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La
seguridad social es una de las funciones más importantes
que caracterizan al Estado moderno, por ser el mecanismo más
adecuado para catalizar las diferencias sociales, por pretender
el mejoramiento integral de los económicamente débiles.
Los beneficios trasladados, se pueden componer de prestaciones definidas
en Ley, por medio de sistemas de cobertura dirigida a una población
definida o a toda la sociedad en su conjunto, así tenemos
en vía de ejemplo: maternidad, seguros por desempleo, accidentes,
riesgos de trabajo o retiro, y apoyo a la vivienda.
La Revolución Industrial trajo cambios inesperados, que transformó
el régimen de inversión, toda vez que se privilegio
al capital y con ello se desvalorizó y menospreció
el esfuerzo humano; mismo que se circunscribió a la oferta
y demanda de los precios de mercado, el Estado solo ofrecía
asistencia pública, es decir, sin ninguna obligación
y exigencia.
Posteriormente por razones particulares de Alemania, Bismarck constituyo
el primer modelo de seguridad social para beneficiar a trabajadores
económicamente débiles, para protegerlos de siniestros
de trabajo y, necesidades futuras de carácter económico.
En la actualidad, el concepto de económicamente débiles
comienza a ser desfasado por los países desarrollados, ya
que a consideración de los tratadistas, se establece que
la protección colectiva debe ser la que se manifieste de
manera definitiva por lo que se empieza a remplazar el término
económicamente débiles por las nociones jurídicas
de contingencia o necesidades protegibles en relación con
los fines de bienestar social y elevación de los niveles
de vida.
De tal forma, se propone que la sociedad sea la que procure el mejoramiento
integral de todos sus segmentos, y no de uno sólo, sino que
abarque a su conjunto, sin perder de vista que debe sujetarse a
las posibilidades económicas de la misma sociedad, tutelada
bajo programas de crecimiento definidos y avalados por el Estado.
El dilema que conlleva es buscar la máxima cobertura bajo
los ejes de subsidiaria, solidaria, redistributiva e integral.
Esta nueva visión de la seguridad social no busca la segmentación
de la colectividad para definir a los derechohabientes, por el contrario
se deben buscar las condiciones para estructurar políticas
de crecimiento, con la filosofía de protección, asimismo
se deben crear los mecanismos de apoyo y fortalecimiento para los
sectores desprotegidos y extender la misma a los demás sectores
de la población bajo las condiciones de la economía.
De tal forma, es necesaria la actualización de la seguridad
social del Estado benefactor como programa de gobierno, el cual
se concibe de acuerdo con la publicación al informe Beveridge
de 1942 como "el conjunto de mecanismos destinados a mejorar
las condiciones de vida de la población mediante responsabilidad
estatal de asegurar adecuados niveles de ocupación e ingresos
salariales, sistemas de transferencias para la cobertura de contingencias
que afectan necesidades básicas de las personas y proveer
servicios sociales y ciertos bienes", al resultar tan amplia
y extensa, podría identificarse con los mismos fines del
Estado, lo cual desbordaría la seguridad social.
Es así como el nuevo esquema se justificaría en la
realidad de las instituciones actuales (deben encontrarse soportadas
de manera financiera en una estructura autónoma y con plena
identificación de los derechohabientes), las cuales sirven
de basamento para construir nuevas alternativas, sobre metas reconocidas
y viables, pero todo ello configurado en la solidez económica
de las propias instituciones; de tal manera que el desafío
del Estado moderno será incorporar a la mayor parte de la
población a programas obligatorios de seguridad social, para
que adquieran la calidad de derechohabientes y no permanezcan en
la asistencia pública.
Por lo tanto el Estado tiene que cuidar el desarrollo integral de
la población y en este caso se encuadra el rubro de Benefactor,
pero la seguridad social forma parte del mismo, tiene su acepción
particular en tanto se refiere a un régimen obligatorio encuadrado
en la Ley.
SUBSIDIARIDAD
(PRINCIPIO DE).
La nueva concepción de la seguridad social, debe estar contenida
en el marco en que la misma sociedad esta inmersa bajo los planes
y esquemas establecidos por el Estado.
Es así como el Estado Moderno en su aspecto económico,
debe llevar acabo mecanismos directos e indirectos de participación
a los sectores relacionados a la actividad laboral, para ofrecer
una protección que tendrá la extensión de cobertura
en cada caso.
Algunos tratadistas, señalan que el Estado debe tener un
lugar subsidiario, ya que la tendencia actual es que el mismo se
aboque a sus funciones de Gobierno y en relación a la seguridad
social, difería los esquemas
La seguridad social, se encuentra entre las funciones del Estado
que han caído en una profunda crisis, por su rigidez las
hace ineficaces, ya que se vuelven inmanejables y caen en burocracia.
Es así como el Estado no deberá ampliar de manera
irracional sus actividades, sino requerir el apoyo concertado del
mayor número posible de los elementos de la sociedad, lo
cual resultaría de mayor calidad, máxime que demanda
oportunidades de autonomía, el Estado deberá alentar
el desarrollo de la economía social mediante esa concertación
y movimiento de fuerzas. En este marco la función redistributiva
se aprecia como la práctica de la subsidiaridad pero simultáneamente
su otra cara es la solidaridad.
La
intervención del Estado puede ser subsidiaria, pero ello
deberá ubicar la relación de todas y cada una de las
partes que componen la estructura aseguradora y no llevarse de manera
fragmentada, o dominante, por lo que no se puede considerar que
la evolución de la prestación depende absolutamente
del mercado, sino que requiere elementos de conducción y
evaluación.
Por lo que la disyuntiva de saber qué vía debe solventar
las aportaciones, en cuanto a que los entes beneficiados tienen
la carga financiera de las entidades de seguridad social, o debe
ser la colectividad en su conjunto por medio de los gravámenes
fiscales, en virtud de que la seguridad social significa el mejoramiento
colectivo de cada uno de los miembros de la misma sociedad, pero
simultáneamente constituye el impresionante fortalecimiento
de las Instituciones de seguridad social. La subsidiaridad no es
excluyente para que solo uno de los entes sufrague los gastos, sino
que ambos extremos deben integrarse para alcanzar los fines de la
seguridad social.
SOLIDARIDAD
(PRINCIPIO DE)
El principio señalado es la estructura vertebral de la seguridad
social, no es posible entender ningún esquema de seguridad
social sin una base de solidaridad, y como establece el maestro
Novoa Fuenzalida "...si pudiere condensarse en una sola palabra
el basamento axiológico de la Seguridad Social, esta sería
solidaridad concepto que implica la distribución equitativa
del costo del sistema; el esfuerzo de toda la comunidad en su propio
beneficio, esfuerzo al que deben contribuir todos y cada cual con
sus capacidades y necesidades".
Bajo la premisa el maestro Novoa, se contempla la importancia máxima
de la solidaridad en la seguridad social, la cual nos conlleva a
vincular necesariamente las siguientes circunstancias:
"
La responsabilidad de los jóvenes frente a los adultos mayores,
las cuales se pueden traducir en sacrificios, verbigracia, el mantenimiento
de las instituciones de seguridad social, a efecto de la prestación
de salud.
" La necesaria vinculación por algún riesgo,
de los sanos con los enfermos.
" La gente laboralmente ocupada, con los que llegan a carecer
de empleo.
" Los activos, con los beneficiarios de los fallecidos.
" La actividad económica de empresas prósperas,
respecto de sectores deprimidos y en ocasiones en crisis, etcétera.
La solidaridad persigue alcanzar para el hombre y para la sociedad
en su conjunto, el máximo bienestar de acuerdo a sus capacidades,
pero vinculados entre sí, ya que debe existir una armonía
entre el aspecto individual y el social; el recíproco condicionamiento
entre la naturaleza social del hombre y su calidad de persona, entre
el bien particular y el bien común, entre el interés
individual y el interés colectivo.
Por lo cual, se mantiene la premisa que la seguridad social, se
debe sustentar convenientemente en el concepto de solidaridad, por
que debe remodelar las bases estructurales del sistema, por incluir
además de lo social, lo político, económico
y jurídico, de modo tal que se busque la protección
total de cada uno de los sectores sociales sin distinción
alguna, salvaguardando la transformación del sistema, estableciendo
de manera previa las medidas necesarias y eficientes a efecto de
asegurar el sistema; por ello requiere la adaptación y dinamismo
para responder siempre a las necesidades de la colectividad y a
la adecuada prestación de los servicios.
La búsqueda moderna de la seguridad social, es la universalización
de la cobertura, para incluir sectores de la población no
protegidos, por ello el reto de los países es ser incluyente
y adaptarse a los cambios demográficos y epidemiológicos.
REQUISITOS
DE OPERATIVIDAD YAUTONOMIA
Los problemas de la seguridad social son definir su eficacia; el
Instituto Mexicano del Seguro Social enfoca su atención en
cuatro retos que son:
1.
Transición demográfica.- Se estima que el grupo de
población de 65 años o más aumentará
en 46.7%, en tanto que el de 64 años o menos lo hará
en 16%.
La
población de la tercera edad en el año 2000, era de
7 habitantes de cada 100, y se estima que para el 2025 incrementara
a 15 de cada 100.
Lo
anterior se muestra en las siguiente tabla:
Así
estas tendencias demográficas en el año 2000 se convierten
en crecientes desafíos financieros, ya que el 20% del total
de los costos médicos del IMSS se erogaban a favor de los
pensionados.
1.
Transición epidemiológica.- Las enfermedades crono
degenerativas por el alto costo que representa su tratamiento, incrementa
la presión sobre los recursos financieros del Instituto,
así mismo estas enfermedades tienden a presentarse con más
frecuencia en personas adultas (especialmente la tercera edad).
La
Diabetes Mellitus y el SIDA, son algunas de las enfermedades registradas
en el 2000 que consumieron el 24% del gasto en medicamentos.
Por
otra parte, resulta una presión adicional; el costo de la
atención a personas no derechohabientes en urgencias médicas,
así como la realización de campañas nacionales
de salud pública.
2.
Cobertura y crecimiento económico.- La población económicamente
activa a diferencia de la población general crecerá
más rápidamente, y la presión sobre la capacidad
de atención aumentará en el Instituto, por afiliar
el rezago y por mujeres que se incorporan a la vida laboral.
La
Inversión física anual promedio, se ha conservado
en los niveles que tenía hace diez años, ello explica
la saturación que se observa en regiones e instalaciones
y por consecuencia en los servicios.
1.
Participación social y calidad.- El desarrollo de nuestra
sociedad día con día exige: más información,
participación, mejor trato y más opciones para su
atención, por esta razón se resume en una demanda
pública de calidad y en la orientación de las instituciones
públicas.
Para alcanzar su máxima eficiencia el organismo se ha robustecido
jurídicamente al grado de ser autónomo, en gran parte
de sus decisiones e inclusive goza de cierta autonomía como
lo señala el artículo 5º de la Ley de Federal
de las Entidades Paraestatales, pero todo esto no es suficiente
para que pueda garantizar el adecuado esquema de servicios si no
existe una transición frontal al mejoramiento del Instituto
desde el punto de vista financiero.
Un ejemplo de esta autonomía es la Iniciativa de Reformas
de la Ley del INFONAVIT, para modificar los artículos 6º,
10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 39, 58 y 66, se adicionan los
artículos 18 Bis, 18 Bis1, 19 Bis, 19 Bis1, 25 Bis y 25 Bis1
y se deroga el artículo 20 de dicho ordenamiento. Con objeto
de ofrecer su propio sistema de transparencia, con carácter
autónomo bajo las siguientes consideraciones:
Con las reformas constitucionales de la fracción XXIV del
artículo 73 y del artículo 79 y con la publicación
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, la función de fiscalización
ha cobrado mayor importancia y la rendición de cuentas se
ha convertido en un instrumento que contribuye a eliminar y a desincentivar
las conductas que promueven la corrupción.
Los esfuerzos que en esta materia ha desarrollado el INFONAVIT se
han traducido en algunos programas operativos que buscan lograr
mayor transparencia al manejo de los recursos del Fondo Nacional
de la Vivienda, pero es necesario que dichos mecanismos se plasmen
en su Ley reglamentaria, respetando siempre la naturaleza tripartita
que la Constitución dota al Instituto y fortaleciendo a sus
órganos internos para la toma de decisiones
Se busca lo siguiente:
1.
Dotar al INFONAVIT de un organismo interno de fiscalización,
creando un Comité de Auditoría.
2.
Institucionalizar un procedimiento de auditoria, rendición
de cuentas e informes.
3.
Lograr una mayor difusión en la rendición de cuentas
del Instituto, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación
el balance anual.
4.
Incorporar al Congreso de la Unión al análisis de
los resultados del Instituto, al presentarle anualmente el informe
que haya aprobado la Asamblea General del INFONAVIT.
5.
Transparentar la designación del Auditor Externo y señalar
sus atribuciones.
6.
Dotar al INFONAVIT de un mecanismo de transparencia hacia la sociedad,
con la creación del Comité de Transparencia y Acceso
a la Información.
7.
Establecer la vinculación entre la fiscalización interna
del Instituto y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
8.
Fortalecer las facultades de la Asamblea General en relación
a decidir las políticas de crédito y a la designación
y ratificación de los integrantes de los Órganos Internos
del Instituto.
9.
Institucionalizar el sistema profesional de carrera. Y,
10.
Sujetar a los diversos funcionarios y trabajadores del INFONAVIT,
así como a los miembros de sus órganos colegiados
a un Código de ética.
PRINCIPIOS
FINANCIEROS
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS.-
La
Ley del Seguro Social tuvo un cambio importante por el decreto que
reformo y modifico distintas disposiciones el 20 de diciembre del
2001, la cual tiene por objetivo el darle una mejor estructura financiera
al Instituto bajo los siguientes criterios.
En
primer lugar, establecer la diferencia entre PATRIMONIO y RESERVAS.
PATRIMONIO.-
Son los derechos aplicados directamente a la prestación de
servicios, que son bienes muebles o inmuebles entre otros.
RESERVAS.- Son aquellas que garantizan el cumplimiento de los Seguros
que administra el IMSS, por lo tanto no se consideran parte del
patrimonio.
Las
reservas son de gestión y las de contingencia, por medio
de recursos destinados a cumplir con el servicio exigido.
Los
ramos de aseguramiento que administra el Instituto son:
Invalidez
y vida.
Enfermedades y maternidad.
1.
Gastos médicos de asegurados y beneficiarios
2. Gastos médicos de pensionados
Guarderías
y prestaciones sociales.
Riesgos de trabajo.
Otras Coberturas.
Por
cada ramo de aseguramiento se ofrece una reserva en cuatro niveles.
Únicamente se podrá disponer de estas reservas para
cumplir los fines previstos en Ley, dichas reservas se constituyen
de las aportaciones patronales, y recursos gubernamentales, por
medio de provisiones que se destinan a financiar los gastos derivados
de la administración de cada ramo de aseguramiento.
Para el manejo de las reservas se sugieren:
a)
Realizar anualmente un programa para la administración y
constituir las reservas.
b) Crear una Unidad administrativa especializada en la administración
financiera de las reservas.
FONDO PARA EL REGIMEN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.-
Para cumplir y garantizar obligaciones laborales, legales y contractuales
de trabajadores del Instituto, este fondo de RJP y las reservas,
se separaran y se hacen independientes entre sí, con esto
se reduce gradualmente el riesgo.
Por desgracia estas reservas son muy recientes y no detienen en
corto plazo el destino financiero de la Institución.
A raíz de las modificaciones a la Ley del Seguro Social de
20 de diciembre de 2001, se generó un compromiso para el
IMSS de informar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión,
sobre la situación financiera y los riesgos que puede enfrentar
el organismo.
En tres años se ha remitido este informe, donde se destacan
los graves problemas de la institución; los cuales no son
exclusivos de este organismo, sino de la mayor parte de las instituciones
públicas del país, sólo que el Instituto es
el más representativo, por ser el mayor patrón de
trabajadores registrados en el apartado A del artículo 123
Constitucional y por su trascendencia se encarga de atender el 40%
de la población.
Tres
son los conceptos que de manera sobresaliente se destacan en el
informe:
"
Pasivo laboral del Instituto, lo que representa el 5.7% del PIB,
para lo cual ha constituido una reserva del 6.9% del monto requerido.
"
Pasivo contingente para la atención médica de pensionados,
la cual se soporta con la contribución descrita en el artículo
25 de la ley, por el 1.5% sobre nómina. Este rubro con crecimiento
real anual de los costos del 3%, el valor presente a 50 años,
será de mil millones de pesos, ello puede alcanzar un pasivo
del orden del 16.4% del PIB.
"
Con apoyo en estas proyecciones, los resultados de operación
y el patrimonio del IMSS arroja números rojos.
Esta información se complica al considerar los cambios sustanciales
en la población mexicana, bajo las siguientes consideraciones:
"
La población de más de 65 años de edad se duplica
en 25 años.
"
El número de trabajadores que se deben incorporar al sector
formal en los siguientes 25 años, será igual al número
total de personas inscritas en 1980.
"
Los divorcios tienen una tasa de crecimiento al doble de los matrimonios
y el número de mujeres que se incorporan al mercado laboral
se incrementa sensiblemente por ende, el número de guarderías
será insuficiente.
"
La migración obrera se acentúa.
"
La reubicación de los discapacitados es compleja y costosa.
"
El IMSS declara proteger al 51.4% de la población, sólo
que en el régimen obligatorio 12,403,694 trabajadores, lo
que significa una cantidad aproximada de 28 millones de derechohabientes.
Por ende, la cantidad restante se cubre de manera irregular.
"
Lo anterior se debe adicionar a los demás institutos de seguridad
social de la Federación y los Estados, los cuales en promedio
abarcan otro 10% de la población, de forma tal que el 40%
está protegido de manera permanente, el 20% de forma irregular,
por tratarse de eventuales y sistemas de protección alterno;
así el 40% se encuentra en la economía informal y
este porcentaje se puede incrementar, en detrimento del otro sector.
"
Las enfermedades transmisibles han disminuido, pero los padecimientos
cardiovasculares, SIDA, diabetes y neuropatías afligen al
2% de los derechohabientes y absorben el 25% de los gastos médicos.
Consideramos adecuado crear un grupo interdisciplinario que permita
observar todas las aristas que representan las soluciones a la crisis
de la seguridad social, en la inteligencia de su alta prioridad,
porque su impacto es igual o mayor al fiscal y en sus proyecciones
de planeación, se deben sopesar las contribuciones de seguridad
social como uno de los aspectos que mayor movilidad podrán
representar en el corto o mediano plazo.
No se debe olvidar que hasta el año de 1997, los empresarios
tuvieron la mayor carga financiera del régimen obligatorio
y que en la actualidad, sigue siendo el sector que mayor porcentaje
de contribución aporta a su sostenimiento.
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