No es concebible el Estado de Derecho sin una base firme de seguridad pública y social, pues sobre ésta se construye aquel y en ésta culmina. Lo grave, lo peligroso, es cuando se comienza a hablar de inseguridad en vez de seguridad. Acoto al margen que la lamentable situación que se vive en el Distrito Federal, y una de cuyas manifestaciones más recientes estuvo en las circunstancias en que salió un Secretario de Seguridad Pública y fue designado otro, es en gran parte el resultado de una confrontación política.

Desde la gran capital que es asiento de los poderes públicos de la República, se hace política para encumbrarse en la política, se soslaya la ley, se le ignora, no se le aplica. No digo que en todos los casos pero si con una frecuencia que preocupa, excepción hecha de la Procuraduría de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia. Y es que el político suele caer bajo el hechizo de la demagogia y prefiere apresurar el paso para obtener votos, confianza del electorado, en vez de ajustar sus hechos y acciones a la legalidad. O algo todavía peor, incurre en el vicio de burocratizar la ley.

Max Weber tiene un libro precioso intitulado, "Qué es la burocracia", en cuyo capítulo 7 trata el tema de burocracia y derecho. Aquí leo y cito lo siguiente (con la aclaración de que tecnócratas y demagogos incurren en el mismo defecto): "Una igualdad formal ante la ley, y una distribución y administración ‘racionalmente calculables’, tal como las exigen los intereses burgueses, no sirven a las masas desposeídas... Todo tipo de justicia popular, así como todo genero de influencia de la llamada opinión publica sobre la administración, traban el desarrollo racional de la justicia y de la administración con una fuerza semejante a la de los manejos astrológicos de un gobernante absoluto. En este nivel, es decir, en las condiciones de una democracia de masas, la opinión publica se reduce a un comportamiento comunal surgido de sentimientos irracionales. Por lo general, lo difunden o determinan los dirigentes de partido y la prensa".

Creo que las líneas anteriores encajan perfectamente en la forma y manera como hoy se gobierna en la ciudad de México y en gran parte del país.

La inseguridad, valga decir violencia y criminalidad, es el resultado de una serie de causas. Por lo tanto, es un hecho que hay que investigar en su etiología; investigar, clasificar y sistematizar. Solo así se podrá combatir adecuadamente el delito y prevenirlo. Prevención inmediata en el sentido de investigación y clasificación de las causas generadoras de la delincuencia con el fin de evitar el que subsistan y proliferen.

Se oye hablar de un esfuerzo importante para la creación de un Instituto Nacional de la Inseguridad, hasta donde entiendo y se sabe, sin el carácter de responsabilidad directa del Estado y del gobierno. Por mi parte, creo que es así mismo imprescindible un Centro Nacional de Investigación y Prevención de la Criminalidad, dependiente del Estado y del gobierno. Aquí se determinarían las causas endógenas y exógenas de la delincuencia.

Como la sociedad es un cuerpo social, hay que atender las causas endógenas y exógenas que propician la que llamamos sociedad criminógena. Por ejemplo, la sociedad mexicana se ha vuelto cada día más consumista, absorbiendo e importando valores o desvalores impropios de nuestra idiosincrasia, lo cual incide en los índices crecientes de la criminalidad. Adoptamos, por desgracia y en especial de Allende el Río Bravo, costumbres, estilos, modos y usos ajenos a nuestro temperamento. La consecuencia es que la sociedad mexicana se disgrega en su estructura cultural y se vuelve aceleradamente inconforme, violenta y agresiva, por haber asimilado mal aquellos organismos culturales que no son nuestros.

He aquí un tipo definido de causas exógenas que contribuyen a la transformación de la sociedad patria en una sociedad insegura e inestable. Y si hablamos de la especie de causas endógenas, éstas corresponden a los resortes de acción, de movilización de una sociedad que se ha alejado de su conciencia cultural, (me remito a Samuel Ramos, en "El perfil del hombre y la cultura en México"). Padecemos una invasión cultural, o pseudo cultural proveniente, sobre todo y ya lo dije, de Allende el Río Bravo.

¿Qué pasaría, me pregunto, si en ese Centro Nacional de Investigación y Prevención de la Criminalidad se emitiera un informe para el país, dándole cuenta de la naturaleza y condición de las causas exógenas y endógenas de la criminalidad en la sociedad mexicana? Pues se sabría qué somos en este sentido y por qué somos eso. Se tomaría conciencia de los rasgos y aspectos de la psicología de nuestra sociedad. Los políticos y los gobernantes no suelen manejar el asunto, porque seguramente lo consideran exclusivo de los estudiosos e investigadores, de los intelectuales.

¿No serviría de algo presentarlo a la República, al menos para ver con claridad espacios obscuros o ignorados de nuestra personalidad colectiva? Como no hay personalidad colectiva posible sin personalidades individuales, tendríamos a la vista la realidad de lo que somos. Así, me parece, se podría ofrecer al pueblo una política criminal represiva y preventiva a seguir, de vasos comunicantes con los distintos núcleos de la sociedad y de la administración publica; y convencer al país, a los gobernados, haciéndolos de alguna manera partícipes de la factibilidad de tal política, partícipes de una preocupación que es mucho más de la mitad del camino a recorrer en busca de soluciones.

El presidente de la República, en su último programa de radio "Fox contigo", se remitió nada menos que a Santa Teresa, llamada también Doctora de Avila, egregia figura de la mística universal y cuyo camino a la perfección es inconcebible sin la verdad. "Hablar con la verdad", enfatizó el presidente. Entonces, ¿por qué no hablarle al pueblo con la verdad de lo que somos, de lo que peligrosamente estamos siendo en materia de inseguridad, violencia y criminalidad?, Saber tal verdad serviría, sin duda, para tomar conciencia de las proporciones del problema y asumir un grado de responsabilidad en la búsqueda de las soluciones más convenientes y adecuadas.

Donde hay focos agudos de inseguridad y delincuencia se les afronta diseminándolos, desperdigándolos; se abaten los índices de criminalidad acá para que luego suba allá. Y en el inter se abarrotan las cárceles y se apilan las montañas de papel de averiguaciones y expedientes en las agencias del ministerio publico, en los juzgados y en los tribunales.

Por eso sostengo que la inseguridad creciente y alarmante, o sea, la delincuencia en sus distintas expresiones y manifestaciones, solo podrá ser combatida y reprimida con efectividad, si primero se le detecta y determina para después, con criterio científico, clasificarla y sistematizarla de acuerdo con sus causas.

Hay inseguridad que se vuelve criminalidad. La pregunta elemental es ¿Por qué la hay?, ¿A qué se debe que la haya?. Sin responder esto es un absurdo todo combate contra ella o toda pretendida solución para desterrarla; son palos de ciego. ¿Cómo es posible querer eliminar una enfermedad sin saber exactamente a que se enfrenta uno, cuál es la etiología de la misma? Hasta hoy sólo se administra la enfermedad social de la inseguridad y del delito, por más buena fe que se tenga en hacerlo.

Ahora bien, hay cosas a las que uno no se debe acostumbrar. Y en este sentido me ha llamado mucho la atención lo que dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Dr. José Luis Soberanes Fernández, persona por demás respetable y capaz, al ser entrevistado en la radio pocas horas después de que rindiera su último informe de actividades ante el Congreso, al comentar sobre las recomendaciones que hace la Comisión. Afirmó textualmente que "es natural" que la Procuraduría General de la República haya recibido un número considerable de recomendaciones, habida cuenta de lo que amerita su función en sí; con lo cual se da o se daba por descontado, casi por natural, el frecuente ejercicio extralimitado, constitucionalmente hablando, de la autoridad ministerial.

Aquí hay algo muy importante en qué pensar. Nos falta un amplio margen de maduración en la que se ha denominado "cultura de la legalidad", (sería mejor de "aplicación a la legalidad"). Vemos como natural lo que no es o no debe ser; y verlo así favorece, quiérase que no, el desarrollo de la inseguridad.

Desde hace tiempo se vienen analizando varias causas de la inseguridad en nuestro país y en la ciudad de México, que es su espejo; y al respecto pocas veces se le ha prestado atención a la inseguridad substancial del Estado de Derecho. Es innegable que material o formalmente hablando tenemos constitución, leyes, reglamentos, etc., siempre ponderados y ensalzados en el solemne discurso oficial. Sin embargo, lo cierto es que no se cumple cabalmente con el Estado de Derecho.

El bienestar republicano reclama el acatamiento de la Constitución y de la ley, y ellos no tuvieron en cuenta que en los términos de los artículos 87 (para el presidente en concreto) y 128 constitucionales: "todo funcionario publico, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen". ¿Por qué en aquella crisis, que lo fue, el presidente no ejerció las facultades que le corresponden como titular del mando de la fuerza pública en el Distrito Federal?

La Constitución es muy clara en la materia que nos ocupa. El artículo 122 (Base segunda, fracción 22, inciso D) y respecto al jefe de gobierno del Distrito Federal, prescribe como facultad suya, a la que se sujeta el estatuto de gobierno del propio Distrito Federal, "nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes" (se lee en el texto).

Es de señalar que la Constitución, en el mismo artículo 122 (Base quinta, letra E) ordena que "en el Distrito Federal será aplicable respecto del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución". Añadiendo lo siguiente: "la designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el estatuto de gobierno.

Así las cosas veamos la fracción referida y el estatuto correspondiente. La fracción VII dice a la letra: "la policía preventiva municipal (léase del Distrito Federal), estará a mando del presidente municipal, (léase según mi parecer del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aunque reconozco que hay quienes sostienen que se trata del jefe de gobierno del Distrito Federal), en los términos del reglamento correspondiente (léase del estatuto de gobierno del Distrito Federal). Aquella acatará las órdenes que el gobernador del estado, (léase que el presidente de la República) le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden jurídico. El ejecutivo federal tendrá el mando (y esto confirma mi parecer de que se trata del presidente de la República) de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente". Y tener el mando es dirigirla, coordinarla y hacerse responsable de ella; aunque dicho mando se pueda delegar.

Por su parte el artículo 34 del estatuto de gobierno del Distrito Federal ordena en su párrafo primero que: "corresponde al presidente de la República el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal y la designación del servidor público que la tenga a su cargo, a propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal. El servidor público que tenga el mando directo de la fuerza pública en el Distrito Federal podrá ser removido libremente por el presidente de la República o a solicitud del jefe de gobierno del Distrito Federal". A su vez y de manera terminante la fracción XX del artículo 67 del estatuto faculta y obliga al jefe de gobierno a "ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública".

¿Por qué López Obrador no lo reconoció desde el primer momento? ¿Por qué tuvieron que transcurrir 7 días en que la capital del país careció de titular visible de esa fuerza? Se actúo al margen de la constitucionalidad y de la legalidad. Se hace la política sin respeto, ni conocimiento, ni aplicación de la ley. Política "de facto" que no "de juré". ¿Adónde nos lleva? La respuesta es evidente: a la inseguridad jurídica y a la inseguridad publica; al deterioro del Estado de Derecho.

Esa política equivocada fomenta la inseguridad, que es una atmósfera que se respira, es un estado de ánimo que contagia. Y nada, absolutamente nada, vale la pena dentro de la dinámica social si la delincuencia sienta sus reales y se mofa de los principios rectores del estado. Negocios, quehaceres, trabajos, inversiones económicas, esfuerzos educativos, etc., se vuelven quimeras que se lleva el huracán de la furia, de la violencia, de la agresividad.

Yo someto a la consideración de ustedes la siguiente reflexión que juzgo muy importante. Desde las esferas más altas del gobierno, y si la memoria no me falla desde que el hoy presidente era candidato, se ha sugerido la creación de un Consejo Ciudadano en materia de seguridad y a escala nacional. Un Consejo en sí es un órgano colegiado con la función de informar al gobierno o a la administración sobre determinadas materias. En el caso de la seguridad o la inseguridad, no es suficiente. Y no sería constitucional ni legal, como tampoco efectivo, otorgar al Consejo alguna clase de atribuciones ejecutivas.

Evoco, por cierto, que la famosa ronda nocturna (el alguacil mayor y acompañado de varios ayudantes haciendo su ronda habitual por la ciudad, pero a la caída de la tarde aunque lleven linternas), obra maestra de Rembrandt, no es en rigor nocturna aunque se le llame así; se trata de una ronda vespertina. La nocturnidad, curiosamente, se la ha dado al lienzo la patina del tiempo. Es decir, desde la fecha en que fue pintado, a mediados del siglo XVII, y hasta hoy, la edad lo ha añejado y obscurecido, como al vino. Y ese caminar el alguacil mayor en la ciudad, custodiado por ayudantes y vecinos, era una costumbre de los tiempos. Ciudades pequeñas, que literalmente cerraban sus puertas al obscurecer.

¿Casi medio siglo después se les puede pedir lo mismo a los habitantes y estantes de las ciudades y capitales del país? ¿Consejo Ciudadano? De acuerdo, aconsejemos al gobierno pero sobre bases y fundamentos científicos. El presidente ha hablado de la participación de los gobernados para denunciar delitos y no aceptar en la comunidad a quienes delincan, exigiendo así mismo de las autoridades que se nos mantenga informados acerca de la seguridad o inseguridad. Tampoco es suficiente.

Hay pruebas plenas de que el pueblo no confía en esas denuncias por no confiar o desconfiar de la autoridad. ¿Y cómo se instrumentaría la no aceptación en la comunidad de quienes delinquen? ¿No los delincuentes, antes de esto, deben ser investigados por el ministerio público, consignados ante un juez si ello procede, sentenciados condenatoriamente si ha lugar y, si la pena es de prisión, readaptados socialmente allí para que retornen al seno de la sociedad? ¿No hay un patronato de reos liberados que precisamente les busca reubicación social y trabajo? ¿No son estos los principios básicos de nuestro artículo 18 constitucional y del sistema penitenciario nacional? ¿Cómo conciliar lo anterior con la buena fe y patriotismo del presidente? ¿Que se nos mantenga informados? La información entraña un diálogo entre el informante y el informado; pero si no se le da crédito al informante no hay información posible.

Y hago tres preguntas al tenor de tal crítica. ¿Cómo es posible que el jefe de gobierno de la ciudad se atribuyera facultades en materia de fijación de horarios para el verano y el invierno cuando la ley, por lo menos, no era clara? ¿Cómo es posible que su policía preventiva, que sus cuerpos de policía de seguridad, se hayan hecho y se hagan de la vista gorda ante acciones ilícitas a cargo de quienes confunden la autonomía universitaria con la impunidad? ¿Y cómo es posible que el empecinamiento (obstinación, aferramiento, encaprichamiento) del jefe de gobierno de la ciudad lo impela a desconocer el texto constitucional en lo que atañe a sus atribuciones?

Es así como a mi juicio se mantiene y conserva el caldo de cultivo de la violencia, de la inseguridad, de la criminalidad. Una clásica concepción del derecho lo define como una perpetua voluntad. Eso es lo que se requiere en toda la República y en la ciudad de México: voluntad política. Somos una Federación y cada Estado asume su propia responsabilidad, cierto; lo que no impide en la cuestión de la seguridad pública una coordinación a cargo del poder Ejecutivo Federal. Su ausencia, su demérito en la conciencia popular, favorecen la inseguridad. No respetar la ley, no acatar su mandato y luego, como consecuencia inmediata, recurrir a la demagogia burocrática y a la burocracia demagógica, solivianta el ánimo de los inconformes y los inclina a la violencia; lo que aunado a múltiples y diversas causas criminógenas propicia la inseguridad publica.

Por eso el primer paso para vivir y convivir en paz es que se acaten las reglas sociales vertidas en el derecho. Político que no lo haga es un mal o pésimo político, aunque recurra a la que llamo política carismática que rebasa los postulados del derecho.

La cuestión de la inseguridad pública (en virtud de las condiciones presentes son confundibles los términos de seguridad e inseguridad públicas) debe salir, salvo el espacio de su investigación, del campo del derecho. En otras palabras, ni la ley, ni el trabajo previo de los legisladores, ni la impartición de justicia, o sea, ni el poder Legislativo ni el Judicial, son los organismos adecuados para enfrentar la inseguridad.

Vale la pena recoger el acertado lamento del Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Don Genaro Góngora Pimentel, quien hace algunos días declaró ante la prensa que el presupuesto de la Corte es precario, por la reducción que le hiciera el Congreso de la Unión, para cumplir cabalmente con su cometido. Y añadió que el Procurador General de la República ha dispuesto que se aumente el número de agentes del ministerio público federal en determinadas plazas, siendo que la ley establece que donde las haya debe haber igualmente defensores de oficio; lo cual es imposible porque no se tiene con qué pagarles. ¡y esto es tratándose nada menos que de la justicia de la nación!

No se sabe a ciencia cierta, o no lo sabemos los gobernados, si el responsable de tal barbaridad ha sido el Congreso de la Unión o la Secretaria de Hacienda. Y digo barbaridad porque es inconcebible que en un país tan necesitado de justicia no se disponga de un presupuesto mayor para ella.

En suma, hay varios capítulos olvidados o deficientemente tratados en el vasto tema de la seguridad o inseguridad públicas. No se ha puesto la necesaria atención en el sistema penitenciario del país. Hay una manifiesta inseguridad penitencia. Sería ilusorio pensar siquiera que se cumple con el mandato constitucional de la readaptación social del delincuente, sometido con frecuencia a vejaciones que más se identifican con la venganza que con el propósito defensivo de la sociedad por medio de la pena.

El mundo del derecho penal avanza por el derrotero de los substitutivos penales, de un margen más amplio para las medidas de seguridad (prácticamente letra muerta en nuestra legislación), de la sentencia indeterminada y del perdón judicial. ¿Y nosotros que? Se camina a tropezones con un presupuesto raquítico en materia de justicia y seguridad pública, con una infraestructura ridícula en el entorno de un Estado de Derecho; y se le da prioridad a la edificación de un país sobre la arena de la inseguridad pública, que es incertidumbre para vivir y convivir.

El presidente Fox, al inaugurar el pasado Lunes 25 las nuevas oficinas de la Procuraduría General de la República, convocó a las instituciones que tienen que ver con la seguridad pública, con la procuración de justicia, con la impartición de justicia y con la generación de leyes, a presentar un frente común ante la delincuencia cerrando todo espacio y ventaja al que se llama crimen organizado.

En la procuración de justicia se persiguen los delitos, se investigan delitos ya cometidos. ¿Qué puede hacer una Procuraduría para evitarlos? En el poder Legislativo se generan las leyes, se aprueban. ¿Qué pueden hacer diputados y senadores para evitar los delitos? ¿Multiplicación de tipos penales, penas más duras? Ya lo vimos, de nada sirven.

El problema es de seguridad pública, de política criminal. De nueva cuenta es imperativo reclamar que los responsables del gobierno del país cumplan con lo dispuesto en el penúltimo y en el último párrafos del artículo 21 constitucional, cuya letra dice que: "la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios"; y que no confundan la seguridad pública, única y exclusivamente a cargo de las instituciones policiales, incluido un sistema nacional de seguridad pública, con procuración de justicia, impartición de justicia y elaboración de leyes.

El frente común contra la delincuencia debe ser del estado y del gobierno en las áreas de la vigilancia, en la prevención y, desde luego, de la represión inmediata. Pero que no se caiga en el error de suponer que las procuradurías, las leyes y los tribunales de justicia tienen una tarea que cumplir en la especie. Que no se diluya la responsabilidad directa y especifica del estado y del gobierno. Cuidado, porque si atomizamos esa responsabilidad nos alejamos de la solución del problema. Se reconoce la buena voluntad pero que se aplique el estado de derecho así como las formulas y principios del derecho.

Yo me felicito de haber participado con mi verdad, dicha honestamente y con el afán de servir, en este Foro para analizar el problema número uno en México, la seguridad pública equivalente a la inseguridad pública, convocado y organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) bajo el patrocinio del Gobierno del Estado libre y soberano de Tlaxcala. Dicha Confederación reúne lo más granado de la fuerza productiva del país.

El mensaje es muy claro, no hay progreso económico sin garantías de seguridad jurídica y social. No hay democracia ni cambio democrático en un país donde impunemente se secuestra, se asalta, se roba, se lesiona, se mata. No hay nada donde nos tiene en jaque la delincuencia organizada o desorganizada. ¿Y de qué México hablamos? ¿Del que esta en constante enfrentamiento con la delincuencia, librando una batalla desigual en que el estado y la sociedad sufren golpe tras golpe; o del que con la participación responsable de los gobernados y de las fuerzas productivas, de los universitarios y de los intelectuales, quiere recuperar el espacio de eficacia, dignidad y vigencia que ha perdido el derecho? Yo he hablado de este México, del México nuestro, por encima de partidos políticos y concesiones al interés personal.