México
necesita cada vez más urgentemente
de decisiones eficaces para acelerar y sostener el desarrollo del país.
Que no las alcancemos no se puede atribuir a la democracia, sino a la incapacidad
de los actores políticos para negociar y alcanzar acuerdos. El argumento
que esgrimen constantemente para no comprometerse y decidir es el llamado “costo
político”. Se trata del efecto que los políticos temen tendrán
sus decisiones sobre su popularidad o, más concretamente, sobre su capacidad
para atraer votos en las elecciones siguientes.
Parece que la lógica
del político en México es entonces no minimizar, sino evitar a toda
costa los costos políticos. Es decir, asegurar que en las siguientes elecciones
tengan el máximo número de sufragios a su favor o de su partido.
Es como si las decisiones sólo se evaluaran por su popularidad y no por
los resultados concretos que puedan producir a favor del desarrollo general del
país.
Ésta es la lógica que explica por qué parece
mejor dejar $10 o $15 pesos en los bolsillos de los mexicanos más pobres,
en lugar de asegurarles el acceso realmente gratuito a servicios de calidad en
salud, educación, seguridad pública, etc. El dinero es altamente
visible, los servicios y las oportunidades parecen solamente promesas vagas. Al
ahorrar unas monedas a las familias, el político parece defender el interés
popular, cuando en realidad está abandonando a las capas más débiles
de la sociedad a sus propias fuerzas y negándoles el apoyo solidario y
subsidiario de un Estado vigoroso.
Al orientarse sólo por el “costo
político” los responsables de las decisiones ignoran necesariamente
la eficacia de las decisiones para conseguir resultados útiles al país.
Dejan de lado además que, aunque con un desfase en el tiempo, las decisiones
correctas, aunque impopulares al principio, pueden terminar siendo saludadas por
la sociedad, cuando ella constata que conducen a resultados prácticos y
positivos a favor de la comunidad.
El político responsable puede tomar
dinero de los bolsillos de las familias cuando está comprometido a utilizarlo
en su beneficio; cuando puede asegurar que valdrá mucho más una
vez convertido en servicios públicos y oportunidades para el ciudadano.
El costo político de tomar se convierte así en confianza y a la
larga en capital político. Es como el empresario que asume hoy los costos
de una inversión y obtiene después las utilidades cuando el proyecto
prueba su rentabilidad.
Los responsables de las decisiones no deben temer al
costo político de las medidas que tomen, siempre y cuando se comprometan
con ellas y aseguren su eficacia y su contribución directa a la prosperidad
del país. México está urgido de políticos que sepan
invertir su capital político en las decisiones que sabemos acelerarán
y mejorarán la sostenibilidad del crecimiento y del desarrollo de nuestro
país. Necesitamos políticos dispuestos a sacrificar popularidad
y votos en el presente, para poner en práctica las reformas estructurales
que requiere la viabilidad futura del país. El costo político es
así sólo un factor —por cierto, bastante insignificante—
en la toma de decisiones. Los resultados efectivos en desarrollo y prosperidad
son los criterios que deben ser privilegiados al valorar y tomar las decisiones. |
|  |  | José
Luis Barraza González
Presidente de Coparmex |
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