Entre enero de 1971 y febrero del 2004 se acumuló, en la economía mexicana, una inflación de 442,597.81 por ciento. Por su parte, el PIB por habitante, que es la manera correcta de medir el crecimiento de la economía resultó, en diciembre del 2003, igual que el de diciembre de 1981. Estas dos cifras muestran que el comportamiento de nuestra economía, en las últimas décadas, ha sido mediocre: hubo años buenos, seguidos de malos. Lo ganado en los primeros se perdió en los segundos, y el resultado final fue la mediocridad, que ha limitado las posibilidades de progreso económico de millones de seres humanos, tal y como lo muestran las siguientes cifras: el 51.7% de los mexicanos sobrevive en la pobreza; el 85.8% de la población ocupada genera ingresos no mayores a los 207.65 pesos diarios, y el ingreso promedio de los hogares es de $8,437 pesos mensuales.

La causa principal
Una de las principales causas del desempeño por demás mediocre de la economía —con los efectos negativos en el ámbito de la economía familiar, y por lo tanto en el bienestar de millones de personas— han sido los excesos y defectos cometidos por el gobierno, los de antes y el de ahora, debiendo de aclarar que antes el gobierno era, para todo efecto práctico, el Poder Ejecutivo, y que ahora lo son tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Esos excesos y defectos han sido el resultado de la combinación de medidas socialistas, mercantilistas y keynesianas, con las mejores intenciones, pero con los peores resultados.
En este punto hay que ser muy claros: el desempeño mediocre de nuestra economía no ha sido resultado de la casualidad, sino de la causalidad:

• de la violación de los derechos de los agentes económicos a la libertad para emprender y consumir, y a la propiedad sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción;

• de la ausencia del Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas, que son aquellas que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de la persona a la vida, la libertad y la propiedad;

• de la inflación, es decir, de la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, por la cual hemos carecido de una de las condiciones indispensables del progreso económico: una moneda sana y fuerte, que mantenga la estabilidad de precios y preserve el poder adquisitivo de consumidores y ahorradores;

• de un sistema tributario que ha hecho del cobro de impuestos una expoliación legal;

• de un sistema presupuestario que ha hecho que el gobierno gaste en lo que no debe, razón por la cual gasta de más, sin olvidar que no pocas veces gasta de mala manera;

• de una deuda gubernamental que crece sin cesar;

• de un mercado laboral que, dadas las leyes que lo rigen y las prácticas que acostumbra, limita la productividad y la competitividad de las empresas, en general, y de los trabajadores en particular;

• de una excesiva burocratización de la actividad económica, que eleva los costos de la misma, genera corrupción, y promueve la ilegalidad;

• de una excesiva centralización de la administración pública;

• de prácticas proteccionistas que limitan la competencia y, por lo tanto, la competitividad del aparato productivo.

Todo ello ha sido por efecto del socialismo, mercantilismo y keynesianismo, que fueron los tres pilares de las políticas económicas de los gobiernos de antes, y que siguen estando presentes en el gobierno de hoy.
Así lo muestra, por poner un ejemplo, la prohibición constitucional para que los particulares inviertan en la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de electricidad (lo cual viola el derecho a la libertad para emprender, y el derecho de propiedad sobre los medios de producción), dando como resultado el monopolio gubernamental en la industria eléctrica (práctica proteccionista que limita la competencia en un sector que, precisamente por ser estratégico, debería estar sujeto a la disciplina de la competencia, sin olvidar, en primer lugar, que allí donde no hay competencia, lo que existe, por definición, es la incompetencia; en segundo término, que una empresa monopólica, gubernamental o privada, podrá ser muy competitiva, pero nunca tanto como lo sería si estuviera sujeta a la disciplina de la competencia y, por último, que la competencia entre empresas da como resultado la competitividad en las empresas, traduciéndose todo ello en menores costo, mayor calidad y mejor servicio).

Propuesta
Si la economía mexicana ha de volver a crecer de manera elevada, general y sostenida (no menos de 7.0 por ciento al año), para lo cual se requiere, de entrada, la estabilidad de precios (inflación anual no mayor al 4 por ciento), hay que eliminar (minimizarla no basta) la posibilidad de poner en práctica medidas socialistas, mercantilistas y keynesianas, que pueden dar buenos resultados, a corto plazo, para determinados grupos de agentes económicos, pero que, a la larga, terminan perjudicando a todos.

Para lograrlo hago eco de la propuesta del Centro de Estudios Económico-Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, de Guatemala, el cual, sintetizando las ideas de varios colaboradores, redactó los Diez mandamientos para el nuevo gobierno, nuevo gobierno que, en el caso de México, lo será, no a partir del 1 de diciembre del 2006, no en la medida en la que un nuevo partido político llegué a Los Pinos, sino en la medida en la que el gobierno cumpla este decálogo:

1) Respetarás, sin excepción, los derechos individuales
2) Crearás un verdadero Estado de Derecho
3) Tendrás una moneda sana
4) Eliminarás el impuesto sobre la renta
5) Reducirás el gasto del gobierno
6) No te endeudarás
7) Liberarás el mercado laboral
8) Simplificarás los trámites administrativos
9) Descentralizarás la administración pública y
10) Eliminarás los aranceles

Conclusión
Uno de los problemas que enfrentamos en México es la total discrecionalidad del gobierno, sobre todo a la hora de decidir el rumbo de la economía: así, en unos cuantos años, pasamos del nacionalismo revolucionario de López Portillo al liberalismo social de Salinas de Gortari, y en los próximos años podremos pasar a lo que al gobernante en turno se le ocurra, con la posibilidad de que esas ocurrencias se inclinen a favor de medidas socialistas, mercantilistas y/o keynesianas, por una razón muy sencilla, ya esbozada: pueden dar buenos resultados, a corto plazo, para determinados grupos de agentes económicos, siendo que, en el marco de la democracia electoral, eso: resultados inmediatos para unos cuantos, es lo que promete cualquier candidato a cualquier puesto de elección popular.

Sin embargo, en el marco de la realidad económica, caracterizada por la escasez, cualquiera de esas medidas, a largo plazo, termina perjudicando a la mayoría. Es por eso que, la vista puesta en los efectos generales y de largo plazo de las políticas económicas de corte socialista, mercantilista y/o keynesiano, hay que eliminarlas, para lo cual el gobierno, cualquiera que sea, debe cumplir con el decálogo expuesto, que debe ser la base para redactar un nuevo capítulo económico de la Constitución, ya que el actual es, en muy buena medida, la síntesis del socialismo, el mercantilismo y el keynesianismo, mucho más inclinado a favor del nacionalismo revolucionario lopezportiliista, que al liberalismo social salinista, pero ambos muy alejados de lo que es la economía de mercado.

Imaginemos lo que puede pasar si, en el 2006, llega a la Presidencia de la República algún candidato convencido de que el camino para la economía mexicana, después de cuatro sexenios de neoliberalismo (que de liberalismo ha tenido muy poco: ha sido más un pragmatismo liberalizante que un liberalismo de principio) debe ser el que marcaron, en el segundo tercio del siglo XX, el socialismo, el mercantilismo y el keynesianismo. Si eso sucede la economía mexicana volverá a transitar por el camino ya recorrido durante la docena trágica, 1970-1982, de Echeverría a López Portillo, con buenos resultados, para algunos, en el corto plazo, con la crisis económica, para todos, a la larga.

Esta es la posibilidad que debe eliminarse, para lo cual hay que hacer del nuestro un buen gobierno, sobre todo en materia de políticas económicas, condición necesaria para una mejor economía. ¿De qué manera? Adoptando, en el ámbito constitucional, el decálogo.EE