“Debo... lo niego”

Un grupo de 250 habitantes de San Salvador Atenco, quienes se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto para el Distrito Federal y su zona metropolitana, se “manifestaron” a través del bloqueo de carreteras, robo de tráileres con víveres y bebidas, y secuestro de funcionarios estatales y federales.

Por si esto fuera poco, también evitaron la realización de las elecciones federales del 9 de marzo y otros delitos más. ¿Cuál fue el castigo por cometer estos actos? Ninguno. La Procuraduría de Justicia del Estado de México decidió “reservar” 46 averiguaciones previas y cinco procesos penales a cambio de que este “Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra” entregara vehículos e inmuebles del gobierno que mantenían en su poder.

¿Recuerda usted el famoso caso del Paraje San Juan? Más allá de darle la razón a una u otra parte en el sentido de pagar o no la cantidad de dinero demandada, el punto es muy sencillo: una jueza dictó sentencia condenando al Gobierno del Distrito Federal a pagar $1,810 millones de pesos a los particulares afectados.

La respuesta del Jefe de Gobierno fue la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la integración de una comisión especial que investigara el caso. Tal petición fue desechada y la respuesta pública fue abrir una consulta popular a los habitantes del Distrito Federal sobre si el gobierno debía o no pagar.

No podía faltar en esta bella vitrina casos de particulares contra particulares. Una empresa decide vender coches a costos bajísimos, con la condición de que los vehículos porten publicidad. Los fondos de la empresa no pueden cubrir los costos de las unidades y, por lo tanto, tampoco entregan las mismas a muchos de quienes ya aportaron alguna cantidad de dinero.

Los defraudados se organizan y se comienzan a manifestar a través de marchas. La exigencia: que el Congreso destine una cantidad de dinero para que se cubran los daños generados por esta empresa. Por supuesto que no faltó uno que otro legislador oportunista que se comprometiera a encabezarlos y luchar por que sus demandas fueran atendidas.

Y ahora que recordamos las marchas: ante la tan llevada y traída “mega marcha” que convocaron algunos políticos y legisladores en contra de la privatización de la industria eléctrica y del IVA en alimentos y medicinas —que por cierto terminó con muy pocos manifestantes que literalmente prefirieron huir por el aguacero que se soltó—, el gobierno no sólo protegió a los manifestantes, como de costumbre, sino que les proporcionó servicios públicos como baños y, por si eso no fuera suficiente, terminó repartiendo tortas. Así hasta dan ganas, ¿no?

Finalmente, en Tlalnepantla, Estado de México, surge un conflicto entre habitantes y autoridades. Los manifestantes se quejan y para “apoyar” estas exigencias llegan los mismos de siempre: el Comité General de Huelga (CGH) de la UNAM, habitantes de San Salvador Atenco y uno que otro extranjero muy preocupado por lo que sucedía. Lo curioso del asunto es que no sólo nadie los invitó sino que los propios habitantes de Tlalnepantla terminaron corriéndolos. Las autoridades locales protegieron el municipio y aseguraron una camioneta llena de machetes. A ver si en otras entidades de la República toman nota.

Así es el Estado de Derecho en México: aquel que en el discurso de todo político o funcionario público ocupa el primer lugar; aquel que en la práctica se convierte en el concepto más maltrecho.E