Ley de Transparencia:
un pacto de honestidad entre gobierno y ciudadanos

Benjamín Hill Mayoral

Sintesis
Una de las reformas más importantes que se han promovido hasta ahora, es la presentación de la iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFT), que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión el pasado mes de abril y que entró en vigor el 12 de junio de 2002. Esta Ley cambia en gran medida la relación entre la sociedad y el gobierno: Antes de esta Ley, la información generada por el gobierno se difundía bajo criterios discrecionales; no existían mecanismos que permitieran a los ciudadanos exigir del gobierno información sobre su gestión. Con la LFT, toda la información gubernamental se convierte en un bien público al cual los ciudadanos tienen derecho,

NOTA. El autor agradece la orientación y la información proporcionada por la Lic. Diana Hierro Berrondo, Subdirectora de Vinculación con Sociedad, para la elaboración de este artículo.

De un tiempo a la fecha, la palabra transparencia se ha convertido en moneda de uso corriente en el debate público. Cada vez más, la sociedad mexicana reclama del gobierno, de las empresas, de los partidos políticos, de grupos de la sociedad civil y hasta de los individuos, un mejor desempeño en cuanto a transparencia.

Transparencia significa que se ha establecido un pacto de honestidad gracias al cual podemos verificar que la actuación de un individuo o de una instancia se ha realizado de acuerdo a ciertos criterios éticos que todos compartimos; transparencia significa informar de las acciones que desarrollamos y rendir cuentas por ellas; implica ser responsables por nuestros actos y en suma, transparencia significa que nada debe quedar oculto para que no exista la oportunidad ni la sospecha de que se hizo algo indebido.

Una organización que abre sus procesos al escrutinio, vigilancia y crítica de los demás es una organización transparente. Por experiencias a nivel internacional, sabemos que el mejor mecanismo para prevenir y combatir la corrupción en el gobierno es la transparencia en los procesos internos de su gestión. Cuando el gobierno abre su información al escrutinio y vigilancia públicos, es más difícil que se presenten actos de corrupción. La corrupción florece cuando existe espacio para ocultarse; la corrupción necesita de encubrimiento para prosperar.

Desde que inició este gobierno, la Secodam ha hecho un marcado énfasis en el fortalecimiento de los aspectos preventivos de la corrupción promoviendo diversas reformas para hacer más transparente su actuación. Una de las reformas más importantes que se han promovido hasta ahora, es la presentación de la iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFT), que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión el pasado mes de abril y que entró en vigor el 12 de junio de 2002. Esta Ley cambia en gran medida la relación entre la sociedad y el gobierno: Antes de esta Ley, la información generada por el gobierno se difundía bajo criterios discrecionales; no existían mecanismos que permitieran a los ciudadanos exigir del gobierno información sobre su gestión.

Con la LFT, toda la información gubernamental se convierte en un bien público al cual los ciudadanos tienen derecho, con excepción de aquella información que se encuentra reservada por motivos planamente justificados y previstos en la misma Ley.

Anteriormente, no existía una regulación que precisara qué información debe ser ofrecida libremente y bajo qué mecanismos podemos acceder a ella. Ahora las reglas están claras y la transparencia es un derecho ciudadano.

La LFT es un elemento fundamental para la transparencia. En el Índice de Percepciones de Corrupción que realiza anualmente la organización Transparencia Internacional, se puede apreciar claramente que aquellos países que presentan los niveles más bajos de corrupción cuentan con leyes de acceso a la información pública, mientras que los países más corruptos no tienen leyes en este sentido.

La propuesta de Secodam es que esta Ley se convierta en un instrumento para abrir los espacios del actuar del gobierno que antes estaban ocultos y permitir que los ciudadanos tengan un mejor conocimiento de lo que hacen los gobernantes para exigirles que les rindan cuentas.

La Ley establece que los ciudadanos podrán solicitar información del gobierno a partir del 12 de junio de 2003, fecha en la que vence el plazo para que se ordene la información y las distintas dependencias y entidades establezcan los mecanismos para hacerla accesible. Hoy en día, no existe un criterio de clasificación de la información para todas las áreas del gobierno. Por ello, la Ley prevé un plazo de un año para que, con la asesoría del Archivo General de la Nación, se emitan los lineamientos de clasificación de los archivos gubernamentales, se capacite a los servidores públicos y, por último, se ordene toda la información.

Es importante aclarar que la Ley prevé la clasificación de cierta información como reservada o confidencial, la cual no podrá hacerse pública por un periodo de doce años .

Esto se estableció para evitar poner en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; menoscabar la conducción de las negociaciones o de las relaciones internacionales o dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.

El ámbito de aplicación de esta Ley es federal, es decir, obliga a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos constitucionales autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, a los tribunales administrativos federales y a cualquier otro órgano federal, a hacer pública su información.
La LFT obliga a estas entidades a publicar cierta información en sus sitios de internet, tales como:

- La remuneración mensual de sus servidores públicos por puesto.
- El sistema de compensaciones.
- Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal realizadas por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), las contralorías internas o la Auditoría Superior de Fiscalización.
- Las contrataciones que se hayan celebrado en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Muchas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se han adelantado en el cumplimiento de esta obligación y ya despliegan esta información en sus páginas de internet.

La Ley también ordena a las dependencias y entidades que proporcionen, en un plazo máximo de veinte días, la información específica que soliciten los ciudadanos. Para que el ciudadano sepa a quien dirigirse cuando solicite información, y con el fin de dar mayor transparencia a este trámite y proteger sus derechos, la Ley prevé la creación de los siguientes organismos:

- Instituto Federal de Acceso a la Información Pública: órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Estará encargado de resolver sobre las negativas a las solicitudes ciudadanas de acceso a la información y de proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Las resoluciones del Instituto podrán impugnarse ante el Poder Judicial de la Federación. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prevé sanciones administrativas cuando los servidores públicos incumplan las obligaciones previstas en la LFT.

- Unidades de enlace y comités de información en todas las dependencias y entidades del gobierno federal. Las unidades estarán encargadas de proporcionar la información que soliciten los ciudadanos y se establecerán con los recursos humanos, materiales y presupuestarios ya asignados, por lo que no implicarán gastos adicionales. Los comités de información coordinarán las acciones realizadas para proporcionar la información solicitada por los ciudadanos.

La LFT es una herramienta fundamental del sistema democrático que obliga al gobierno a rendir cuentas ante una ciudadanía que vigila su desempeño. Representa un auténtico pacto de honestidad entre gobierno y ciudadanos. En definitiva, esta Ley cambia radicalmente la forma en la que sociedad y gobierno se relacionan y con ella hemos dado un gran paso hacia la consolidación de un México Integro y transparente.