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El
reto de los fenómenos económicos:
cómo
enfrentarlos por los actores laborales
Juan
S. Millán Lizárraga
Sintesis
En
1995 los sectores laborales promovimos una Nueva
Cultura Laboral, conscientes de la necesidad
de impulsar no solo reivindicaciones salariales,
sino también los retos de productividad
y competitividad de las empresas. Los resultados
de ese ejercicio se han traducido en un avance
en la capacitación laboral, convenios
exitosos de productividad, nuevos consensos
para modernizar la legislación laboral.
Mecanismos
similares debe atender la transición:
reforma fiscal, crecimiento económico,
reforma a los sistemas de bienestar, reforma
al sistema educativo, entre otros.
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En primer
término quiero agradecer a los organizadores
de este importante Foro, y de manera especial al Gobernador
del Estado de Nuevo León, nuestro amigo Fernando
Canales Clariond, por darme la oportunidad de estar
en esta ocasión con ustedes.
Para
todo político, y de manera particular para quienes
tenemos la responsabilidad de gobernar, este tipo de
foros constituyen una magnífica oportunidad para
intercambiar ideas y también conocer diversos
puntos de vista de sindicalistas, académicos
y analistas que día a día estudian los
asuntos de índole laboral. Recordemos que las
mejores armas con que contamos en la actualidad, son
el diálogo y el conocimiento.
Mi convocatoria
es que hagamos uso de ese diálogo y ese conocimiento
para establecer acuerdos; para dignificar el ejercicio
de la política como vía para dar un impulso
decisivo al progreso social y económico de nuestro
país. Puede haber una gran cantidad de problemas,
puede haber déficits de todas clases, pero nunca
debemos permitir que haya déficit de esperanza,
déficit de proyecto de futuro.
Por eso,
en el momento que hoy vive nuestro país, es necesario
abrir un amplio debate nacional y discutir en el terreno
de las ideas, de las propuestas y de las acciones, para
enfrentar de mejor manera, los graves problemas que
vivimos como nación.
Tenemos
que hacerlo con frescura intelectual, despojados de
prejuicios, superando todo conservadurismo y, sobre
todo, evitando caer en desbocamientos ideológicos.
La sociedad
que hoy tenemos presenta tres grandes transformaciones
que impactan todos los ámbitos de la vida cotidiana,
y de manera particular las relaciones de índole
laboral. Me refiero a la globalización, a la
nueva economía de la información, y a
los profundos cambios en los valores políticos
y sociales de los individuos. Reconocer esta nueva circunstancia
es crucial para quienes actúan en la esfera de
lo laboral.
Esta
nueva realidad ha provocado que los mercados de trabajo
sean más inestables, más flexibles, más
segmentados, y que también sean trasnacionales.
Me preocupan
los jóvenes, pues ahora entran con mayor dificultad
al mercado laboral, y aún con mayor grado de
escolaridad, sólo consiguen empleos inestables
y poco remunerados. Todo ello ocurre en un contexto
donde el proceso económico demanda trabajadores
en permanente capacitación a lo largo de su vida
productiva. Pero además, donde los sistemas de
bienestar social, los servicios de salud y el otorgamiento
de prestaciones a los trabajadores, se están
haciendo financieramente insostenibles.
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En
México la situación en el terreno
laboral es sumamente complicada. Baste señalar
que la encuesta nacional de educación,
capacitación y empleo nos muestra que existe
un trabajador estudiando por cada tres que ya
no lo hacen. Es urgente encontrar nuevas respuestas;
es importante garantizar mayor justicia social;
es necesario generar mayores oportunidades, sobre
todo para los jóvenes y las mujeres.
Frente
a la globalización, debemos sostener el
principio de que el progreso también tiene
que ser global. Tenemos que estar atentos, porque
en la globalización, tal y como se nos
está presentando, los ciudadanos perciben
una falta de sentido político en las decisiones
y en el curso de los acontecimientos.
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Por eso,
tenemos que rehabilitar la política como mecanismo
para establecer acuerdos y definir acciones. Y esta
rehabilitación necesariamente pasa por el Estado.
El Estado debe seguir siendo el centro de los compromisos
sociales; el lugar de arbitraje del diálogo social;
y el factor que logre y fortalezca la cohesión
social que debe existir en torno a un proyecto de nación.
Y tenemos
que actuar ya, en el contexto de la globalización,
fenómeno que impacta directamente a nuestro país
e impone nuevos retos a los trabajadores. La globalización
genera una creciente interdependencia económica,
la expansión del comercio internacional, un mayor
movimiento de los flujos de inversión extranjera.
Todas
estas actividades son respaldadas por un sorprendente
avance tecnológico y por el uso del conocimiento
como principal fuente de desarrollo. Sabemos que esta
nueva realidad ofrece oportunidades inéditas,
pero también impone costos, sobre todo de tipo
social y laboral.
La instrumentación
de políticas de ajuste para buscar posibles beneficios
con la inserción en el ámbito internacional,
genera conflictos y enormes tensiones en cada centro
de trabajo. Muchas regiones, un gran número de
empresas e importantes grupos sociales aún permanencen
excluidos del desarrollo.
Es evidente
que importantes aspectos sociales y productivos han
quedado de lado y necesitan recibir mayor atención
por parte de las políticas públicas. Debemos
admitir que durante años se privilegió
el equilibrio de los indicadores macroeconómicos,
pero se desatendieron las prioridades productivas en
términos de desarrollo regional, y de mejoramiento
en la calidad de vida de la población. Se cuidaron
los grandes números, pero se desatendió
la economía real.
Los trabajadores
no quieren de-sorden macroeconómico, pero tampoco
aceptan que sobre el esfuerzo de ellos se edifiquen
mansiones para beneficio de unos cuantos.
En aras
de conservar la estabilidad de los mercados financieros,
se dejaron de atender apremiantes necesidades de muchos
sectores productivos, de pequeñas empresas y
sobre todo de los trabajadores y sus familias.
Por esta
razón, hoy estamos ante el reto económico
de impulsar un crecimiento productivo sólido
y estable, respaldado con una política que posibilite
abatir las grandes desigualdades sociales y regionales.
Necesitamos
que el crecimiento económico sea compatible con
una política social que distribuya la riqueza
y garantice igualdad de oportunidades para todos los
mexicanos. De manera particular, quiero mencionar cinco
grandes retos económicos, que desde mi punto
de vista tienen que ser objeto de especial atención
para verdaderamente generar mejores condiciones de vida
para los trabajadores mexicanos.
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1.
Educación
Tengo
la firme convicción de que cuando un pueblo
piensa en la educación, está pensando
también en un mejor futuro. Como país
tenemos que priorizar la inversión en capital
humano. Necesitamos inducir cambios orientados
a mejorar la calidad educativa y a elevar el nivel
promedio de escolaridad, que actualmente es de
sólo 7.5 años. Tenemos que garantizar
que cada vez más trabajadores tengan la
oportunidad de estudiar una carrera universitaria.
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2. Instrumentación
de una política social incluyente
Existe
la necesidad de combatir la pobreza y mejorar sustancialmente
la distribución del ingreso. Las marcadas desigualdades
sociales de nuestro país, requieren de una estrategia
que garantice igualdad de oportunidades para todos.
Más y mejores empleos, y estímulos a la
pequeña empresa, deberán ser mecanismos
para una mejor distribución de la riqueza nacional.
3. Impulso
al desarrollo regional
Estoy
convencido de que debemos encontrar mejores equilibrios
geográficos y productivos. En los próximos
años tendremos que realizar necesarios ajustes
a nuestro modelo económico para dar mayor vitalidad
al desarrollo en los estados y para fortalecer el mercado
interno a través del mejoramiento en los salarios.
4. Promoción
del desarrollo sustentable
Que preserve
los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.
Este asunto es de primordial importancia para garantizar
crecimiento económico con mayor calidad de vida
para los mexicanos.
5. Necesidad
de instrumentar una nueva forma de gobierno
Los mexicanos
queremos un gobierno eficiente en sus acciones, con
verdaderos programas de fomento productivo, que traslade
recursos y decisiones a los estados y municipios, que
impulse una reforma fiscal orientada a promover la inversión,
a mejorar la infraestructura básica, y que posibilite
la instrumentación de una política social
redistributiva.
La atención
a estos cinco puntos es algo impostergable, ya que en
la hora presente no es posible dar por supuesto el bienestar
social para los trabajadores. Este bienestar tiene que
ser producto de una política pública,
puesto que para su consecución deben concurrir
múltiples factores que sólo en este ámbito
es posible articular.
Considero
que México, por razones de historia y de cultura,
por razones de justicia y de estabilidad social, no
alcanzará su pleno desarrollo si nos limitamos
a la estrecha lógica de las fuerzas del mercado.
Las políticas públicas que articulen lo
global y lo regional deben precisarse con un sentido
de eficiencia económica, pero también
con un claro sentido de responsabilidad social.
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Por
ello, es inaplazable alcanzar un desarrollo económico
que conjugue eficiencia y justicia, crecimiento
y distribución, y que haga compatible la
participación del mercado y el estado.
La transformación económica tiene
que traducirse también en una reforma social,
para responder a las demandas de los grupos que
están en desventaja ante el proceso de
modernización que vive el país.
Se
requiere una reforma que acentúe el criterio
de equidad. Equidad que significa igualdad de
circunstancias para que los individuos puedan
incorporarse a los procesos sociales y productivos,
con libertad para desarrollar su potencialidad
y creatividad.
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Nuestra
visión del desarrollo requiere que el gobierno
no sea actor privilegiado en las decisiones políticas,
económicas y sociales, pero que tampoco sea irresponsable
frente a las necesidades y rezagos colectivos. El gobierno
mexicano debe preservar sus funciones redistributivas
de ingreso y justicia, esa es la parte de solidaridad
que le corresponde.
Es un
hecho que la globalización de los mercados y
las finanzas, que la revolución de la tecnología
y la integración del comercio, han consolidado
un mundo cada vez más interdependiente. Pero
debemos reconocer que la globalización no supone
un proceso por el cual el mercado sustituye a la acción
política. Yo nunca aceptaré esto ni siquiera
como posibilidad.
Al contrario,
la globalización exige de la política
realismo e imaginación. Realismo para asumir
los retos e imaginación para establecer acuerdos
y para garantizar la cohesión ciudadana en torno
a un proyecto de desarrollo de largo plazo.
En los
tiempos de globalización, México demanda
de verdaderos políticos, de líderes sociales
que diseñen y propongan acciones para fortalecer
nuestras instituciones, para crear nuevas formas de
organización y para instrumentar programas más
eficaces en materia de desarrollo social.
Esto
es muy importante, porque algunas dificultades para
avanzar en la transición en México, tienen
que ver con desfase entre los escenarios y los instrumentos
para hacer política. En México estamos
pasando de un mundo político conducido por políticos
formados en períodos de gobiernos centralizados
y poderosos, y que confiaban en sus reglas, a otro dirigido
por individuos más escépticos al gobierno,
a partidos y a sindicatos.
Los ciudadanos
pierden confianza en el gobierno. Muestran desencanto
e incredulidad ante las soluciones políticas.
Diferentes encuestas muestran que uno de cada dos mexicanos
no confía en el gobierno ni en los gobernantes;
tenemos una proporción más alta que en
países desarrollados.
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Es
por ello, que los mexicanos necesitamos ahora
gobiernos más horizontales, cercanos a
la ciudadanía, amparados en la legalidad,
transparentes, promotores de políticas
públicas incluyentes. Así, la lucha
por la igualdad, la justicia social y la diversidad
cultural reclama nuevas formas de hacer política.
Estos valores arraigan más entre los jóvenes
y los más educados, que constituyen la
nueva fuerza laboral de la economía.
En
respuesta, las fuerzas políticas se disputan
el centro y proclaman la nueva agenda: crecimiento
sostenible, empleo, educación, salud, seguridad
social, cuidado del ambiente, control de la criminalidad,
respeto a la pluralidad política y a la
diversidad cultural.
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Debemos
reconocer, sobre todo quienes detentamos responsabilidades
de gobierno, que muchas fórmulas del pasado perdieron
eficacia. Si no lo asumimos, perderíamos la oportunidad
de aprovechar la revaloración que traen los nuevos
tiempos, y los gobernados tendrían que pagar
las consecuencias.
En nuestro
país ya aprendimos que no debemos insistir más
en el viejo dilema de propugnar o por más mercado
o más Estado. Estamos construyendo un conjunto
de organismos, acuerdos institucionales, nuevas relaciones
que equilibran, sin limitar sus potencialidades.
Con las
reformas económicas emprendidas desde mediados
de la década de los ochenta, aprendimos a trabajar
en una economía de mercado, abierta, y lograr
avances de competitividad y productividad en el mercado
mundial. Pero también supimos de sus efectos
nocivos: desempleo, concentración de la riqueza,
desatención a la formación del capital
humano, daño ecológico, crisis financieras.
La dependencia
tan directa con el mercado estadounidense explica que
en este año más de 200 mil empleos perdidos
sean de los estados fronterizos. La falta de una verdadera
política para las actividades agropecuarias explican
el drama que todavía viven los productores del
campo y de los litorales mexicanos.
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La
marginalidad y pobreza siguen en aumento por no
haber encontrado formas eficaces para armonizar
la política económica con la política
social. El descontento ciudadano que condujo al
relevo partidario en la conducción del
gobierno de la república, aún sigue
activo.
A
casi un año de funciones de la nueva administración
federal, es evidente que se arribó al poder
con un mandato claro de las reformas que era necesario
realizar. Pero han sido insuficientes los instrumentos
para hacerlas efectivas, en los diferentes niveles
de gobierno.
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Todavía
no han funcionado las formas de hacer política,
de crear consensos, alianzas y compromisos estables.
En 1995
los sectores laborales promovimos una Nueva Cultura
Laboral, conscientes de la necesidad de impulsar no
solo reivindicaciones salariales, sino también
los retos de productividad y competitividad de las empresas.
Los resultados de ese ejercicio se han traducido en
un avance en la capacitación laboral, convenios
exitosos de productividad, nuevos consensos para modernizar
la legislación laboral.
Mecanismos
similares debe atender la transición: reforma
fiscal, crecimiento económico, reforma a los
sistemas de bienestar, reforma al sistema educativo,
entre otros.
Para
que los sectores laborales no sigan siendo los perdedores
de los cambios económicos de la globalización,
deben involucrarse activamente con una estrategia propia
en estos procesos.
Quiero
ser muy enfático al señalar el error,
de que sería lamentable, que cualquier modificación
a la legislación laboral en México, corresponda
a las urgencias de un solo sector. En el México
de hoy, ya no caben las decisiones unilaterales.
Tenemos
que aprender de las experiencias, pero sobre todo aprender
otra forma de hacer política, más horizontal,
mediante el diálogo, sin improvisaciones, que
no sacrifique resultados sociales en aras de fortalecer
imágenes públicas.
Todo
esto que ahora he mencionado son, a mi juicio, los retos
económicos que enfrenta nuestro país.
Corresponde a los protagonistas de la política
gubernamental y laboral emprender las acciones necesarias.
Los mexicanos,
los jóvenes y las mujeres, exigen no sólo
atención a los problemas, sino también
la generación de mayores oportunidades.
Basta
ya de posponer decisiones. Soy un convencido de que
debemos atender los aspectos laborales, para promover
el progreso económico, para promover la justicia
social y la igualdad de oportunidades, pero sobre todo
para garantizar la cohesión social, que es el
único elemento de legitimación real de
la política.
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