Por
Charles H. Oppenheim |
Entrevista con Federico Reyes Heroles “Necesitamos
que el futuro Presidente de México pueda gobernar”
En
una decisión tomada “al cuarto para las doce”, sin el consenso
de todos los partidos (pues la votación fue de 360 a favor y 80 en contra,
en contraste con la votación de 1996, que fue unánime), los diputados
finalmente nombraron a los nuevos consejeros electorales, encabezados por el académico
Luis Carlos Ugalde, que suceden al Consejo General presidido por José Woldenberg.
|
| En
nuestra pasada edición, Woldenberg hizo un balance de su gestión
al frente del Instituto Federal Electoral (IFE). En esta importante coyuntura
—en la que le esperan grandes retos al IFE y al proceso de transición
democrática de México en general— entrevistamos a un analista
político ajeno al proceso interno (aunque en algún momento su nombre
fue ventilado en la prensa como posible sucesor de Woldenberg, posibilidad que
puntualmente declinó).
Federico es fundador de la revista Este País,
investigador de la Coordinación de Humanidades y profesor de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del consejo de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidente del consejo rector de Transparencia
Mexicana (capítulo de Transparency International), colaborador regular
del periódico Reforma y un destacado novelista.
A
tu juicio ¿cuál es el papel que ha desempeñado el IFE en
este proceso de transición democrática que estamos viviendo en México?
Bueno,
yo comenzaría diciendo que hay un efecto sobre la sociedad que ha sido
reconocido por todos a través de los años y que se retrata de manera
muy precisa en un dato: un mes antes de las elecciones de 1994 el 80% de la población
decía que en ese proceso habría ineludiblemente fraude electoral;
o sea que cuatro de cada cinco ciudadanos opinaban de esa manera. Esas elecciones,
que si bien fueron reconocidas por el entonces presidente Ernesto Zedillo como
“no justas” en términos de campaña, sí tuvieron
un reconocimiento de legitimidad muy particular y descendió considerablemente
el porcentaje de escépticos al 50%.
Un mes antes de las elecciones
de 1997, la mitad de los mexicanos (el 49%) seguía pensando en la posibilidad
de un fraude y, aunque el porcentaje seguía siendo muy alto, ya se observaba
una tendencia muy noble y sana. Se dio el proceso de la elección intermedia
de Zedillo y el porcentaje de escépticos descendió notablemente
un mes antes de la elección del año 2000, en la que el 80% de los
mexicanos no creía en el fraude. Es decir, le dimos la vuelta a una página
de nuestra historia —una página terrible— en relativamente pocos
años, y por supuesto hablo ahora sobre el efecto en la sociedad.
Se
creó un referente claro de credibilidad que tomó mucho tiempo generar
y que cristalizó en estos últimos años. Ahora, ¿cuánto
le ha costado al país la reforma política? Pues aproximadamente
unos $3,500 millones de dólares, incluyendo la credencial de elector, que
significó un esfuerzo adicional y que, como es sabido, tiene cualquier
cantidad de candados y seguros para evitar su violación. Yo creo que era
un costo que había que pagar: si lo vemos en términos históricos,
es una inversión sumamente fructífera de la que podemos obtener
un sinfín de beneficios, pues ¿dónde estaría ahora
el país si no existiera un sistema electoral creíble? La credencial
era creíble y sin embargo no era creída. Por eso hubo que ponerle
tantos candados.
¿Y qué tal la crebibilidad
externa?
Creo que no hay duda acerca de que buena parte de los flujos
de inversión que hay en México provienen precisamente de ese proceso
democratizador que se ha convertido en uno de los atractivos de esta latitud mexicana,
de tal manera que el impacto interno fue altísimo pero también el
impacto externo.
El IFE se ha convertido en un referente internacional
de cómo pueden crearse instituciones. Nuestro país está aún
en un proceso de creación institucional —como la mayoría de
las economías emergentes— en las que las instituciones consolidadas
no llevan muchos años de existir. Además, el IFE es una clara muestra
de cómo los mexicanos podemos construir instituciones en un área
particularmente fangosa. Recuerdo aquellas explicaciones que decían que
los mexicanos éramos fraudulentos casi por genética propia. El IFE
demuestra que, en efecto, sí podemos crear una institución con credibilidad.
Ahora
bien, si pudimos en el caso del IFE, ¿por qué no lo intentamos con
el Poder Judicial, por ejemplo? Cuando el Banco Mundial pregunta cuál es
el principal obstáculo para los inversionistas en México, la respuesta
señala como primer elemento a la corrupción y en segundo término
al sistema legal y la falta de certidumbre jurídica. Entonces ahí
viene el cuestionamiento de cuánto nos costaría lograr acreditar
un sistema judicial siguiendo el ejemplo del IFE, a lo que yo respondo que no
mucho más y este sería un país muy diferente.
Estableciendo
diferencias, en el caso del IFE hubo un borrón y cuenta nueva; es decir,
se reinventó el instituto y se “ciudadanizó”. En el caso
del Poder Judicial, a tu juicio ¿deberían seguir siendo los mismos
actores?
Es un buen punto. La discusión en México
ha ido evolucionando, y tengo un ejemplo real: en alguna ocasión, siendo
Fernando Gutiérrez Barrios el secretario de Gobernación, me pidió
que lanzara algunas ideas acerca de por dónde debería venir la reforma
política. Yo sugerí que el IFE debería adquirir autonomía
política y el representante del Partido Socialista Unificado de México
(PSUM) me dijo que era un traidor porque le estábamos quitando funciones
que eran obligación del Estado mexicano.
Cito este ejemplo para
ubicar la evolución del debate: la Comisión Federal Electoral —que
fue la abuela de la actual institución— poseía una conformación
no muy equitativa para todos los participantes, pero también hay que admitir
que en ese momento la oposición era otra completamente diferente. El México
de finales de los 70 y principios de los 80 estaba preocupado por otras cosas
muy distintas a las de la actualidad. José López Portillo no tuvo
contendiente en la carrera presidencial; entonces también es cierto que
las instituciones responden a la modalidad que la ciudadanía va exigiéndoles.
Yo
soy miembro del consejo de la CNDH y estoy pensando en la evolución particular
de este organismo, pero cuando se ve la trayectoria que ha seguido desde su nacimiento,
encontramos varios partos y no fue sino hasta el sexenio de Ernesto Zedillo cuando
adquirió la configuración institucional que guarda actualmente,
dándosele autonomía presupuestal; pero también fue de aproximación,
ya que nosotros íbamos elevando nuestras exigencias: en ese sentido el
IFE es un referente de lo que pueden ser otras instituciones que deben ser estatales.
| | | En
el caso del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), que tiene un registro y una producción informativa fantásticos,
así como un grupo notabilísimo de profesionistas alrededor, carece
sin embargo del estatus de independencia que todos desearíamos tuviera
para confiar en que no hay usos políticos de la información que
genera.
Regreso al Judicial: en este caso el estatuto propio de los jueces
y magistrados ya es de pertenencia a un Poder Judicial, como en cualquier parte
del mundo, con características de permanencia en su cargo e independencia.
Lo que le faltaría es la parte presupuestal, que no es ningún asunto
menor. Pero digamos que la estructuración misma del Poder Judicial ya está
ahí. La reforma zedillista sí ha tenido un efecto de credibilidad
y de renovación al interior del Judicial. La judicatura ha logrado ir profesionalizando
paulatinamente las promociones, de manera que en ese sentido lo veo más
fácil, porque la figura del consejero ciudadano la tuvimos que ir perfeccionando
hasta llegar a la fórmula actual, que en mi opinión es imperfecta,
ya que considero que nos falta un pequeño paso: no es del todo tranquilizante
que el Poder Legislativo esté facultado para cortarle la cabeza al IFE
y pueda remover a todos los consejeros electorales. |  | [
“Hay cantantes que podrían
convocar a más personas a un
concierto que algunos
partidos
políticos a un mitin, pero que,
dicho sea de paso, siguen
recibiendo
financiamiento
público.”]
|
| ¿Esa
posibilidad se presenta ahora?
Así es y, por la información
que ha circulado, pareciera que el PRI como contendiente está en esa tesitura,
pero ¿por qué no es deseable? Pues porque se le cortaría
la memoria histórica a la institución, y a mi juicio debería
haber un relevo programado, como ocurre en las cortes y en el Congreso. Está
mal que eso no esté legislado, pues hay un vacío jurídico
que además desnuda un aspecto que ha estado silente pero que es muy grave.
Cuando
se parió la idea del consejero ciudadano, se pensó en conseguir
individuos sin compromisos partidarios y, al final, la discusión terminó
—según relatos de mi amigo Carlos Castillo Peraza— a la una y
media de la madrugada, cuando el representante del PRI se levantó y dijo:
“¿Por qué no nos dividimos tres, tres y tres?”. Así
fue como vio la luz la primera generación de consejeros.
Así
que, con todo respeto a la Cámara de Diputados, creo que hay que restarle
facultades y pasarlas al Senado, cuyas funciones me parecen más aptas para
designar a los consejeros electorales, ya que el Senado siempre ha sido más
reposado, y quitarle un poco de presión al debate del IFE me parece que
sería conveniente.
Por otro lado, la CNDH atraviesa por el Senado
también, y no es garantía: ya tuvimos un relevo en el que se le
cortó la cabeza al titular de la Comisión por motivos políticos.
Esta situación sugiere un análisis detallado de la fórmula
ideal para pensar en darle estabilidad a los institutos estatales electorales
y, por supuesto, al propio gobierno.
Entonces,
el carácter institucional del IFE tiene un alto riesgo de revertirse...
Al
final de cuentas, yo creo que no está institucionalizado. Las cuotas partidarias
tienen, además, rendimientos decrecientes para todos, incluso para los
propios involucrados...
¿Esto es porque
le resta credibilidad a todo el proceso?
Se han dado pasos hacia
delante. Por ejemplo, en las elecciones del año 2000 tuvimos una contienda
en la que ya contábamos con un órgano jurisdiccional pleno, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, encargado de la administración
de las controversias. Recuerdo además que el Poder Judicial de la Federación
se resistió durante décadas a verse involucrado en los terrenos
electorales porque consideraba que no eran sus atribuciones. Con esto vemos una
debilidad añeja del Judicial, que proviene de haberle cortado gajos importantes,
como los asuntos agrarios y los vínculos entre los contribuyentes con el
fisco, lo que al final de cuentas también se traducía en una cierta
renuencia de parte del Poder Judicial para entrar en este tipo de cuestiones.
Ahora,
en la Cámara de Diputados, hay una iniciativa presentada por el panismo
que busca terminar con los tribunales especiales. Personalmente he estado en esa
línea desde hace mucho tiempo: considero que estos tribunales son una desgracia
para el país ya que una de las causas de que no tengamos inversiones fuertes
en el área agrícola (que tiene tanto potencial) se debe a esto.
Si yo estuviera en el sector silvícola y mi negocio tuviera un tiempo de
maduración de 20 o 30 años y no tuviera yo la absoluta certeza de
que el juez realmente es una autoridad honesta, pues no le entraba.
No
es casualidad que en México, que cuenta con vocación silvícola
en 23% de su territorio nacional, estemos importando papel y celulosa. Algo hemos
hecho mal para alejar a los inversionistas, siendo que hay variedades de árboles,
por ejemplo, que crecen hasta cinco veces más rápido en nuestro
territorio por cuestiones climatológicas. Si Suecia es exportador, si Asturias
es exportador, ¿por qué no podríamos serlo nosotros?
En
vistas a futuro, desde luego una vez consumado este proceso de reemplazo de consejeros,
¿qué otros retos afronta el IFE? ¿Cuáles deberían
ser sus prioridades en los próximos años?
Yo veo dos:
el primer reto tiene que ver con la experiencia adquirida en los últimos
años: concretamente Pemexgate, Amigos de Fox y el Partido de la Sociedad
Nacionalista. Si bien es cierto que el IFE tiene facultades de fiscalización,
deberíamos analizar cuidadosamente si es deseable que el Instituto Electoral
se convierta en un órgano de fiscalización, cuando ya contamos con
un órgano superior de fiscalización especializado y con auditores
profesionales con vasta experiencia en el campo.
Ahora estamos pidiendo
a los señores consejeros que se involucren en asuntos que no necesariamente
tienen que ver con las disciplinas que en teoría los llevaron a estar en
ese sitio. Al rato vamos a necesitar contadores en el Consejo General del IFE
y esto, desde mi perspectiva, no es deseable, menos aun si hay un órgano
de fiscalización con independencia, como el Tribunal Federal Electoral.
Este debate —en el sentido de que si los consejeros son puros o no puros—
termina siendo bastante banal. A mí me importa que los consejeros sean
profesionales, sin importar su filiación política.
Y ahora
paso al segundo reto, que está relacionado, pero que es diferente. Creo
que en la última elección fue evidente que existe un reclamo social
acerca del costo de las campañas, y me parece un poco producto de la irritación
de que una familia tenga un presupuesto de $10 millones de dólares y que
lo gaste de manera desordenada y discrecional en favor suyo, montando imprentas.
Ese reclamo ha llevado a poner en el centro de la mesa un asunto que no es menor:
el 80% de los recursos que nosotros, los contribuyentes, pagamos, van a dar a
los medios de comunicación, en forma de publicidad y mensajes políticos
en radio y televisión. Resulta que ahora tenemos que salir a justificarle
al elector y al causante que esas campañas son tan caras porque Televisa
y TV Azteca tienen ingresos cuantiosísimos derivados de lo que le cobran
a los partidos políticos. Este es un asunto que tiene que ver con el tiempo
del Estado, que tenemos que analizar si queremos abaratar las campañas,
además de ser muy severos en la fiscalización. Es más, creo
firmemente que deberíamos contemplar la posibilidad de que sea el tiempo
del Estado el utilizado en la promoción de los partidos políticos.
Eso sí que rebajaría enormemente los costos de las campañas.
Esos
dos puntos me parecen centrales: es decir, que el IFE no derive en un grupo de
contadores amateurs, que no es correcto, y segundo, que el gran costo de las campañas
no sea ganancia de las televisoras. Esto directamente nos lleva a un tercero que
no corresponde al IFE y es aquél que tiene que ver con los partidos menores.
Pienso que estamos llegando al límite. Me explico: los partidos pequeños
surgieron cuando las vías electorales no estaban plenamente abiertas a
la participación y había grupos que se habían inclinado por
la ilegalidad, por lo que se abrieron las puertas en exceso para atraer a estos
grupos de extrema izquierda y extrema derecha a los carriles institucionales.
Fue cuando se bajó el límite de conservación del registro
al 1.5% de la votación total en ese momento, para permitir la entrada de
estos actores que estaban fuera de la legalidad. | | | Fue
un periodo histórico perfectamente determinado, a finales de la década
de los 70, que facilitó la conformación de nuevas fuerzas políticas.
Hoy las tendencias están muy estables y surge la pregunta: ¿quién
nos está representando en estos pequeños grupos? Pienso que hay
cantantes que podrían convocar a más personas a un concierto que
algunos partidos políticos a un mitin, pero que, dicho sea de paso, siguen
recibiendo financiamiento público. Creo que ha llegado el momento de revisar
este asunto: el problema es que los mecanismos electorales son como los de relojería:
sacas una pieza del reloj y debes ajustar las otras. Así que, si vamos
a modificar el porcentaje de la votación total para mantener el registro,
pues habrá que ver qué va a ocurrir con la representación
proporcional, porque va a resultar afectada. Hay ahora una corriente que dice:
acabemos con los diputados plurinominales. Se les olvida que estos diputados tienen
por lo menos tres funciones: una de justicia estricta, pero después se
les encontraron otras dos cualidades: una muy evidente es que pueden llegar a
las cámaras personas que, sin tener cualidades de campaña, son necesarias:
hablo de académicos, profesionistas que no ganarían el distrito
porque no saben hacer campaña, pero que han elevado el nivel de discusión
en el Legislativo. (Yo recuerdo aquel susto que les puso Rolando Cordera en la
primera cámara con representación proporcional, a la que llegaron
los universitarios a través del PSUM. Había también muchos
líderes del PRI, que si bien eran conocidos en sus comunidades y tenían
votos mayoritarios, no tenían sin embargo un discurso moderno bien articulado.) |  | [
“Buena parte de los flujos de
inversión que hay en México
provienen del
proceso democratizador
que se ha convertido en uno de los
atractivos de
esta latitud.”]
|
|
La
tercera función es la que permite la creación de canales de comunicación
que no necesariamente pasan por el manoseo de la opinión pública,
sino que mantienen una línea ideológica sin concesiones.
Así,
esas tres funciones están ahí y hay que meditarlas. No es función
exclusivamente del IFE resolver este problema pero, como sabemos, es el propio
instituto el que puede promover iniciativas que nos lleven a ir perfeccionando
el sistema electoral.
Regresando al tema de los
partidos pequeños, que también corren el riesgo de convertirse en
cotos de poder de una familia, ¿cómo evitarlo?
Yo
comenzaría por elevar el porcentaje de votación. Creo, además,
que la condena pública fue muy evidente y todas las encuestas de opinión
pública registran una clara desconfianza hacia los partidos pequeños.
La gente no entiende cuáles son sus propuestas y ello genera mucha confusión,
lo que al mismo tiempo explica el drástico abstencionismo en los recientes
comicios de mitad de camino.
La preocupación mayor es que están
llegando a niveles de votación inconvenientes para un sistema presidencial
que gana con un 42%, como lo hizo Vicente Fox, y eso presenta un escenario no
deseable, ya que tener al 58% de los votantes en contra es un porcentaje demasiado
alto. De tal modo que deberíamos pensar en la adopción del sistema
de segunda vuelta, o en lo que hacen los franceses, quienes tienen un sistema
que garantiza —no sólo en el Ejecutivo sino también en el Legislativo—
la conformación de mayorías, a través de alianzas y coaliciones.
Esos
mecanismos de gobernabilidad se generan antes de la urna, en la urna y después
de la urna, pero necesitamos que el futuro presidente de México pueda gobernar;
que tenga un instrumento de gobierno que le garantice poder llevar adelante ciertas
reformas, porque si no va a estar maniatado permanentemente.
Quienes
votamos por el cambio en el 2000 nunca nos esperamos estar viviendo seis años
de estancamiento, inmovilidad e indecisión para profundizar reformas o
hacer cambios reales. No era nuestra intención que “el cambio”
fuera nada más sacar a un partido del poder para poner a otro, sino que
realmente queríamos cambios en la sociedad, en nuestra estructura jurídica
y legal, importantes reformas que no se han podido conseguir…
El
sistema presidencial está reñido con la multiplicación de
los partidos y no es que vaya a hacer crisis de inmediato, pero estamos a muy
buen tiempo de buscar una fórmula que nos permita generar una salida. Me
temo que ahora vamos a ver la versión inversa de lo que vimos con el PRI
en el poder, cuando se negaba a realizar alianzas y formar coaliciones y decía:
“No, porque esto va a facilitar que lleguen mis oponentes hermanados y me
saquen”. Ahora está el PAN y ellos pueden ver ese escenario y más
aún después del éxito de la alianza del Partido Verde con
el PRI, pero al final de cuentas los que estamos en medio somos los ciudadanos.
Hay
un asunto muy inquietante: para la inauguración de la Semana Nacional de
la Ciudadanía y la Democracia que se realizó hace un par de meses,
José Woldenberg llamó la atención sobre algunos focos rojos
en el comportamiento electoral de los ciudadanos que observan una toma de distancia
hacia la política, la información y la tolerancia que es preciso
atender. Las recientes encuestas de cultura política realizadas por el
IFE han dejado ver que el valor de la tolerancia es aún frágil en
el tejido social mexicano, donde se registran actitudes de intolerancia hacia
otras razas, religiones, preferencias sexuales…
José tocó
un punto central para la vida política de largo plazo; una de las preguntas
que se ha pulido durante estos años es la localización de la resistencia
al voto. ¿Qué pasa con la cultura política? Que ha sido manejada
en el lenguaje diplomático como una esfera delicada, pero conforme los
estudios han ido avanzando han aparecido los ciudadanos de baja intensidad, que
apoyan por la vía democrática que se proceda en contra de las instituciones:
algo así como un golpe de Estado al Poder Judicial o al Legislativo. Es
evidente que se necesita inculcar valores democráticos en la sociedad si
queremos a la larga garantizar que estos valores arraiguen en la ciudadanía.
Una
muy buena noticia es que la Organización de las Naciones Unidas ha decidido
lanzar el año próximo un estudio de valores profundos en América
Latina, y por lo que sé en cuanto a lo expresado por los mexicanos, estos
datos son iguales a los que hemos venido detectando últimamente. Este es
un paso histórico porque es la primera vez que una organización
internacional se atreve a encarar un hecho diplomáticamente incómodo.
En
el pasado, el sector empresarial ha sido uno de los más recalcitrantes.
Muchos empresarios vivieron bajo el axioma de que “más vale malo por
conocido que bueno por conocer”. ¿Cuál es el papel que están
jugando ahora los empresarios en estos momentos de transición política?
Yo
coincido contigo, y pienso que no es una mera apreciación subjetiva: una
de las vertientes de investigación que se están abriendo, y a la
que estamos poniéndole mucha atención, es en el otro lado de la
mesa, concretamente en el llamado asociacionismo, en el que se precisa que una
sociedad arroje buenos resultados mediante la coexistencia de una sociedad organizada
reclamante y observante.
Aparte, creo que el empresariado creció
en ese sistema de autoritarismo eficaz en el cual se evitaban las preguntas porque
los cuestionamientos siempre llevaban a debates y éstos a su vez pueden
llevar a fricciones. Creo que aún hay un segmento que no se logra parir
a sí mismo dentro de la sociedad democrática. Tenemos que afrontar
nuestras posiciones y ya no podemos esperar la bendición presidencial para,
por ejemplo, la inauguración de una empresa zapatera en León. Eso,
afortunadamente, se ha ido perdiendo, porque la anuencia presidencial ya no se
necesita, y tampoco garantiza nada.
Termino diciendo que es crucial revisar
la normatividad que corresponde al sector empresarial, desde las instituciones
de asistencia privada hasta cualquier otra fórmula, como la Sociedad Civil,
porque es una normatividad injusta, cuestionadora. El empresario tiene todo el
derecho de fundar una empresa; si fracasa será su responsabilidad y si
tiene éxito será su mérito. Si el empresario quiere registrar
una S.C. para proteger la ecología y un funcionario de cuarto nivel decide
que en ese año no se necesita una sociedad civil vigilante de la ecología,
no hay forma de que se consiga el permiso, y si un empresario quiere operar una
asociación no lucrativa y de beneficencia, el funcionario parte del supuesto
de que es un delincuente en busca de una exención fiscal, mientras no demuestre
lo contrario. |
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