era la vida política de este país al final de la década de los ochenta del siglo pasado, antes del inicio de la alternancia en el poder público, con lo que es hoy, después del 2 de julio del 2000. Mucho es lo que falta, y ello puede llevarnos a la conclusión (a la que ya muchos llegaron) de que el cambio ha sido algo entre el engaño y el fracaso. ¿Será?

¿Dónde estaría hoy la economía si, por ejemplo, los mercados nacionales siguieran cerrados a la competencia de las importaciones? ¿Si Teléfonos de México fuera todavía una empresa gubernamental? ¿Si la banca comercial siguiera en las manos monopólicas del gobierno? ¿O si el Banco de México no fuera autónomo? En materia de economía la mayoría de los cambios se han dado en el sentido correcto. Entonces, ¿qué ha faltado? En primer lugar, ampliarlos y profundizarlos (falta mucho por hacer). En segundo término, complementarlos con los cambios pendientes (fiscal, energético, laboral) todo lo cual fortalecería y multiplicaría los cimientos económicos del país.

III. Todo igual

Los cambios no se pueden negar, tampoco las permanencias, entre las cuales destaca, ¡como una de las más arraigadas!, el ciudadano peticionario y el Estado otorgante. El ciudadano peticionario de privilegios estatales; el Estado otorgante de apoyos, protecciones, subsidios y concesiones monopólicas. En esto de las peticiones ciudadanas, y de los otorgamientos estatales, todo sigue igual, y botón de muestra son, en primer lugar, el Programa Nacional de Competitividad y, en segundo término, el Blindaje Agroalimentario, políticas públicas por medio de las cuales el Estado otorgará una serie de privilegios a favor de algunos sectores industriales, considerados estratégicos (automotriz; agroindustria; electrónica; software; textil y confección; químicos; construcción; turismo; comercio; cuero y calzado), y de algunos agroproductores incapaces de enfrentar la competencia del exterior (en los sectores de granos; oleaginosas; pecuario; avícola; porcícola; bovino y lácteos). En esta relación, entre el ciudadano peticionario y el Estado otorgante, todo sigue igual, muestra de lo mucho que falta por cambiar.

IV. Medios abusivos

¿Qué pretenden industriales y agroproductores, los peticionarios de este caso? Que el Estado los subsidie. La meta, conseguir el crecimiento y desarrollo de la industria y el campo, resulta inobjetable, no así el medio, que no es otro más el subsidio. Suponga que cualquier día de estos llaman a su puerta, abre, y se encuentra con un representante de (solamente por mencionar alguna) la industria automotriz nacional, quien le explica que ha ido a pedirle un donativo (que es sinónimo de subvención, que a su vez lo es de subsidio), en apoyo de esa industria que, por las razones que fueran, atraviesa por un mal momento. ¿Qué haría? ¿No le negaría el donativo y le diría que, más que buscar su apoyo como donante, se gane su favor como consumidor, ofreciéndole coches a buen precio, buena calidad y buen servicio?

¿Por qué los representantes de los industriales y agroproductores no hacen lo que hace el pedigüeño del ejemplo? Porque saben que la respuesta de la gran mayoría sería un rotundo no. Entonces, abusivos, recurren al Estado para que éste, usando su fuerza, les eche una mano. ¿Cómo? Cobrando impuestos (a cuyo pago el contribuyente no se puede negar) y utilizando parte de los mismos, no para que garantice la seguridad, imparta justicia, y ofrezca los bienes y servicios públicos, sino para subsidiarlos. ¿Qué tenemos? En primer lugar, un Estado que nos obliga a hacer algo que, voluntariamente, no haríamos, y a hacerlo NO a favor de la seguridad, la justicia, y los bienes y servicios públicos (a cuyo financiamiento sí estamos obligados), sino a favor de determinados industriales y agroproductores. En segundo término, la violación del derecho de propiedad sobre nuestros ingresos y patrimonio, parte de los cuales, por la vía del cobro de impuestos, se destinan, no al financiamiento de las legítimas funciones del Estado, sino al apoyo de determinados grupos, los ciudadanos peticionarios, a quienes el Estado otorgante responde generosamente, haciendo caravana con sombrero ajeno, es decir, con los impuestos del contribuyente.

V. ¿Y la legitimidad?

Lo anterior plantea, en primer lugar, la pregunta por la legitimidad de un Estado cuyas acciones no son neutrales: cada privilegio (apoyo, protección, subsidio, concesión monopólica) que otorga a favor de alguien es una coerción que impone en contra de alguien más, por lo general consumidores o contribuyentes. Un buen principio de gobierno es que las acciones del Estado deben ser neutras, siendo que en México sucede exactamente lo contrario: en el frente económico el Estado se ha dedicado a discriminar a favor de algunos y, necesariamente, en contra de otros.

Por ejemplo: si el Estado impone un arancel a la importación de mercancías su precio aumenta, se les resta competitividad frente a la producción nacional, se beneficia a los productores nacionales, pero se perjudica a los consumidores, quienes pagan un precio mayor del que pagarían si no se hubiera impuesto el arancel. Al beneficiar a los productores se perjudica a los consumidores, lo cual nos remite a la pregunta de marras: ¿dónde queda la legitimidad de un Estado que, por ayudar a algunos, perjudica a otros?
Otro ejemplo: si el Estado otorga un subsidio a determinado sector de la actividad económica, éste se beneficiará de ese trato fiscal especial, beneficio que pagan los contribuyentes no sujetos de algún tratamiento fiscal particular, lo cual nos lleva, de nueva cuenta, a la misma pregunta: ¿qué pasa con la legitimidad de un Estado que, al ayudar a unos, perjudica a otros?

Los tratos especiales otorgados por el Estado plantean, además de la multicitada pregunta por la legitimidad, la pregunta por la otra cara de la moneda: el mercantilismo (los apoyos, protecciones, subsidios y concesiones monopólicas otorgados por el Estado) consiste en un conjunto de medidas que se aplican, por lo general, a favor de los productores. Cito, uno entre muchos ejemplos posibles, las palabras del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, en la presentación del Blindaje Agroalimentario: El propósito es "cumplir con su compromiso (de Fox) de defender y proteger (ojo con los términos: defender, proteger; ¿estamos en guerra?) a los productores (...) Así, con toda la fuerza del Estado (ojo nuevamente con el término: toda la fuerza del Estado), determinó que las secretarías de Agricultura, Economía, Hacienda y de la Reforma Agraria (...) estableciéramos las medidas máximas posibles para apoyar, fomentar e impulsar a los agroproductores", y hacerlo por medio de tratos especiales. ¿Y los agroconsumidores, que al final de cuentas somos todos, agroproductores incluidos?

VI. Conclusión

El de Fox es un gobierno mercantilista, dispuesto a otorgar privilegios a favor de determinados sectores de la actividad económica, por lo general productores considerados, o estratégicos, o incapaces, privilegios que terminan pagando, en el corto y mediano plazo, o los consumidores, o los contribuyentes y, a la larga, los mismos productores, quienes al amparo de esos apoyos, protecciones, subsidios y concesiones monopólicas nunca alcanzan la verdadera competitividad (menores costos, mayor calidad y mejor servicio), que se logra compitiendo libremente en el mercado por el favor de los consumidores, no negociando (ciudadanos peticionarios) con el gobierno (Estado otorgante) esos privilegios, que siempre implican la imposición de una coerción en contra de alguien más. ¿El resultado final, del cual este escrito es una buena muestra? Lo dicho: un Estado excesivo y defectuoso, solicitado por unos (los beneficiarios de los privilegios obtenidos) y acusado por otros (los perjudicados de las coerciones impuestas). Cuánta razón tuvo Bastiat cuando, ya en el siglo XIX, definió al Estado como "esa gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo". Al final de cuentas, en todo gobernado mexicano se esconde un ciudadano peticionario y en cualquier gobernante un representante del Estado otorgante.