La historia se repite. Cada fin de año, conforme se acerca la fecha para aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos, no falta el legislador bien intencionado que proponga sacar los pesos que se necesitan para cuadrar las cuentas “gravando más a los productos que afectan la salud de millones de mexicanos, como las bebidas alcohólicas”, entre otros.

La tentación de gravar a las bebidas alcohólicas más allá de lo racional ha dado lugar a muchas anécdotas aleccionadoras en todo el mundo y a lo largo de distintas épocas. Recordamos una, en la Escocia del siglo XVIII, en las colinas alrededor del río Spey, cuando la corona británica, en su afán recaudatorio, accedió inclusive a pagar una recompensa a quien denunciara a los destiladores clandestinos de whisky o smuglers, quienes se negaban a pagar un tributo desmedido y a cumplir reglas y permisos muy rígidos por parte de los recaudadores o gaugers. Fue tan absurdo, que los smuglers se auto denunciaban, entregando en prueba de haber localizado a uno de estos destiladores clandestinos, las piezas dañadas —y las más caras, por cierto— de sus equipos portátiles, como los alambiques y serpentines. Cuando la autoridad llegaba a castigar al smugler, obviamente ya no había nadie allí.

La cuestión es que, de acuerdo con la Comisión de la Industria de Vinos y Licores (CIVYL), organismo que agrupa a las principales empresas dedicadas a la producción y comercialización formal de bebidas alcohólicas, la sobre tasación que padece la industria en México se ha traducido en un incremento de la informalidad, vía el contrabando y la adulteración.

El daño que se le ha producido a la industria, de acuerdo con CIVYL, se puede entender muy fácilmente si se observa que en 2003 el sector apenas estará comercializando alrededor de 55 centavos de cada peso que se vendía en 1994, en un mercado que, sin embargo, ha incrementado su tamaño año con año desde entonces.

Algunos medios han publicado la cifra de que en México se están vendiendo entre 38 y 40 millones de cajas de bebidas alcohólicas al año (por caja se entiende la que contiene 12 botellas de 750 mililitros cada una o de 9 litros en total), de las cuales la mitad o más son contrabando o adulteración. No citan fuentes.

La CIVYL establece que es muy difícil hablar de cifras, pues ni el contrabando ni la producción informal publican sus datos. La organización estima que, en este 2003, en México se venderán entre 15 y 16 millones de cajas de bebidas alcohólicas por parte de la industria formal, pero de lo que sí se está seguro es que las empresas del sector están trabajando a la mitad de su capacidad, y con el riesgo de incurrir en despidos si no se da una recuperación adecuada con la temporada de fin de año.

El que esté vigente un acuerdo presidencial para descontar una sexta parte de ese IEPS excesivo habla de una falta de certidumbre jurídica en la industria. La CIVYL da cuenta de por lo menos ocho cambios en la legislación fiscal en los últimos 10 años. Esta falta de certidumbre jurídica, amén de los problemas legales que origina y que encarecen costos, incide en problemas graves como inhibir el empleo y la inversión, entre otras consecuencias, como consecuencia de una caída en las ventas formales, sin que se haya reducido el consumo de alcohol. Además, aunado a la situación de crisis económica, las familias gastan menos, lo cual implica un desplazamiento del consumo hacia la informalidad, así como menor recaudación y mayor delincuencia organizada por ser un tema lucrativo y sin penas significativas.

¿Qué hacer para ponerle un remedio a la situación? La CIVYL ha realizado un estudio exhaustivo en el que ha detectado que, por cada punto porcentual que se incrementa el precio de venta de las bebidas alcohólicas, las ventas caen en un 2.6 por ciento. Tomando ese factor de elasticidad de la demanda, ha propuesto a las autoridades ajustar las tasas con las que se grava a la industria. Esto se traduciría en un incremento en las ventas de licor formal, y por ende, de la recaudación. Además, se reducirían los efectos nocivos de la informalidad, como la ingestión de licor de calidad dudosa o nociva, y la delincuencia asociada a su comercialización.

La propuesta de CIVYL contempla fijar una tasa máxima de 45% al IEPS, considerando una tasa de IVA de 15%, lo cual contribuiría con un incremento en la recaudación real cercana al 5%, lo que volvería a impulsar el crecimiento de la industria formal y a desincentivar a la informalidad.

En fin. Las cuentas maltrechas de la industria formal están claras. Es cosa de tomar la decisión de apoyar la formalidad.